Una asociación de fiscales ve tras los nombramientos de Peramato un "riesgo de control político" en temas sensibles para el Gobierno

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) alerta de un "grave riesgo de control político" en asuntos "sensibles" para el Gobierno tras los primeros nombramientos de Teresa Peramato en el Tribunal Supremo.

En un comunicado, la APIF -que ejerció la acusación contra Álvaro García Ortiz en el procedimiento que terminó por forzar su renuncia al cargo tras ser condenado a dos años de inhabilitación por revelación de secretos- expone su "absoluta preocupación" ante la propuesta de nombramientos de la fiscal general del Estado tras el Consejo Fiscal celebrado el pasado 27 de febrero.

En particular, cuestiona la propuesta de nombramiento de Ana García León como fiscal jefe de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo, una designación con la que, según asegura, "trata de asegurar la continuidad con las posiciones mantenidas por la Fiscalía General del Estado -dirigida por fiscales que han sido notables dirigentes de la Unión Progresista de Fiscales (UPF)- en asuntos sensibles para el Gobierno".

Sin obedecer, se queja APIF, "a una designación que se efectúe valorando méritos y capacidad", y "con indiferencia al malparado prestigio de la Fiscalía" y "desprecio a la valía individual de los fiscales".

Discrepancias "fundamentales"

El Comité Ejecutivo de la asociación apunta que en estos últimos años "estamos observando con preocupación la existencia de discrepancias fundamentales" entre los fiscales del Tribunal Supremo con algunos fiscales jefes de Sección y la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, "en asuntos que son de interés para el Gobierno". Y se refiere en particular a investigaciones relacionadas con el terrorismo, como la que mantiene abierta la Audiencia Nacional contra exjefes de ETA por el asesinato de Miguel Ángel Blanco (pendiente de que el Supremo se posicione sobre una posible prescripción) o el 2caso Tsunami Democratic".

En ambos, subraya, la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo "es partidaria de la investigación, pero los cargos de jefatura nombrados por los fiscales generales recientes abocan el procedimiento ante la superioridad que resuelve con lo que la opinión pública valora como solución favorable a los intereses del Gobierno y sus socios".

Decisiones sobre aforados

Por ello, continúa el comunicado, avisan de lo que consideran "un grave riesgo de “control político” con los nombramientos propuestos de quienes están llamados a pronunciarse eventualmente sobre responsabilidades penales de dirigentes políticos que se encuentra aforados ante el Tribunal Supremo". Y lamentan que se haya "preterido a quienes ostentan cualidades acreditadas de mayor profesionalidad para ostentar dichas responsabilidades por su condición de miembros de la Academia de Legislación y Jurisprudencia" o por su experiencia en la Sección Penal del Tribunal Supremo, una "muy superior antigüedad" y un currículum "mucho más adecuado a dichas responsabilidades".

Por último, la APIF lamenta que la nueva fiscal general "continúe en la línea de su dos anteriores predecesores" (García Ortiz y Dolores Delgado) "desperdiciando la oportunidad que su nombramiento le otorgaba para devolver el prestigio a la Fiscalía tan deteriorado en la opinión pública". Según pone de relieve, "este estado de cosas nos perjudica a los fiscales y solo favorece a los intereses del Gobierno y a los compañeros mayoritariamente de una concreta asociación de fiscales beneficiarios del sistema", en referencia a la progresista UPF.