El PSOE se sienta en el banquillo

Casi siete años después de que la juez Mercedes Alaya comenzara su instrucción, el llamado «caso de los ERE», la mayor trama de corrupción política de la historia reciente de España, llega a juicio. Dada la magnitud de la causa, que ocupa más de 200.000 folios y mantiene procesadas a dos centenares de personas, ésta se ha troceado en varios procedimientos, pero el que hoy comienza en la Audiencia Provincial de Sevilla es, sin duda, el de mayor transcendencia pública, no sólo por los altos cargos que desempeñaban en la Junta de Andalucía la mayoría de los acusados, sino porque la vista oral expondrá abiertos en canal los manejos clientelares del PSOE andaluz a lo largo de un cuarto de siglo. Esto es así porque, sin prejuzgar las responsabilidades de cada uno de los procesados, a los que asiste la presunción de inocencia, lo que se desprende de la profusa instrucción judicial es la existencia de una trama arraigada en la Administración andaluza que, mediante el uso de dinero público, adormecía voluntades y compraba paz social. La defensa argüirá que, en último caso, estamos ante una simple distribución de ayudas sociales que pudo no seguir todos los trámites reglamentarios establecidos, pero que, en definitiva, no tenía fines espurios. Pero la Fiscalía y las acusaciones populares sostienen que esa falta de controles administrativos fue buscada intencionadamente por los responsables de la Junta de Andalucía para poder distribuir las subvenciones a su libre albedrío. Unas ayudas, hay que recordarlo, que ni se hacían públicas ni existía un procedimiento reglado para su acceso ni pasaban por la Intervención general. El dinero así malversado se calcula en unos 800 millones de euros, pero es una cifra sólo aproximada, ya que la deliberada confusión administrativa que presidía todo el procedimiento impide conocer el alcance real del daño causado. Con todo, lo peor desde el punto de vista de la gestión política de los implicados, es que esos fondos públicos, que debían haberse destinado al fomento del empleo, la inversión productiva y el desarrollo tecnológico de Andalucía, se utilizaron para el efecto contrario: favorecer el cierre de empresas en dificultades, cuando no incentivar el cese de la actividad. Que, luego, al calor del dinero fácil surgieran aprovechados o se retribuyeran lealtades no debería distraer a la opinión pública del verdadero fondo de la cuestión. Lo que se juzga, pues, no es sólo un caso más de corrupción, sino una forma de entender la acción pública, más propia de un régimen bananero que de una democracia avanzada, donde la gestión administrativa no distingue entre el trato a los partidarios y que se propina a los adversarios. Empresas en dificultades a lo largo de los 23 años investigados hubo muchas, pero que conocieran cómo se podía acceder a esas subvenciones, incluso supieran de su existencia, sólo las que estaban en la pomada. A partir de hoy, se sientan en el banquillo dos expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que también fueron presidentes del PSOE y ministros del Gobierno de la nación; seis ex consejeros de la Junta, José Antonio Viera, Francisco Vallejo, Gaspar Zarrías, Antonio Fernández, Carmen Martínez Aguado y Magdalena Álvarez, y una docena de cargos medios. La Fiscalía solicita seis años de prisión por prevaricación y malversación de fondos para José Antonio Griñán y diez años de inhabilitación para Manuel Chaves, por delito de prevaricación. Ambos ya se han visto forzados por su partido a asumir una responsabilidad política que rechazan. Ahora toca, por fin, hacer frente a la acusación penal.