Recurso express contra Puigdemont
El Consejo de Estado y el Tribunal Constitucional (TC) están ya en alerta ante las decisiones que vaya a adoptar la Mesa del Parlament en los próximos días en relación a la investidura de Carles Puigdemont. El proceso podría tener que resolverse en el mismo día de la investidura si la mayoría independentista juega con los plazos y acuerda finalmente acatar el deseo de Puigdemont de ser investido a distancia. Todos los escenarios están abiertos, y desde el Ejecutivo aseguran que tienen todo previsto para responder a los movimientos que haga el independentismo y conseguir que el TC suspenda cualquier acto ilegal, como lo sería el voto delegado de los fugados o una investidura delegada o telemática.
La primera «trampa» con la que puede encontrarse el Gobierno es que el acuerdo de la Mesa para fijar una fecha para la investidura anuncie el nombre del candidato, Puigdemont, pero no aclare cómo será la investidura. Esa decisión, por tanto, no sería recurrible. Y esto podría llevar a que el orden del día de la investidura se resolviese sobre la marcha en la misma jornada establecida para llevarla a cabo. Para entonces el Gobierno tendría que tener ya listo el informe del Consejo de Estado y el recurso ante el Constitucional, sea a la decisión de la Mesa sea al mismo acto en sí del Pleno de investidura. En este caso, el recurso no puede añadirse a los recursos ya presentados ante el TC por el órdago secesionista porque el objeto es distinto, lo que obliga a abrir un procedimiento diferente. El objetivo, en cualquier caso, es conseguir que la suspensión de una investidura de Puigdemont a distancia, «ilegal», por tanto, sea un hecho en horas. En el Gobierno esperan que de llegarse a ese extremo, el independentismo acabe aceptando que esa investidura es ilegal y entonces promueva a un candidato «limpio» antes de ir a elecciones.
En el Ejecutivo ven más remota la posibilidad de que el ex presidente de la Generalitat use el golpe de efecto de intentar presentarse por sorpresa en el Parlament. Pero, por si acaso, ya se han adoptado medidas de seguridad extraordinarias. El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, advirtió ayer al nuevo presidente del Parlament, el republicano Roger Torrent, que no debe cometer errores del pasado, como su predecesora, Carme Forcadell, porque esto ya ha hecho que ella tenga que rendir cuentas ante los tribunales. En esta presión judicial colocan en el Gobierno su confianza en que el independentismo rectifique la senda de la ilegalidad por la que avanzó en la pasada Legislatura. Respecto al viaje de Torrent a Bruselas, el ministro portavoz advirtió de que ese viaje sólo se entiende si es para comunicarle a Puigdemont que tiene que asumir sus responsabilidades con la Justicia.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros por varias veces se le preguntó al portavoz si estaba en condiciones de asegurar que la investidura de Puigdemont no llegaría a producirse y que el Rey tampoco se vería obligado a firmar el decreto de su nombramiento. Y la respuesta del portavoz fue siempre la misma, remitirse al discurso de que el 155 está en vigor y que el Gobierno no permitirá que se cometa ninguna ilegalidad. «No existe ninguna posibilidad» en el Reglamento del Parlament para que Puigdemont sea presidente desde Bruselas, sentenció Méndez de Vigo, pero sin detallar cómo van a evitar esa ilegalidad.
El Gobierno también reprochó oficialmente a Ciudadanos (Cs) que se niegue a cederle un diputado al PP para que pueda tener un grupo propio en la Cámara autonómica. «Aquí no se trata de saber quién es el primero, sino de que haya más voces en defensa del constitucionalismo y garantizar una presencia más equitativa en las comisiones», concluyó.
El Ejecutivo impuso ayer un prudente perfil bajo en la respuesta al independentismo. Nadie sabe «lo que se le puede estar pasando a Puigdemont por la cabeza», comentan, por lo que no les queda otra que estar a la espera de las decisiones que adopte la Mesa del Parlament y de cómo se fragua el acuerdo de investidura del ex president o si hay sorpresa en el último momento. Todo esto en medio de los recelos de ERC a esa investidura a distancia. Las relaciones entre los de ERC y los de Puigdemont están en su momento de máxima tensión, pero eso no ha sido obstáculo hasta ahora para que el soberanismo siga funcionando como un solo bloque. Para la investidura de Puigdemont, Oriol Junqueras ha exigido que se pacte también el Gobierno y el programa.