El PSOE tumba in extremis la modernización del Libro de Familia

La tensión política entre PP, PSOE y Ciudadanos se coló ayer en la votación de la toma en consideración de la Proposición de Ley del Partido Popular de reforma del Registro Civil en el Congreso de los Diputados. El PSOE votó, contra todo pronóstico, en contra, y Ciudadanos se abstuvo, por lo que la toma en consideración de esta iniciativa para modernizar el Libro de Familia y digitalizarlo fue rechazada por 160 votos en contra, 134 a favor y 47 abstenciones. Este fue el resultado de una tarde de tensión, con un PSOE que hasta el final no quiso desvelar el sentido de su voto.

La modificación que planteaban los populares venía a certificar la desaparición del Libro de Familia y su sustitución por un registro único para toda España, electrónico público e informatizado . El clásico libro iba a ser sustituido por una aplicación informática en la que, a través de una clave personal, se pudieran comunicar al registro civil los matrimonios, bautizos y defunciones. Todo ello sin tener la necesidad de acudir físicamente a las instalaciones judiciales.

El modelo planteaba que el registro se organizara en una Oficina Central del Registro Civil, Oficinas del Registro Civil y Oficinas Consulares, dotadas de funciones y competencias propias, con carácter electrónico, público y gratuito, dirigido por los secretarios judiciales.

Juzgados de Paz

El acuerdo que se había alcanzado en diciembre de 2017 con PSOE y Ciudadanos para que esta Proposición de Ley del Partido Popular fuera tomada en consideración, saltó ayer por lo aires. La versión de los populares es que el texto se registró cuando recibió el visto bueno de ambas formaciones políticas. Sin embargo, se vieron sorprendidos por el cambio de actitud del PSOE, que anunció el voto en contra, al que se unió Ciudadanos, que apostó por la abstención. Podemos también se posicionó en contra.

El único cambio que el Ministerio de Justicia introdujo en el texto original fue el mantenimiento de los juzgados de paz. La justificación de este cambio era que en las poblaciones pequeñas, que pueden tener más problemas de acceso a Internet, es necesario mantener esta infraestructura para ayudar a los ciudadanos, según señaló la portavoz del PP, María Jesús Moro.

Esta reforma del Registro Civil se remonta a 2011, cuando el Gobierno socialista aprobó por consenso esta ley, que tenía un plazo de tres años para su entrada en vigor. Como desarrollo de esta ley, el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, planteó una reforma en la que los jueces dejaban de gestionar el Registro Civil y pasaba a depender de los registradores. Esta propuesta fue rechaza y se abrió un proceso de negociación con todo el sector (sindicatos, asociaciones profesionales, comunidades autónomas) para intentar alcanzar un consenso. Esta negociación obligó a prorrogar dos años la entrada en vigor de la Ley de 2011.

Secretarios judiciales

El acuerdo llegó en febrero de 2017, cuando el Ministerio de Justicia presentó una propuesta recogiendo las reivindicaciones que pedían estos colectivos. La más importante era que serían los secretarios judiciales quienes, a partir de ahora, se encargarían del registro.

Una vez alcanzado el acuerdo, el siguiente paso era decidir la forma en la que se iba a tramitar la reforma. Si se hubiera hecho como Proyecto de Ley del Gobierno, la tramitación parlamentaria no hubiera permitido que llegara al 30 de junio de 2017, fecha de entrada en vigor de la ley. Por lo tanto, se prorrogó un año más, hasta el 30 de junio de 2018 y se decidió que se aprobaría en el Congreso de los Diputados como Proposición de Ley. Este mecanismo permite a los grupos políticos presentar enmiendas al texto de los populares.

Desde el PSOE, su portavoz Juan Carlos Campo justificó el voto en contra, que no desveló en el debate en el Pleno, en que se trata de un «cambio copernicano para regresar a 1957» ya que el PP señala en su propuesta que la digitalización del Registro Civil, que ya se contempla en la Ley de 2011, se producirá «cuando el ministro de turno dicte la orden ministerial». «Esto es dar un cheque en blanco a los ciudadanos», señaló, insistiendo en que «el cambio por la desjudicialización de esta administración» no está presente en la propuesta del Partido Popular.