Alerta de fuga de empresas por la falta de redes eléctricas
El clamor por la pérdida de competitividad de España por el retraso en elevar los límites vigentes a la inversión en redes eléctricas, que impiden abastecer a entre el 15% y el 20% de la demanda, según la patronal eléctrica AELEC. Ese temor a la fuga de empresas y la parálisis de la economía ha llevado al PNV, socio de los socialistas en el País Vasco y respaldo indispensable del Ejecutivo de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, a abanderar la presión política a favor de que se retiren estos límites entre el sector más afín a Sánchez.
Del lado de la oposición, el PP también exige esta retirada desde hace tiempo, en línea con las demandas del sector eléctrico. De hecho, el PNV ha cuantificado el riesgo que acecha al empleo por la denegación a cientos de industrias de la conexión de más de 6.000 MW solicitados, sobre todo para una región donde la industria representa un 23% del PIB y un 23,4% del empleo: nada menos que 34.000 empleos están en riesgo. «Estamos perdiendo competitividad en la industria que ya existe y estamos expulsando a nuevas industrias que quieren instalarse. ¿Qué van a hacer ustedes para solucionar esta contradicción?», advirtió recientemente el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban.
Los nacionalistas vascos están más que preocupados por las irreales previsiones de la todavía ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Y es que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) recoge que 53.000 millones deben ser invertidos en redes antes de 2030, mientras que las inversiones previstas por el Ejecutivo de Sánchez hasta 2026 son solo 7.000 millones.
«No vamos a llegar, hay que modernizar el proceso de planificación, porque no puede ser un esquema cerrado hasta 2026 y luego hasta 2030, sino que tiene que ser algo vivo, y hay que cambiar la ley del sistema eléctrico y ampliar o derogar los límites de inversión», reclamó el portavoz jelkide.
Para frenar la burbuja inmobiliaria, en 2013 se estableció que no sería posible invertir más del 0,13% del PIB al año en redes de transporte –del generador a la subestación– y 0,065% para redes de distribución –de la subestación al consumidor final–, una restricción que se ha mantenido en los sucesivos gobiernos de Sánchez y que la propia Ribera ha defendido. Estos límites fueron modificados al alza excepcionalmente como consecuencia de la crisis provocada por la pandemia y la guerra de Ucrania durante los años 2020 y 2022 –permitiendo que el volumen de inversión de la red de distribución subiera una centésima hasta un máximo del 0,14% del PIB–, pero el Gobierno de Sánchez los mantiene.
De hecho, hasta hace apenas dos meses, la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen defendía mantener los límites porque lo contrario supondría «subir los peajes a los consumidores» y lo fiaba todo a los fondos europeos. La fórmula sería canalizar recursos con el plan de recuperación, transformación y resiliencia. «Nos aporta casi 1.000 millones de euros adicionales para esas redes. Creo que eso es un gran balón de oxígeno para seguir invirtiendo en los próximos años», decía Aagesen.
Sin embargo, la demora en las obras de la red eléctrica de renovables es enorme como muestra el hecho de que se hayan adjudicado 489 millones de euros sobre un presupuesto de 900 millones. El 90% de la inversión para dar conexiones son para las instalaciones de generación de renovables y solo el 10% para conectar la demanda. Es un «déficit terrible» para la electrificación de la demanda, según indican fuentes del sector eléctrico.
Aunque Sánchez saca pecho con el segundo puesto de España como generador de energía renovable de toda la UE, con un aumento del 40%, de poco servirá si no hay cómo canalizarla. Ante las presiones, Ribera abrió una consulta pública hasta el 3 de julio para escuchar a todas las partes y tomar una decisión que a este ritmo llegará con un año de legislatura perdido.
No solo la industria está en riesgo de deslocalización por la insuficiente inversión en redes y la pérdida de competitividad derivada de mayores precios energéticos que en Francia, sino que España pone en riesgo las nuevas industrias tecnológicas, necesitadas de energía abundante y barata.
En este sentido, la Asociación Española de Centros de Datos (Spain DC) considera que la construcción de redes condiciona la llegada sólo a Madrid de 38.000 millones de euros en inversiones hasta 2030. Madrid acapara el 80% de la inversión de centro de datos en España, con cerca de 30 centros. La patronal considera que España, con el foco en Madrid, puede convertirse en el «hub» digital del sur de Europa.