El Senado aprueba el Concierto y el Cupo vascos
El Pleno del Senado ha aprobado este miércoles definitivamente la actualización de las leyes del Concierto Económico y del Cupo Vasco, que serán así enviadas al Boletín Oficial del Estado para su publicación y entrada en vigor, con efectos desde el 1 de enero de este año.
Ambas leyes han sido vetadas por Ciudadanos y por Compromís, con cinco senadores en total, pero apoyadas por el resto de partidos de la Cámara Alta, con 246 votos a favor. EH Bildu se ha abstenido en el caso del Cupo, aunque ha apoyado el Concierto. La tramitación en el Senado, como fue en el Congreso, ha sido urgente y en lectura única en el Pleno, sin posibilidad de que los grupos presentaran enmiendas parciales al ser normas pactadas entre dos gobiernos, el central y el vasco.
El senador de Ciudadanos, Xavier Alegría, ha defendido el veto de su partido a las dos normas porque "suponen más desigualdad" para el resto del país, que a su juicio financia a las instituciones vascas. Ha insistido en que el Cupo se calcula y se negocia "sin claridad" y ha retado a los senadores del resto de partidos a volver a sus territorios de origen a explicar su voto a favor del sistema foral "en detrimento de sus comunidades".
También ha vetado ambas leyes Compromís. Su portavoz, Carles Mulet, ha acusado al Gobierno de darse prisa por renovar el Concierto y el Cupo pero no la financiación de las 15 comunidades del régimen común. "¿Por qué es más urgente esto que cumplir el 156 de la Constitución, de la que tanto hablan y tan poco cumplen?", ha preguntado el senador, en referencia al artículo que fija el derecho de las comunidades a la autonomía financiera.
Las dos normas han sido defendidas el resto de partidos, especialmente por PP, PSOE y PNV. La senadora de este último partido María Dolores Etxano ha recordado que el País Vasco paga el Cupo aplicando un índice del 6,24 por ciento, cuando su PIB es el 6,1 del PIB nacional y su población ronda el 4,7%.
Ha añadido que si el gasto por persona en Euskadi es superior se debe a que el nivel de renta es más alto y se recauda más, también por la menor economía sumergida y menor fraude.
El portavoz del PDeCAT, Josep Lluís Cleries, ha asegurado que su partido apoya estas normas porque significan el reconocimiento al autogobierno. "Y celebramos que sea así. Si este respeto estuviera en todo el territorio no tendríamos los problemas que tenemos", ha considerado.
Un pago anual de 1.300 millones
Según la nueva ley del Cupo, los territorios forales vascos abonarán en los próximos 5 años 1.300 millones de euros anuales. Se calcula aplicando a los gastos del Estado un índice del 6,24 por ciento, que es lo que ambas partes calculan que pesa el País Vasco en el conjunto del país (su PIB es el 6,1% y su población el 4,7%).
Esa cifra es lo que se ha fijado como Cupo base pero no es la que las haciendas forales vascas abonarán al Estado. Lo que se denomina Cupo líquido, que es lo que realmente paga Euskadi cada año, variará según los ajustes que se apliquen y que no producirán el mismo resultado de un ejercicio a otro.
En este año, el pago previsto es de 945 millones porque se descontarán las políticas activas de empleo, que están transferidas al País Vasco, por lo que se resta el coste (215 millones), y parte de lo cobrado de más por el Estado en los años que la ley del Cupo ha estado sin actualizar, desde 2007; en concreto, en 2017 se le devolverán 140 de los 1.400 millones acordados de ajuste entre las dos partes. El resto se descontará de los cuatro próximos Cupos.
También se incluye en el pacto un acuerdo sobre las compensaciones financieras provisionales para 2017 por impuestos como alcohol, bebidas derivadas y productos intermedios, entre otros; este capítulo supondrá una compensación a favor de Euskadi de 87 millones de euros.
En otro punto, ambas partes acuerdan la participación del País Vasco en las dotaciones presupuestarias para la atención a la dependencia, en función de los datos definitivos de beneficiarios, lo que se instrumentará también mediante compensación en el Cupo. Este acuerdo, según explica la parte vasca, mantiene en vigor el cálculo establecido ya para Euskadi en 2007.
Se recoge igualmente en otro capítulo la compensación por la implantación de la LOMCE, la ley de educación, que será cofinanciada entre el País Vasco y el Fondo Social Europeo al 50 por ciento.
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