Arranca el juicio de los ERE que sienta en el banquillo a dos expresidentes y varios Gobiernos andaluces
Chaves ha llegado a las 9:37 horas, acompañado de su defensa, y ha esbozado una leve sonrisa y saludado a los medios de comunicación que le preguntaban cómo afronta el juicio. Menos de un minuto después ha llegado Griñán, quien también ha saludado a los medios y ha dicho que estaba tranquilo pero no iba a hablar. Ambos han llegado por separado en coche y han hecho andando la entrada ante los medios. El primero de los 22 ex altos cargos del Gobierno andaluz acusados en llegar fue el exviceconsejero Agustín Barberá, sobre las 9.20 horas, tras el que llegaron en un mismo coche quien fuera mano derecha de Chaves, Gaspar Zarrías (condunciendo), y la exministra y exconsejera Magdalena Álvarez.
Esas veintidós personas que han tenido responsabilidades en la Junta de Andalucía en las últimas tres décadas se enfrentan desde este miércoles al juicio por la denominada "pieza política" de los ERE, acusadas de delitos cuyas penas van entre los dos y los diez años de prisión. Lo que llega a los juzgados es solo una parte de la macrocausa en la que están imputados más de 200 empresas, consultoras y altos cargos, pero es la que tiene más gancho mediático porque sienta en el banquillo a dos expresidentes de la Junta y del PSOE y a 20 exmiembros de sus gabinetes. En total, 23 años de gobiernos andaluces.
El juicio se celebra en una sala de vistas ubicada en la cuarta planta del edificio de la Audiencia Provincial de Sevilla que ha tenido que sufrir una serie de adaptaciones para acoger al elevado número de partes personadas en este procedimiento. Por eso, el tradicional banquillo de los acusados ha sido sustituido por 22 sillas, una para cada uno de los 22 ex altos cargos que serán enjuiciados.
Lo que hay que dilucidar es si los acusados, con distinto grado de participación según sus años en el Gobierno y competencias, crearon o mantuvieron un sistema “particularísimo” para el reparto “arbitrario” sin convocatoria pública y eludiendo el “control” y fiscalización previa de ayudas públicas sociolaborales para empresas en crisis que entre 2001 y 2011 sumaron 854 millones de euros, parte de los cuales acabó en manos de “entidades y personas que no reunían los criterios”, los llamados “intrusos”, y “en cuantía improcedente”.
Es así como describe el juez que remató la instrucción, Álvaro Martín -tras cinco años en los que el caso pasó por la jueza Mercedes Alaya, quien lo abrió, y su sucesora María Núñez, quien lo dividió en piezas-, el “procedimiento específico” del que se dotó el Gobierno andaluz para dar esas ayudas en “un mal entendido espíritu de agilización del funcionamiento de la administración”.
No obstante, una información de última hora puede afectar e incluso alterar los argumentos básicos de la acusación. Se trata de la admisión de una prueba que desmontaría la tesis que expresan esas dos palabras, “procedimiento específico”, para resumir el reproche penal más grave contra los imputados: el de haber creado un sistema ‘ad hoc’ al margen de la legalidad vigente, sin fiscalización previa de las ayudas, sino con un control financiero a posteriori.
Dicha prueba es el informe de la Dirección General de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social que detalla el procedimiento de concesión de las ayudas extraordinarias para prejubilaciones concedidas en el período 2001-2011 por el Gobierno de España. En dicho informe, el director general de Empleo, Javier Thibault Aranda, reconoce que el Ministerio del ramo no realizó ningún concurso público para las ayudas extraordinarias para prejubilaciones concedidas desde el año 2001 hasta 2011, que se otorgaron por el régimen de “concesión directa”.
El documento ha sido ratificado en sede judicial por los dos ex altos cargos de José María Aznar que están investigados por las ayudas sociolaborales por 40 millones de euros concedidas en 2003 por la Junta de Andalucía y el Gobierno central a trabajadores afectados por la crisis de la Faja Pirítica de Huelva. Hay indicios de que entre los mineros beneficiarios de dichas ayudas también se colaron intrusos -y de ahí la imputación- a pesar de que las ayudas gubernamentales fueron fiscalizadas antes de abonarse. Es decir, el informe demostraría que el modo en que el Gobierno otorgaba las ayudas a trabajadores de empresas en crisis guardaba grandes similitudes con el modo en que las otorgaba la Junta de Andalucía.
Las declaraciones judiciales en octubre pasado de Soledad Cordova, ex directora general del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y de Carmen de Miguel, ex secretaria general de Empleo, que el abogado de Griñán ha pedido incorporar también a la causa, favorecen la tesis de las defensas de que nunca se creó un procedimiento específico ni ilegal para otorgar las ayudas.
El ‘fondo de reptiles’ y las ‘transferencias de financiación’
Hasta que se demuestre o no la consistencia del informe y su relación con el caso, lo que consta en el sumario de los ERE es que en 2001 el consejero de Empleo, entonces José Antonio Viera, y el director de la agencia pública IFA (luego IDEA), entonces el viceconsejero y director del mismo Antonio Fernández, suscribieron un convenio por el que el ente público, dependiente de la Consejería de Innovación, se convertía en organismo pagador de las ayudas con dinero de la Junta mediante transferencias de financiación que eran aprobadas por el Consejo de Gobierno y en las leyes de presupuestos anuales.
