La lección de Manta y Vilca
La sentencia lograda a favor de las nueve víctimas de violaciones en Manta y Vilca en Huancavelica, durante el conflicto armado interno, deja algunos sinsabores, pero también lecciones que deben destacarse por su relevancia de cara al presente.
En primer lugar, que el marco legal usado para sancionar la agresión sexual sufrida por nueve mujeres –una de ellas una adolescente de 14 años– ha sido la lesa humanidad, debido al contexto en el que se presentó esta acción sistemática de militares contra la población civil, que violaron derechos humanos mientras ejercían el control político de la región. Los ataques se produjeron entre 1984, 1985, 1986 hasta 1990, por eso, la sentencia señala su carácter sistemático.
Considerar la violación sexual como delito de lesa humanidad constituye un enorme avance para las miles de víctimas que esperan justicia para sus demandas. A nivel latinoamericano, se trata de un fallo singular que, sin duda, marca un antes y un después en materia de defensa de los derechos humanos para la región.
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También la justicia ha sancionado no solo a autores materiales sino que ha incluido a quienes, pese a estar al mando de las bases de Manta y tener conocimiento de los hechos, no hicieron nada para proteger a las mujeres que eran víctimas de las agresiones sistemáticas, sino que las promovían como parte de la acción antisubversiva en las localidades afectadas, habitadas por poblaciones quechuahablantes.
Estas violaciones se produjeron hace 40 años y fueron visibilizadas por la Comisión de la Verdad, que develó la situación de grave violencia, de uno y otro lado, en la que se desarrolló la lucha contra el terrorismo.
Cuando se busca aprobar desde el Congreso una medida que propone un manto de olvido para las acciones ilegales cometidas por militares en este período tan infausto para la patria, la justicia peruana ha dado una lección que no puede pasar desapercibida.