El «tasazo» del 30% enciende a la nuclear, que avisa: habrá paradas

La subida por encima de lo pactado en la tasa de residuos implica 135 millones más al año

El Gobierno de Pedro Sánchez dice ser uno de los paladines globales de la electrificación, pero del dicho al hecho hay un montón de impuestos intermedios que van a más y que no paran de gravar el consumo y la generación de electricidad. El último de ellos, el denominado «tasazo nuclear».

El Gobierno, aprobó esta semana en el Consejo de Ministros la subida a 10,36 euro por megavatio hora de la tarifa fija unitaria relativa a la prestación patrimonial de carácter público no tributario mediante la que se financia el servicio de Enresa, que es la empresa pública que se encarga de la gestión de los residuos radiactivos.

Para el sector, clave en la descarbonización, es un nuevo golpe como consecuencia de las decisiones «arbitrarias» del Ejecutivo que, finalmente ha subido la tasa un 30%, frente al 40% (11,14 euros/MWh, propuesto inicialmente por el Ministerio de Transición Ecológica que dirige, Teresa Ribera, vicepresidenta tercera.

La medida entrará en vigor el lunes y supone un pago por parte del conjunto del parque nuclear español de 585 millones de euros cada año, 135 millones de euros más que lo abonado anualmente hasta ahora. El sector remarca que los impuestos representan el 75% de los costes de las plantas.

Cabe recordar que en el protocolo firmado para el cierre de centrales en 2019 entre Enresa y las eléctricas se acordó un incremento de la tasa de un máximo del 20%, que ahora se ha incumplido sin que las propietarias de las centrales entiendan muy bien por qué.

Foro Nuclear, que agrupa a estos propietarios (Iberdrola, Endesa y Naturgy), se quejan de que ya pagan el impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos –han abonado ya unos 3.100 millones de euros en diez años– y estiman que si ese dinero fuera al fondo de Enresa y no a las Arcas Publicas- sería innecesario este «tasazo».

Las eléctricas vienen pidiendo al Gobierno un drástico recorte de impuestos para mantener la viabilidad del sector nuclear ya que por ley «no se pueden operar las centrales a pérdidas», algo que según las propietarias de los siete reactores operativos en España está próximo a producirse.

Ahora mismo abonan solo en impuestos en torno a 950 millones anuales, que junto al «tasazo» elevarían la cifra a algo más de 1.500 millones, según cálculos del sector.

Foro Nuclear, que recordó que esta decisión «amenaza que las centrales sigan operativas, ha denunciado ante el Supremo el nuevo Plan General de Residuos Radiactivos, con sobrecostes de más de 2.000 millones por los vaivenes políticos, que fuerzan ahora la construcción de siete Almacenes Temporales, en cada una de las instalaciones existentes, y la construcción también de un Almacén Geológico Profundo, frente al único que estaba previsto en Villar de Cañas (Cuenca). La decisión implica un aumento de costes que ascienden a 20.220 millones.

Este nuevo palo en la rueda, unido al calendario de cierre vigente de las centrales españolas mientras en buena parte de Europa y del mundo reverdece la nuclear como respaldo no contaminante a la transición renovable, contrasta con las perspectivas que Bank of America tiene sobre el sector nuclear, que considera «clave».

La cuestión es si las nucleares van a ir programando paradas ante la expectativa de producción a pérdidas. Aunque no se trata de un proceso inmediato y necesita autorización, en los pasados meses se han producido paradas tanto en Almaraz como en Cofrentes ante el hundimiento de los precios por la alta producción renovable de los pasados meses.

PP y PSOE extremeños, juntos para salvar Almaraz

Los dos grupos políticos con representación en la Diputación de Cáceres (PSOE y PP) han mostrado su apoyo a que la Central Nuclear de Almaraz permanezca abierta hasta que la comarca tenga en marcha proyectos alternativos, y se emplazaron en el Pleno ordinario celebrado el pasado jueves, a la redacción de una declaración institucional de apoyo a esta instalación. Así, el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, señaló que «si hay una cosa que une a los municipios y a la diputación es la absoluta necesidad de que se mantenga la Central Nuclear de Almaraz mientras no haya otra alternativa».