El ministro Catalá tiene cuatro candidatos para la Fiscalía General del Estado

El fiscal general del Estado es nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno y oído previamente el Consejo General del Poder Judicial. Además, la persona propuesta deberá comparecer ante la comisión de Justicia del Congreso para ser valorado por los integrantes de la misma, tal y como dispone el estatuto orgánico del Ministerio Público.

Pues bien. Según ha podido saber El Confidencial Digital de fuentes cercanas al ministro de Justicia, Rafael Catalá ha hecho una primera lista previa a la terna que propondrá en el Consejo de Ministros del próximo viernes.

Las mismas fuentes añaden que el Gobierno de Mariano Rajoy tiene prisa por nombrar un nuevo fiscal general del Estado y que no esperará a que los restos de Maza sean repatriados desde Argentina para comenzar el proceso de designación de su sustituto.

Por eso, Catalá ya tiene cuatro candidatos a hacerse cargo de la Fiscalía General del Estado. Se trata de dos magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de dos catedráticos de Derecho Penal.

El criterio del Gobierno es que el cargo lo ocupe un juez en ejercicio, preferiblemente un fiscal de Sala del Tribunal Supremo, en lugar de que proceda de la carrera fiscal.

--Antonio del Moral: según las fuentes consultadas, es el favorito para Catalá. Pertenece a la carrera judicial desde 1983. Conoció a Maza mientras esperaba  su turno para examinarse de la oposición, según ha relatado en un artículo en El Mundo. Número uno de su promoción, ha ejercido en la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado y en el Tribunal Supremo, a cuya Sala de los Penal pertenece en calidad de magistrado desde 2012. Accedió a la misma por el turno de juristas de prestigio. Fue uno de los expertos encargados de elaborar un borrador del nuevo código penal, presentado en 2013.

--Manuel Marchena: ya optó a la Fiscalía General del Estado tras la dimisión de Consuelo Madrigal. Sin embargo, no aceptó el cargo. Fiscal desde 1985, ha ejercido en la Audiencia Territorial de Las Palmas, en la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado y en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En 2007, fue nombrado fiscal del TS. Es magistrado de la Sala de lo Penal del Supremo desde 2007. Presidió la comisión institucional para la elaboración de una propuesta de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim).

--Alberto Jorge Barreiro: juez desde 1979, ha ejercido en Cangas de Narcea, san Sebastián y Burgos antes de recalar en Madrid en 1984, al frente de un juzgado de instrucción. Posteriormente pasó a la Audiencia Provincial, de la que fue presidente entre 2003 y 2009. Ese año fue nombrado magistrado del Tribunal Supremo. Pertenece a la asociación Jueces para la Democracia, y aunque se le tacha de izquierdista, fue el que abrió causa contra su colega Baltasar Garzón por las escuchas ilegales del caso Gürtel. Garzón terminó inhabilitado. También ha participado en la causa de los ERE fraudulentos de Andalucía.

--Antonio García-Pablos: es catedrático emérito de Derecho Penal en la Universidad Complutense de Madrid y director del instituto universitario de Criminología. Fue abogado de Mario Conde en los años 90.

Consenso con PSOE y Ciudadanos

Según ha podido saber ECD, el Gobierno está dispuesto a negociar el nombramiento del fiscal general del Estado con los otros dos grandes partidos constitucionalistas, PSOE y Ciudadanos.

El objetivo de esta negociación es la voluntad de alcanzar el mayor consenso político posible, ya que es recurrente la acusación de que el máximo representante del Ministerio Público está politizado. El pasado mes de mayo, Maza y Catalá fueron reprobados por mayoría absoluta en el Congreso por su papel en el caso Lezo. Al entonces fiscal anticorrupción, Manuel Moix, le costó el cargo.

Rajoy quiere evitar que se repita esta situación en el futuro. Ni Ciudadanos ni PSOE han recibido todavía una invitación a la negociación ni una lista de candidatos, pero el Ejecutivo está decidido a contar con ambos para alcanzar un acuerdo.

De hecho, Ciudadanos ha propuesto que el nombramiento del fiscal no corra a cargo del Ejecutivo sino del Congreso, por ser la sede de la soberanía nacional. En este sentido, fuentes del partido consultadas por ECD consideran positivo que Moncloa esté dispuesta a negociar. Pero advierten de que, si la propuesta no pasa de una mera fórmula de cortesía, mostrarán su desacuerdo en la comisión de Justicia de la Cámara Baja.