Reescribiendo la historia

La dura acusación de Sánchez a Feijóo atribuyendo al PP el deseo-de-que-siga-existiendo-ETA ha sido interpretada en Génova como un gesto de hostilidad inadmisible que traspasa cualquier línea roja. Por así decirlo, es como afirmar que Aznar, Rajoy, Mayor Oreja o Rato querían que la banda terrorista matara uno tras otro a sus concejales, un “caso Miguel Ángel Blanco” sin fin, dado que el supuesto rédito electoral que tales crímenes reportarían al partido sería siempre superior al dolor que pudiera causar en las víctimas. Ciertamente, nunca antes se había llegado a tal nivel de degradación parlamentaria, pues la lucha contraterrorista en España fue siempre consensuada por PP y PSOE para evitar que los terroristas se beneficiaran aún más del terrible eco de sus crímenes. Las campañas electorales son duras, es verdad, y pueden llevar a los políticos a extremar su vocabulario de manera irresponsable. Pero la moralidad tiene límites que no deberían ser sobrepasados.

A la acusación anterior se une la jactancia de considerar que fue el PSOE el partido que acabó con ETA. Planteamiento reduccionista que denostaría sin la menor duda el mismísimo Alfredo Pérez Rubalcaba. Fundamentalmente porque siempre dijo Rubalcaba, e hizo gala de ello, que las políticas por él emprendidas contra ETA fueron previamente consensuadas con el PP, de manera que no hubo nunca iniciativa que no contara con el acuerdo previo del principal partido de la oposición. Lógico, si se tiene en cuenta que el combate a la hiedra fue enmarcado por todos los gobiernos, fuesen socialistas o populares, dentro del Pacto Antiterrorista, firmado por ambos partidos en diciembre de 2000, y que obligaba a consensuar con la oposición las políticas en este ámbito.

Por eso Rubalcaba huyó de colgarse medalla alguna, como antes hicieron Mayor Oreja o Aznar. El fin de ETA, que Sánchez se auto-atribuye, no se produjo de la noche a la mañana porque alguien tuvo mayor o menor habilidad. Fue fruto de duros años en los que las Fuerzas de Seguridad lograron desarticular un comando tras otro y descabezar a la dirección de la banda de manera reiterada y exitosa. La ilegalización del brazo político, llamado primero HB después Batasuna y otras EH, fue una medida clave, tomada por los gobiernos de Aznar, que situó a los criminales fuera de la ley y en la cárcel a sus representantes políticos. Asimismo, la persecución por la Justicia del entramado económico, el denominado “impuesto revolucionario” y su ramificación empresarial, dejó a ETA sin dinero, de manera que se cortaron los ingresos que la banda entregaba a su militancia. La colaboración internacional, particularmente centrada en la ayuda de la Francia de Sarkozy y otros, imposibilitó la libertad de movimientos de la que en tiempo precedente disfrutaban los asesinos.

Lo anterior fue fruto de un trabajo constante, gobierno tras gobierno, de un color u otro, siempre pactado con la oposición, que llevó finalmente a la serpiente en una situación de acorralamiento que le obligó a soltar las armas pidiendo negociar para aparentar que no había sido derrotada. Es cierto que ese pacto político final, con una ETA/Batasuna destrozada previamente por la Ley de Partidos que impulsó el PP con apoyo socialista, fue encabezado por Alfredo Pérez Rubalcaba, cuyo histórico distanciamiento de Pedro Sánchez es conocido. Nunca se hizo fuera del marco del denominado “Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo”, que obligaba a consensuar cualquier medida anti-ETA, sabiendo cómo se sabía que la destrucción completa de la hiedra tendría que ser, con aciertos y errores, una tarea de todos, pues todos en España sufrimos el embate sanguinario del terror diario, aunque en mayor medida los policías, guardias civiles y concejales del PP aniquilados la mayoría de las veces por el cobarde método del tiro en la nuca y a bocajarro, siempre por la espalda.

Por eso duele tanto esta revisión partidista de la historia, hecha de manera irreflexiva por quiénes nunca participaron de ella.

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