La UE activa el «botón nuclear» contra Polonia
Lo que parecía imposible ha sucedido. La Comisión Europea dio ayer un paso histórico y sin precedentes al activar del denominado artículo 7 del tratado contra Polonia, el conocido en los pasillos comunitarios como «botón nuclear», cuya aplicación puede incluir la privación del derecho de voto en el Consejo. Tras dos años de continuos avisos, ultimatos y diálogo infructuoso, a Bruselas se le ha terminado la paciencia ante la deriva autoritaria vivida en el país que pone en jaque la independencia del sistema judicial. El vicepresidente primero de la Comisión Europea y mano derecha de Jean-Claude Juncker, Frans Timmermans, fue el encargado ayer de anunciar la decisión de Bruselas con «gran pesar».
Aunque este paso constituye un movimiento político de fuerte sentido simbólico, que hasta hace poco parecía tabú, ahora deben ser las capitales europeas las que avalen el «riesgo grave» detectado por la Comisión y comienza un nuevo proceso de diálogo con el recién nombrado primer ministro polaco «las 24 horas del día, los siete días de la semana», en palabras de Timmermans.
En un intento de quitar dramatismo a la situación, el vicepresidente primero aseguró que esta medida no constituye ningún «botón nuclear» y que todavía es posible evitar el choque de trenes. El nuevo primer ministro tras la destitución de Beata Szydlo, Mateusz Morawiecki, ha sido invitado a una reunión con Juncker en Bruselas el próximo 9 de enero para un «diálogo sincero». El interpelado, a través de Twitter, consideró ayer que «el diálogo entre la Comisión y Varsovia debe ser abierto y honesto. Creo que la soberanía de Polonia y la idea de una Europa unida pueden conciliarse», dijo, pero ya avisa de que las reformas propuestas son necesarias. De momento, hay pocos signos de contrición.
Según el Ejecutivo comunitario, Varsovia ha emprendido en los últimos años hasta 30 reformas legislativas que van en contra de los principios que deben seguir las democracias que componen y distinguen al bloque comunitario. Sin embargo, en las últimas semanas una gota ha colmado el vaso: Bruselas rechaza que el Tribunal Supremo polaco se convierta en un títere del Ejecutivo, ya que las últimas reformas aprobadas por el Parlamento otorgan al titular de Justicia –que a su vez también ostenta el cargo de Fiscal General– el poder de nombrar a dedo a la mayoría de sus miembros mediante la jubilación de los titulares. Además, el órgano de los jueces también pasaría a sufrir un mayor control por parte del Parlamento.
Aunque en el pasado mes de julio el presidente de la República, Andrzej Duda, vetó dos de estas iniciativas legislativas, han pasado los meses y las autoridades polacas, lejos de recular, se han reafirmado en sus tesis. Se han traspasado las «líneas rojas» establecidas por Bruselas a finales de julio. En el año 2016, la Comisión Europea ya abrió un expediente a Varsovia por los cambios en el Tribunal Constitucional y la coerción a los medios de comunicación. Desde entonces, Bruselas se ha enredado en una secuencia de constantes amenazas y ultimatos que la habían convertido hasta ahora en un perro ladrador pero poco mordedor
Todo ha cambiado. «Cuando se sube un árbol, hay que saber cómo se va a bajar», avisaba un alto cargo comunitario fuera de micrófono hace meses sobre la posibilidad de activar el artículo 7. Entonces Bruselas conocía los planes de Varsovia, pero sentía vértigo ante las posibles consecuencias. Los riesgos siguen siendo muchos: estigmatizar a Polonia, ahondar la brecha Este-Oeste vigente desde la crisis de refugiados y no conseguir avances.
Al menos los habituales meandros de los textos europeos facilitan el ganar tiempo, la opción favorita siempre de Bruselas. El artículo 7 tiene una fase preventiva y una sancionadora. La primera permite constatar por una mayoría de cuatro quintos de los Estados miembros el análisis de la Comisión Europea, escuchar las alegaciones polacas y abrir la puerta a que Varsovia recule. Si esto no da resultado, el Consejo, por unanimidad, debe votar el paso al segundo estadio. En estas circunstancias, parece poco probable que Hungría, la otra oveja negra europea, deje de apoyar a Polonia. Incluso si se consiguiera convencer a Viktor Orban para que los castigos deriven en una expulsión casi de facto de la UE mediante la supresión del derecho de voto en el Consejo, esta decisión debería ser refrendada por mayoría cualificada. Hasta entonces, la Comisión Europea espera reconducir la situación y que la sangre no llegue al río.