La Corte Suprema de Panamá declara inconstitucional la concesión de puertos a una compañía de Hong Kong
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció este viernes que una subsidiaria del grupo AP Moller – Maersk asumirá transitoriamente la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal, en ambos extremos del Canal de Panamá, luego de que la Corte Suprema del país declarara inconstitucional el contrato de concesión para ambas terminales a una empresa de Hong Kong.
La Corte informó en un comunicado este jueves que declaraba inconstitucionales el contrato, sus adendas y un acto de prórroga entre el estado panameño y la sociedad Panama Ports Company, subsidiaria del conglomerado chino CK Hutchinson Holding.
En un mensaje grabado y compartido a los medios de comunicación, el presidente Mulino dijo que desde hace un año se preparó un plan de contingencia ante las posibles decisiones de la Corte y explicó que, luego de que el fallo quede ejecutoriado, hay un tiempo de transición para la salida de Panama Ports de los puertos de Balboa y Cristóbal.
“Esperamos que la empresa, miembros de Hutchinson Ports y filial del multinacional CK Hutchinson Holding, con presencia global y celosa de su reputación corporativa, coopere abiertamente en esta etapa”, expresó Mulino.
El mandatario garantizó los derechos que por ley le asisten a la empresa y aseguró que será fiscalizador de las obligaciones contractuales. Además, a los trabajadores les anunció que “no se producirán despidos”, mientras que los contratistas tendrán la continuidad vigente.
Mulino aclaró que la empresa AP Moller – Maersk (APM Terminals) asumirá hasta que haya una nueva concesión, luego de un proceso abierto y participativo “que defienda los intereses de los panameños”.
A través de un comunicado, APM Terminals confirmó lo anunciado por Mulino.
La empresa “está dispuesta a asumir temporalmente la operación de ambas terminales. Esto busca mitigar los riesgos que puedan afectar los servicios esenciales para el comercio regional y global, y apoyar el hub logístico de Panamá”, dice el comunicado de la compañía, que opera 60 terminales en 34 países.
“La compañía no es parte de los procesos legales en curso ni participa en decisiones sobre la estructura y administración futura -a corto o largo plazo- de los puertos de Balboa y Cristóbal”, explicó la firma.
En respuesta al fallo de la Corte, Panama Ports aseguró en comunicado de que no había sido notificada, y que el fallo es el resultado de “una campaña del Estado panameño” impactando a la empresa y a su inversionista por más de un año, luego de 28 años de operaciones en el país, tiempo en que, dice, han invertido más de US$ 1.800 millones.
Panama Ports reclamó que el fallo “carece de fundamento jurídico” y que “la campaña del Estado panameño contra su propio marco jurídico y contractual, así como contra un concesionario e inversionista diligente, continúa socavando la reputación de Panamá como una jurisdicción confiable”.
Al respecto, la empresa anunció que, junto a su inversionista, se reservan todos los derechos de manera permanente, incluyendo recurso a procedimientos legales e internacionales.
El fallo se produce un año después de que la operación de los mencionados puertos fueran, durante meses, motivo de tensión entre los gobiernos de Panamá y Estados Unidos, luego de que el presidente Donald Trump dijera que recuperaría el Canal de Panamá porque había “influencia maligna china” en la vía interoceánica, lo que ha sido negado por los Gobiernos de Panamá y China.
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