El gasto en prestaciones por bajas temporales se dispara un 92% en cinco años
"Se han detectado rasgos de abuso en la prestación por incapacidad temporal (IT) por parte de los beneficiarios, así como de problemas administrativos y de configuración legal que favorecen el crecimiento perverso del gasto. Estamos en una situación en la que el uso de la prestación se entremezcla preocupante con una evolución de indicadores de gasto, que hace presumible un abuso creciente". Esta es la preocupante conclusión de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que en un estudio elaborado por el exsecretario de Estado de Seguridad Social con el PSOE, Octavio Granado, determina que el gasto en prestaciones de incapacidad temporal por enfermedad común y contingencias profesionales -ya sean accidentes de trabajo o enfermedades profesionales- se ha duplicado en un lustro. En concreto ha sufrido un incremento del gasto en prestaciones económicas derivadas de situaciones de IT motivadas por enfermedad común del 91,6%, mientras la población atendida por el régimen prestacional ha crecido en torno a un 10%.
El gasto en estas prestaciones ha pasado de 7.485 millones en 2018 a 14.005 millones en 2023, derivado, fundamentalmente, de la incapacidad temporal, que ha aumentado su coste en una cantidad similar a la diferencia que se produce cada año entre las pensiones contributivas y las cotizaciones sociales, y que "crece aceleradamente" y "puede afectar a la sostenibilidad del sistema. En el caso de las pensiones contributivas del sistema, estas han aumentado un 32,82% a precios corrientes, un porcentaje inferior al crecimiento de las cotizaciones sociales si incluimos las nuevas cotizaciones de solidaridad. "Estas cifras nos descubren una realidad preocupante, que no tiene asiento en consideraciones sanitarias", abunda el estudio.
El gasto por trabajador protegido en los últimos cinco años creció un 64,65% para los que estaban cubiertos por entidades y un 51,13% por los atendidos por mutuas. En términos más generales, el gasto medio por trabajador protegido ha pasado de 720,37 euros a 1256,73 euros. "Dicho en términos groseros, la incapacidad temporal ha aumentado su coste entre 2018 y 2023 en una cantidad similar a la diferencia que se produce cada año entre las pensiones contributivas y las cotizaciones sociales. Un coste que crece aceleradamente, y que puede afectar a la sostenibilidad del sistema".
Granado apunta que las razones que se han aducido siempre para justificar este aumento del gasto -como "los retrasos que sufren los ciudadanos como pacientes del sistema sanitario, el envejecimiento de la población activa o los efectos persistentes de la pandemia"-, no cuadran con los números. ¿Y por qué? Porque el "tiempo de duración de los procesos de IT no aumenta", la "esperanza de vida de los españoles sigue creciendo" -porque también crece cuando los ciudadanos están en activo- y las consecuencias de la pandemia "afectan tanto o más a los mayores de 65 años que a los trabajadores en activo".
El estudio también recuerda que los procesos de incapacidad temporal derivados de enfermedad común "crecen más en territorios dónde la población activa es más joven o dónde puede encontrarse un cierto efecto de contagio por la existencia de colectivos con coeficientes reductores de la edad de jubilación u otras contingencias". Además, la incapacidad temporal derivada de enfermedad común crece mucho más que la derivada de accidentes de trabajo o de enfermedades profesionales, aunque "los procesos gestionados por las Mutuas colaboradoras de la Seguridad Social crecen menos que los gestionados directamente por las entidades gestoras del sistema" y la "disminución de la incidencia y duración media de los procesos se ha conseguido a veces con decisiones puramente regulatorias", incide el informe.
Ante esta situación, Granado plantea varias medidas para que "las prestaciones complementarias no tengan indicadores de crecimiento más altos que las propias pensiones y los salarios". Así, propone cambiar la configuración de la prestación por incapacidad temporal para que, "si no existe una enfermedad crónica, la multiplicación de situaciones de baja suponga una disminución de la cantidad percibida". También que, en "algunas situaciones y momentos concretos", la baja no implique el cese de toda jornada laboral a una parcial y prime el derecho a la recolocación, "siendo la salida del mercado de trabajo la última solución a aplicar". Su idea es, pues, "generar incentivos que hagan posible la mejora financiera del sistema sin graves perjuicios para empleadores y empleados".
En este sentido, propone que en el ámbito de la negociación colectiva se impongan recargos a la cotización a la Seguridad Social para los empleadores que incluyan en convenio el compromiso de complementar hasta el 100% las remuneraciones de los empleados en situación de incapacidad temporal por enfermedad común. "Debemos conseguir por tanto aplicar medidas que alcancen un consenso social implícito, y explicarlas a una sociedad reticente pero que desea una Seguridad Social funcionando adecuadamente".
En su conclusión final, estudio defiende que es necesario como punto de partida "articular una base aplicable a toda la casuística. El sistema de protección social debe atender más a la capacidad alta o baja que las personas poseen antes que a la incapacidad para determinar su actuación; debe promover los cambios que permitan a las personas en la edad de vida activa que se determine socialmente continuar en el mercado de trabajo, no buscar sistemáticamente atajos que les retiren del mismo, por negarse a prevenir riesgos laborales conocidos, no cambiar sus condiciones de trabajo, su jornada o los factores negativos que deterioran su
situación". Granado concluye que "ninguna medida tendría eficacia práctica si no somos capaces de generar una cultura que reconozca que el estado de salud y la capacidad de trabajar deben complementarse".