Unidos Podemos ha resgistrado esta tarde en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para «la rehabilitación de diversas penas y sanciones disciplinarias que sufrieron guardias civiles por el hecho de reivindicar el derecho fundamental de asociación profesional». En la propuesta, que se elevará a la Mesa de la Cámara Baja, el grupo recuerda la «lucha asociacionista» que protagonizaron policías y guardias civiles durante finales de los años setenta, los ochenta y los noventa.
De esta manera, la proposición recoge la manifestación de unos 400 agentes frente a las instalaciones del Ministerio de Gobernación en diciembre de 1976 para protestar «por no tener acceso a la Seguridad Social a pesar de ser trabajadores del Estado, además de por su condición de militares cuando su principal cometido era el orden público», denunciado que «unos 200 guardias y policías fueron detenidos e interrogados a la moda de la época, medio centenar perdieron el uniforme y los restantes fueron destinados al País Vasco, entonces primera línea de batalla». También recuerda que en 2006 «José Luis Rodríguez Zapatero habilitó las asociaciones profesionales, una figura asociativa con la mayoría de derechos laborales y de negociación colectiva recortados».
Unidos Podemos hace referencia a que en 2009 «todos los partidos del Congreso votaron una proposición no de ley a favor de permitir el reingreso de aquellos guardias expulsados por intentar implantar el sindicalismo en el Cuerpo», y denuncian que a fecha de hoy «todavía no se ha producido ningún reingreso».
Por último, como exposición de antecedentes, insisten en que la ley reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, «supuso el reconocimiento del ejercicio del derecho de asociación profesional a los miembros de la Guardia Civil. A esta situación se llegó después de muchos años de lucha, incluso en la clandestinidad, a lo largo de los cuales, los principales impulsores del incipiente movimiento por la plena ciudadanía de los guardias civiles, fueron detenidos y sometidos a procesos penales militares o disciplinarios, a consecuencia de los cuales fueron expulsados o separados del servicio, y perdieron la condición de guardias civiles».
La proposición de ley reza en este sentido que «quedan rehabilitados de las penas accesorias de separación del servicio o pérdida de empleo, o de las sanciones de separación del servicio y de sus efectos, los guardias civiles a quienes en aplicación del Código Penal Militar o del régimen disciplinario de la Guardia Civil, fueron condenados o sancionados por su actividad para el reconocimiento del derecho de asociación profesional en la Guardia Civil».
Asimismo, añade que los agentes «podrán solicitar su reincorporación a la Guardia Civil de la que fueron separados, con el empleo que les hubiera correspondido por antigüedad, si no hubiese existido interrupción en la prestación de servicio».
