Expertos juristas instan a reformar la Constitución para fijar el poder de las CC AA
Catedráticos de Derecho Constitucional y Administrativo de las principales universidades españolas presentaron ayer una propuesta de reforma de la Constitución con la idea de que «la mejor manera de defender la Carta Magna es reformarla» y con la intención confesa de «renovar los principios del 78» sin caer en la trampa de «premiar» o «pactar con los que han violado la legalidad», en alusión al separatismo catalán. Los diez firmantes del documento «Ideas para una reforma de la Consitución» reconocen que se puede observar cierta «fatiga de materiales en el texto» actual, circunstancia que ha motivado, en un gesto de «voluntariado cívico», que hayan adelantado una propuesta que pretende ser un diagnóstico para iniciar el debate.
Santiago Muñoz Machado (Complutense), Eliseo Aja (Barcelona), Ana Carmona (Sevilla), Francesc de Carreras (Autónoma de Barcelona), Enric Fossas (Autónoma de Barcelona), Victor Ferreres (Pompeu Fabra), Javier García (Complutense), Alberto López (País Vasco), José Antonio Montilla (Granada) y Joaquín Tornos (Barcelona) son los firmantes de un documento de 14 páginas que, tras 4 meses de reflexión, resume los parámetros sobre la reforma de nuestra Carta Magna.
El primero es la radical reforma del Senado, que, siguiendo el ejemplo del Bundestag alemán, pasaría a estar compuesto por personas designadas por los gobiernos de las comunidades autónomas y no por senadores elegidos por los ciudadanos. Este modelo dotaría de poder real a los Ejecutivos autonómicos en el legislativo nacional, un sistema que este grupo de expertos ha preferido al seguido por el orden constitucional austriaco, donde los senadores son escogidos por los parlamentos de cada territorio. La propuesta pretende solucionar la carencia que tienen las autonomías para participar en las decisiones del Estado, «especialmente en la aprobación de las leyes que les afectan».
La reforma utiliza «técnicas y soluciones instrumentales ensayadas en federalismos europeos» pero rechaza en principio el término «federal», un concepto que no es políticamente neutro en el debate entre partidos actual. Según estos expertos los estatutos de cada comunidad autónoma deben dejar de tener el estatus de Leyes Orgánicas con lo que los parlamentos de cada región podrán aprobar sus estatutos sin que el Congreso pueda vetarlos. Otro punto fundamental es la «plena constitucionalización del reparto de competencias», es decir, en el texto de la nueva Carta Magna se especificará qué áreas de la acción del Estado quedan reservadas al Gobierno central y cuáles a las administraciones autonómicas. Así se pretende eliminar la constante fuente de tensión que se ha observado entre los estatutos y la Constitución, en el que los primeras suplían las lagunas del modelo territorial en la Carta Magna.