Violaciones al derecho a la información alcanzan cifra récord
Las violaciones al derecho de acceso a la información pública alcanzaron una cifra récord este año. En lo que va del 2024, la Sala IV ha declarado con lugar 459 recursos de amparo a favor de ciudadanos afectados por la negativa de las instituciones a suministrar información.
La cifra es muy superior a los 294 recursos avalados el año pasado. En el 2022, el número fue de 425, mientras que a principios de esta década, en el 2020, solo hubo 49 fallos.
Estos datos se desprenden de un análisis realizado por La Nación con base en el registro de estadísticas de la Sala Constitucional. Las sentencias relacionadas con el acceso a la información registraron el segundo mayor crecimiento porcentual este año, en comparación con el anterior, con un 56%, superando los incrementos ocurridos en materias como salud y trabajo.
Aunque todavía no termina el 2024, el mayor crecimiento se produjo en recursos de amparo relacionados con pensiones, con un 114%.
Por citar algunos casos, este año la Sala IV debió ordenar a la Presidencia entregar la información completa sobre la contratación de $405.000 que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) adjudicó a la empresa Nocaut, del empresario Christian Bulgarelli, para dar servicios de comunicación a la Casa Presidencial.
Además, en otra resolución, le recordó a la Casa Presidencial el deber de entregar en forma oportuna información pública requerida por los medios de comunicación. Este fallo obedeció a la tardía respuesta que el entonces ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, dio a una solicitud sobre los registros de ingreso de Yafit Ohana Beladel, esposa del empresario Leonel Baruch, a Zapote.
La Sala también ordenó a Héctor Chaves, director del Cuerpo de Bomberos, suministrar información sobre funcionarios despedidos sin justa causa
Asimismo, en otra materia relacionada con la información, el Tribunal reiteró jurisprudencia que ordena transmitir en vivo las sesiones de órganos colegiados. Una sentencia reciente lo estableció así para las comisiones de la Municipalidad de Alajuela.
Denuncias en la Defensoría también aumentaron
De acuerdo con la Defensoría de los Habitantes, que manifestó preocupación por el tema, las cifras del análisis de La Nación coinciden con los reclamos que recibe la institución en la tipología Derecho de acceso a la información.
La Defensoría recibió 231 denuncias en 2023, mientras que hasta el 7 de octubre de 2024 ya se registran 311. En particular, las denuncias por Omisión de respuesta subieron de 192 el año pasado a 256 en lo que va del presente año.
Otros incrementos incluyen la Inexistencia de información de interés público, que pasó de 3 denuncias en 2023 a 19 en 2024, y la Denegatoria de acceso a información pública, que subió de 9 a 12 denuncias en el mismo periodo.
Además, en el ámbito del Derecho al debido proceso administrativo, las quejas por “Limitación de vías para gestionar información” aumentaron de 55 a 90. Entre los sectores más afectados se encuentran docentes y pensionados del Ministerio de Educación Pública (MEP), quienes reportan falta de información sobre sus pagos salariales.
El acceso a la información pública es el derecho que tienen todas las personas a requerir y recibir información que está en manos de las instituciones públicas. Este derecho garantiza la transparencia institucional y permite que los ciudadanos conozcan cómo se toman las decisiones, cómo se administran los recursos y cuáles son las acciones de las entidades gubernamentales.
Las personas pueden solicitar cualquier dato que no sea secreto de Estado, información sensible o que ponga en riesgo la seguridad nacional.
Según explicó la Sala IV, las sentencias sobre derecho a la información se fundamentan en el artículo 30 de la Constitución Política, el cual dice: “Se garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público. Quedan a salvo los secretos de Estado”.
En marzo del 2024, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) informó de que Costa Rica ocupa el último lugar entre sus países miembros en la implementación de medidas que faciliten el acceso de los ciudadanos a la información pública.
En el informe “Perspectivas de la OCDE sobre integridad y anticorrupción 2024″ el país obtuvo una calificación de 31%, mientras que el promedio de los miembros de la organización es del 62%.
A diferencia de otras naciones, en Costa Rica los habitantes desconocen las agendas de los ministros, con quiénes se reúnen estos y con cuáles grupos de presión interactúan.
Además, las instituciones no abren sus datos. Recientemente, La Nación dio a conocer que 24 instituciones no publican audios ni videos de las sesiones de sus juntas directivas. Algunas ni siquiera publican transcripciones literales.
Recientemente, la Asamblea Legislativa aprobó una Ley Marco de Acceso a la Información Pública, la cual sancionaría a los funcionarios que incumplan su obligación de entregar información pública solicitada por la ciudadanía. Aún falta la firma presidencial para que se convierta en ley oficial.
Proyecto de ley sancionaría a funcionarios que rehúsen entregar información pública
Diputados cuestionan ‘puesta en escena’ de Rodrigo Chaves
Los diputados Antonio Ortega, del Frente Amplio, y Monserrat Ruiz, del Partido Liberación Nacional (PLN), miembros de la comisión legislativa de Derechos Humanos, subrayan la crisis que enfrenta Costa Rica en cuanto al acceso a la información pública.
Ambos legisladores debieron recurrir a la Sala Constitucional para poder obtener información que el Gobierno no les proporciona, según resaltaron.
Ortega enfatizó que el país no está cumpliendo con la Alianza para el Gobierno Abierto, una iniciativa multilateral que busca asegurar compromisos concretos de los gobiernos para promover la transparencia, empoderar a los ciudadanos, luchar contra la corrupción y utilizar nuevas tecnologías para fortalecer la gobernanza.
El frenteamplista destacó que los datos sobre el aumento de resoluciones de la Sala IV por violaciones al derecho a la información reflejan la desconexión entre la demanda ciudadana y la respuesta oficial.
Ortega lamentó que “el acceso a la información se ha convertido en una especie de performance” bajo la administración actual. En ese sentido, criticó la falta de sinceridad en las conferencias de prensa del presidente Rodrigo Chaves, pues sostuvo que en estas se privilegian las “puestas en escena” y se ataca a los periodistas que formulan preguntas pertinentes.
Por su parte, la diputada liberacionista Monserrat Ruiz señaló que “hay un problema de fondo” en el país, refiriéndose a la ausencia de mecanismos efectivos que faciliten el acceso ágil y rápido a la información pública.
Sin embargo, Ruiz destacó un avance significativo con la reciente aprobación de la Ley Marco de Acceso a la Información Pública. “Fomentar una cultura de más transparencia en la institucionalidad pública es el único camino”, aseveró la verdiblanca.
Sala IV señala a Casa Presidencial obligación de entrega oportuna de información pública