Las subvenciones bajo sospecha salían todas de la partida presupuestaria 31L, bautizada por uno de los principales imputados como un “fondo de reptiles”, dotado con 855 millones de euros. Con ese fondo se tramitaron ERE y ayudas directas a través de empresas consultoras y aseguradoras, además de los propietarios de las empresas, sindicatos e instituciones adjudicatarias y de todos los altos cargos que trabajaron para las consejerías que otorgaban las ayudas (Trabajo e Innovación principalmente).
Por ello, los 22 acusados de delitos de prevaricación, asociación ilícita y, salvo 7 de ellos, malversación, son excargos de Empleo (Viera, Fernández, Agustín Barberá, Javier Guerrero, Juan Márquez, Juan Francisco Sánchez -que también fue de Innovación e IFA), Javier Aguado y Lourdes Medina), Innovación (Francisco Vallejo, Jesús María Rodríguez), IFA (Jacinto Cañete y Miguel Ángel Serrano) y Hacienda (José Antonio Griñán -luego presidente-, Magdalena Álvarez, Carmen Martínez Aguayo, José Salgueiro, Antonio Estepa y Antonio Lozano).
Completan la lista los máximos responsables del Consejo de Gobierno cuando se decidió implantar este sistema de ayudas (el presidente Manuel Chaves y el consejero de Presidencia Gaspar Zarrías)y los responsables de la Intervención (Manuel Gómez) y los servicios jurídicos de la Junta (Francisco del Río) que no advirtieron de la presunta ilegalidad del sistema ni lo frenaron.
El delito de prevaricación, por el que la Fiscalía y las acusaciones de PP-A y Manos Limpias piden 10 años de inhabilitación para los 22 acusados, obedece a que según el instructor, todos ellos “mediante un concierto expreso o tácito han dictado una pluralidad de resoluciones contrarias a derecho del modo más grosero”. La malversación de caudales públicos, que las acusaciones imputan a 15 acusados para los que piden 6 u 8 años de cárcel y 20 de inhabilitación, obedece a que el sistema se mantuvo pese a que desde 2003 la Intervención de la Junta y varios informes de auditorías alertaban de “deficiencias e irregularidades”. Estos informes iban dirigidos a los consejeros de Hacienda (por eso Griñán sí está acusado de este delito y Chaves no) pero también a los departamentos que daban las ayudas (Empleo, Innovación e IFA). El interventor está imputado también porque avisó pero no paralizó el sistema.
La presencia de Manos Limpias en el procedimiento se ha mantenido pese a que las defensas solicitaron a finales de noviembre que, tras el procesamiento por parte de la Audiencia Nacional del secretario general del sindicato, Miguel Bernad, “acredite cumplidamente la validez y vigencia del mandato representativo a través del cual se constituyó como parte procesal en calidad de acusación popular” en la causa de los ERE.
La ‘trama política’ que denuncia el PP y que no ve la sucesora de Alaya
El PP-A acusa además a todos de un delito de asociación ilícita, por el que solicita dos años de cárcel, al considerar que se confabularon para tejer una “red clientelar”. Para demostrar todo ello, en el juicio declararán 62 testigos y peritos pedidos por la Fiscalía (entre ellos cuatro de la Intervención General del Estado que en la instrucción hizo un informe según el cual el sistema era ilegal). Las defensas sostienen lo contrario y tratarán de demostrarlo con al menos otros seis peritos (propuestos por Griñán, Martínez Aguayo, Antonio Fernández y Magdalena Álvarez) otro medio centenar de testigos, entre ellos algunos eximputados, y esa prueba que ha admitido el tribunal y que desmontaría la tesis del “procedimiento específico”.
Además, y esto es fundamental para la defensa, los abogados de los acusados tratarán de echar por tierra la existencia de una supuesta “trama criminal”, lo que encajaría en la figura penal de la asociación ilícita, y que la juez Alaya se empeñó en demostrar por todos los medios imputando a 50 altos cargos de la Junta. Más tarde, el juez Álvaro Martín desimputó de un plumazo a 24 personas, y la Audiencia Provincial de Sevilla eximió de culpa a otros cuatro. Los que siguen adelante son los 22 que se sientan en el banquillo este miércoles, pero el caso lo lleva ahora la jueza María Núñez Bolaños, que poco a poco ha ido distanciándose de la teoría inicial de Alaya.
En cualquier caso, ver a Chavez y Griñán sentados en el banquillo de los acusados es un golpe en la línea de flotación del socialismo tanto nacional como andaluz. Y eso que si algo parece bastante claro es que ninguno de los dos expresidentes se ha enriquecido personalmente con la trama. No se les han encontrado cuentas en Suiza ni en paraísos fiscales y su patrimonio no ha experimentado un crecimiento espectacular e injustificado tras su paso por el Gobierno andaluz. Como la actual presidenta de la Junta, Susana Díaz, se encarga de recalcar cada vez que le preguntan por este asunto, equiparar esta causa a la trama Gürtel, la Púnica o la Operación Lezo es “una falacia”.
Por el momento, se desconoce cuál puede ser la duración del juicio, aunque todas las partes coinciden en que se prolongará durante varios meses y algunas fuentes apuntan a que podría llegar al año de duración.
La entrada Arranca el juicio de los ERE que sienta en el banquillo a dos expresidentes y varios Gobiernos andaluces aparece primero en Republica.com.