Shavkat Mirziyoyev consolida su poder en Uzbekistán
El régimen pretendía conseguir para este 1 de mayo una afluencia masiva en las urnas con el objetivo de dar una pátina de legitimidad a un referéndum ampliamente criticado por la oposición y las organizaciones en defensa de los derechos humanos. Finalmente, la reforma ha salido adelante con la aprobación del 90,21% de los votantes y con una participación superior al 84%, según los datos oficiales.
Pero los observadores internacionales detectaron una serie de irregularidades en el proceso. La Oficina de la OSCE para las instituciones democráticas y los derechos humanos (ODIHR, por sus siglas) explicó al término del recuento en una rueda de prensa en la capital, Taskent, que la votación tuvo lugar “en un entorno carente de pluralismo político y competencia genuinos”. El informe final del organismo saldrá en los próximos días, peros será con toda seguridad una lectura incómoda para Mirziyoyev.
“Las elecciones en Uzbekistán no son libres ni justas, y este supuesto referéndum solo pretendía afianzar la autoridad de Mirziyoyev y no expresar la voluntad de la población”, explica el investigador del Centro Internacional para la Defensa y la Seguridad de Tallín, Ivan U. Kłyszcz, en conversación con LA RAZÓN. “Dadas estas circunstancias, podemos especular con que, efectivamente, pretende gobernar mientras los nuevos cambios se lo permitan”.
Nada alterará el paquete de reformas de la Constitución, aprobada en 1992. Los defensores de la medida señalan que los cambios darán pie a una serie de avances económicos y mejoras sociales en el segundo país más grande de Asia Central. La Carta Magna pasará de 128 a 155 artículos, que garantizarán el derecho a unas condiciones de trabajo dignas y asistencia sanitaria y educación gratuitas, prohibirán los desahucios sin sentencia judicial y la pena capital, y penalizarán la violencia doméstica.
Uzbekistán seguirá siendo un régimen autoritario a pesar de las reformas de Mirziyoyev. El que fuera primer ministro durante 13 años, a la sombra de Karimov, se presentó como el modernizador del país y aprobó una serie de medidas de corte aperturista tras su llegada al poder. Sin embargo, todavía no ha legalizado ningún partido de la oposición, concentra todos los poderes del Estado y controla los medios de comunicación, Internet y el resto de las comunicaciones.
“Persisten las denuncias de tortura y otros malos tratos, aunque algunos casos de abusos muy sonados han dado lugar a destituciones y procesamientos de algunos funcionarios, y la corrupción a pequeña escala se ha reducido significativamente”, recoge en su informe anual Freedom House.
Mirzizyoyev ha insistido en que la reforma mejorará la situación general del país. El presidente pretende poner fin al aislamiento internacional heredado de la era Karimov para poder ingresar en la Organización Mundial del Comercio (OMC). Pero el máximo beneficiado por los cambios parece ser él mismo, que podrá seguir gobernando sin cortapisas en los próximos 17 años. Mientas, Uzbekistán atraviesa una grave crisis económica, marcada por la escasez de combustible.
En julio de 2022, estalló en la república uzbeka de Karalpakistán una protesta masiva contra una enmienda del Gobierno central para limitar su autonomía. Fue la mayor muestra de descontento público desde 2005. La respuesta de las fuerzas de seguridad no se hizo esperar. Las autoridades forzaron un apagón informativo y reprimieron con dureza las concentraciones. Decenas de manifestantes continúan en prisión.
“Tras las protestas del año pasado, los cambios constitucionales siguieron adelante, pero evitando temas y cambios que provocaran una respuesta similar de la población”, subraya Kłyszcz. Ahora, una vez aprobada la gran reforma, Mirziyoyev amaga con convocar elecciones anticipadas para finales de 2023. En este escenario, el actual presidente podría mantenerse en el cargo hasta 2037, con la excepción de que decida dimitir antes. Según la legalidad vigente, su mandato actual de cinco años expiraba en 2026.
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