El fiscal general desautoriza al fiscal jefe de Madrid que se negó a imputar a un alto cargo de Justicia en un asunto urbanístico

La primera decisión del recién nombrado Fiscal General del Estado, Julián Sánchez Melgar, ha sido desautorizar al jefe de la Fiscalía de Madrid, José Javier Polo, después de que este renunciase por su cuenta y en contra de los fiscales especializados en urbanismo a imputar a un alto cargo del Ministerio de Justicia que preside Rafael Catalá en una denuncia relacionada con una recalificación de suelo que acabó tumbando el Gobierno de Cristina Cifuentes.

Todo está vinculado con el llamado caso Hoyo de Manzanares, que arranca con el intento de segregación de una parcela en este municipio madrileño presuntamente en contra del planeamiento municipal para edificar más de un centenar de viviendas. Las diligencias previas las llevaba el fiscal César Estirado, que cuando se decidió a denunciar pidió la imputación del alcalde del ayuntamiento, Ramón Regueira (del Partido Popular), a varios miembros de su Gobierno y además a dos altos cargos de la Universidad Antonio de Nebrija, la propietaria de la finca.

Entre las personas que se proponía denunciar estaba también el director general del registro y del notariado del Ministerio de Justicia, Javier Gómez Gálligo. El papel que le atribuía la investigación al alto cargo de Catalá es el de corregir la decisión de la registradora de la Propiedad de Colmenar Viejo, quien se había negado a inscribir la segregación de la citada finca, y hacerlo con "un argumento falaz" desde el despacho del Ministerio.

La denuncia en el juzgado la acabó firmando en julio pasado el fiscal jefe de Madrid, José Javier Polo, quien decidió no incluir entre los acusados al alto cargo de Justicia.

Cuando empezó la instrucción del caso en el juzgado, el papel de la Fiscalía volvió a asumirlo el experto en urbanismo que conocía el asunto de primera mano, César Estirado, quien insistió en citar como imputado al director general de Justicia por su decisión de corregir a su subordinada.

El fiscal jefe de Madrid volvió a negarse entonces a que se investigase al alto cargo del Gobierno y Estirado decidió invocar el artículo 27 del Estatuto de la carrera, que exige convocar a la junta de fiscales para que se pronuncie cuando uno de ellos tiene una controversia con un superior. En esos casos, la junta de fiscales debe votar, si bien su decisión no es vinculante. 

La reunión de los fiscales de Madrid se celebró la semana pasada y allí ante el fiscal jefe uno por uno, todos los responsables de urbanismo, se manifestaron a favor de imputar al alto cargo de Catalá. En la reunión se oyeron también algunas opiniones contrarias. Pero Polo, el fiscal jefe de Madrid impidió que se celebrase la votación. 

Así que la polémica llegó hoy al Consejo Fiscal, en la primera reunión que presidía el recién nombrado Fiscal General del Estado, Julián Sánchez Melgar, sustituto del fallecido José Manuel Maza. Los dos miembros de la Unión Progresista de Fiscales, la asociación a la que pertenece Estirado, plantearon su queja formal y lamentaron que se hubiera vulnerado el Estatuto fiscal al impedir votar a la junta de Madrid para escuchar su opinión sobre las discrepancias en el caso de Hoyo de Manzanares. 

Según fuentes presentes en esa cita, el recién nombrado Fiscal General decidió desautorizar al fiscal jefe de Madrid, José Javier Polo, y declarar nula la junta de fiscales de la semana pasada en Madrid, además de ordenar que vuelva a celebrarse. 

Así, todos los fiscales de la provincia deberán posicionarse sobre la imputación o no del alto responsable del ministerio de Catalá en la causa de la parcela, que investiga un juzgado de Colmenar Viejo.

Entretanto, la investigación de esa propuesta del intento de recalificación en Hoyo de Manzanares lo asignó Polo a la fiscal decana de Alcobendas, después de relegar a César Estirado y de decidir que tampoco le sustituya alguno de los compañeros del ministerio público especializados en urbanismo. El director general del ministerio de Justicia, pese a la insistencia del fiscal que inició el caso, sigue sin estar imputado.