Greenpeace acusa a la Junta de Andalucía de “retrasar hasta 2023” la demolición de El Algarrobico
Greenpeace ha iniciado los trámites para reclamar al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que acelere la demolición del hotel ilegal de El Algarrobico en Carboneras (Almería), tras la decisión del Tribunal Supremo el pasado 4 de diciembre de que la Junta de Andalucía acuda a un pleito civil para que la promotora Azata les entregue los terrenos. Además, ha acusado a la Junta de retrasar dicha “demolición hasta 2023”.
Según Greenpeace, “no es la primera vez que la justicia exige al Gobierno andaluz que inicie los trámites por la vía civil” ya que, en 2015, el propio TSJA ya le pidió lo mismo. “Esto supone un retraso de al menos seis años hasta que se pueda proceder a la demolición del hotel”, ha aseverado la organización que va a pedir al TSJA que “obligue” al Ayuntamiento de Carboneras a modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), para que lo adapte al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, norma de rango superior.
El Algarrobico figura en esta norma como espacio protegido (no urbanizable) por decisión del Tribunal Supremo en 2016, por lo que una vez modificado el PGOU, Greenpeace demandará al Ayuntamiento de Carboneras que “revise la licencia de obras y, una vez declarada ilegal, que inicie un expediente de demolición”. Todas estas peticiones irán incluidas en el mismo recurso contencioso administrativo, según ha detallado la organización ecologista.
“La estrategia jurídica seguida por la Junta de Andalucía para demoler el hotel puede demorarse muchos lustros. Para evitar más dilaciones, Greenpeace ha decidido abrir esta vía en los tribunales”, ha declarado Pilar Marcos, responsable de Biodiversidad de Greenpeace, quien ha afirmado que “esta es la forma más rápida para demoler el hotel” porque si se espera a que lo haga la Junta, “lo verán las siguientes generaciones”.
Además, Greenpeace ha asegurado que Gobierno andaluz “podía ya haber comenzado los trámites” para obligar a Azata a entregarle la finca, pero “no lo hizo hasta el año 2015” y si la Junta hubiese iniciado el pleito civil en 2013, “ya tendría al menos sentencia en primera instancia”. “A los cuatro años de retraso que ya lleva el Gobierno andaluz en su pretensión de apropiarse de los terrenos, habrá que sumar ahora el tiempo que tarde en tramitar el pleito civil, que puede prolongarse durante seis años más”, ha aseverado.
Marcos ha concluido que Greenpeace pretende es evitar que el proceso “sea eterno”, ya que, según ha explicado, una vez que el Gobierno andaluz tome posesión de los terrenos dentro de unos seis años, podría ocurrir que Azata no reconozca que el retracto incluya el hotel, lo que “implicaría nuevos pleitos”. Y, si finalmente la Junta consigue ser el dueño legal de los terrenos y del hotel, el siguiente problema será demolerlo, ya que el Ayuntamiento de Carboneras probablemente no conceda licencia de demolición, porque según su PGOU, el hotel tiene licencia de obras y está construido en terreno urbanizable.