El proyecto de ley de amnistía sigue bajo la lupa: ¿alcanzará también a las fuerzas de seguridad y funcionarios de Venezuela?
“Amnistía no solo para ellos, para nosotros también”, reclamó el derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, según relató su hijo, Nicolás Maduro Guerra, ante manifestantes chavistas reunidos la semana pasada. El pedido, enviado días atrás desde una cárcel de Nueva York, llegó mientras la Asamblea Nacional discute la letra chica del proyecto de ley de amnistía para “delitos políticos o conexos”, lo que sembró dudas sobre si se permitirá o no la rendición de cuentas de figuras chavistas que protagonizaron los episodios más graves de represión en el país.
Hasta ahora, el texto debatido no deja lugar a interpretaciones, ya que excluye de los beneficios legales a las violaciones graves de los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad, entre otros, lo que abarca a las fuerzas de represión que están siendo investigadas por la Corte Penal Internacional y la Misión de Determinación de Hechos de la ONU.
No obstante, el debate del viernes se suspendió por la falta de acuerdo sobre una modificación a uno de los artículos que podría impedir que activistas en el exilio, como los líderes opositores María Corina Machado o Edmundo González, se acojan a la medida. Por esta suspensión, la discusión sigue abierta y en espera de una nueva fecha.
“El borrador no prevé la posibilidad de que quienes hayan violado los derechos humanos o hayan cometido crímenes de lesa humanidad queden impunes. Sin embargo, hay que esperar hasta tener el texto definitivo para poder determinar con claridad su alcance”, dijo a CNN Gonzalo Himiob, vicepresidente de la organización Foro Penal, una de las ONG que participaron en reuniones con legisladores para presentar sugerencias y cuestionamientos al proyecto.
Sobre el pedido de Maduro, Himiob comentó: “Es evidente que están buscando una fórmula que les permita evadir sus responsabilidades en las graves violaciones a los derechos humanos que han cometido”.
En ese sentido, el activista expresó que “por momentos, parece que más que una ley de amnistía lo que buscan es una especie de ‘ley de punto final’, esto es inaceptable”. Según explicó, eso altera el sentido del proceso: “Una amnistía que iguale a las víctimas con sus victimarios y que procure la impunidad de estos últimos no es una amnistía”.
Por su parte, Oscar Murillo, coordinador general de la ONG Provea, que también participó de la reunión con diputados, dijo a CNN que el chavismo con las declaraciones de Maduro “está generando una base conceptual y política para evitar más adelante acusaciones de personas que han estado directamente vinculadas a la estructura represiva venezolana, es una manera de buscar un salvavidas”.
De todos modos, Murillo no ve por ahora una rendija por la cual el oficialismo pueda introducir una modificación en el proyecto de ley que exima de responsabilidades al aparato de seguridad involucrado en las muertes de manifestantes y la persecución de la disidencia. “No debería ocurrir”, comentó. Incluso, afirmó que el siguiente paso debería ser la desarticulación del sistema represivo, teniendo en cuenta que varios jerarcas siguen en sus puestos, aunque reconoció que el proceso toma su tiempo. “Es el próximo paso urgente, pero las transiciones no son lineales, estamos conscientes de eso”.
Algunos sectores más duros del oficialismo, por su parte, se mostraron críticos con el texto, al recordar a víctimas de la violencia desatada durante protestas opositoras. “Es una manipulación tan grotesca que los colocan a ellos (opositores) como que fueran víctimas del Estado venezolano. ¡No son víctimas del Estado venezolano!”, declaró la diputada chavista Iris Varela. “Es indispensable que prevalezca la justicia”, agregó.
La asambleísta, en una entrevista con La Iguana TV, insistió en que en Venezuela no hay presos políticos, sino “políticos que cometieron delitos”, y habló de procesar a exfuncionarios, pero no en referencia a figuras cercanas a Maduro, sino a personas que se alejaron del Gobierno, como la exfiscal general Luisa Ortega Díaz, exiliada desde 2017 tras ser destituida por la Asamblea Nacional Constituyente. “Luisa Ortega Díaz no tiene cómo cobijarse de una ley de amnistía, por nada del mundo. Ella tiene que venir a ponerse a derecho el día que se le ocurra, pero pagar”, apuntó.
Himiob, de Foro Penal, también se pronunció sobre la discusión del artículo que, además de excluir a delitos de lesa humanidad, conforme a la Constitución, también indica que la amnistía no alcanza a casos de homicidio, tráfico de drogas y delitos contra el patrimonio público. Esa disposición “desconoce que la represión se ha servido de imputaciones de delitos falsas para neutralizar a sus disidentes u opositores”, dijo el activista, por lo que instó a tratar el tema “con cuidado y apego a la verdad”.
Aunque familiares de presos políticos esperaban que se cumpla la promesa del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, de tener aprobado el proyecto el viernes pasado, Murillo se mostró esperanzado en que el aplazamiento del debate pueda traer paños fríos a la discusión. “Creemos que esa pausa, el diferimiento, puede ser sana, en el sentido de generar las reflexiones necesarias”, afirmó.
El fin de semana, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, señalado por la Misión de la ONU como uno de los responsables directos de violaciones a derechos humanos, declaró que la propuesta de amnistía “es un acto de amor” que “no significa validar lo que estuvo mal, sino decidir que ese dolor ya no tiene el poder de arruinar nuestro presente”.
A mes y medio del derrocamiento de Maduro, de su captura por parte de fuerzas de Estados Unidos y de los cambios que estos hechos desataron, Venezuela espera a conocer la versión final de una ley de amnistía que, según el gobierno en funciones, busca dar la vuelta a la página a las numerosas tensiones políticas que han marcado al país durante más de dos décadas.
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