Vox protesta frente a un centro de MENA y acaba con una querella
Vox tiñó ayer la campaña de polémica. La presidenta de Vox en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, y la cabeza de lista al Congreso en Sevilla, Reyes Romero, se manifestaron por la mañana contra la inmigración ilegal frente a un centro de menores del barrio de la Macarena de Sevilla. Monasterio calificó de insostenible la situación con los menores extranjeros, «que no son fácilmente integrables», según ella, y explicó que su partido defiende que no se pueden abrir más centros, pues ello produce efecto llamada a menores que al cumplir 18 años acaban sin ninguna posibilidad de conseguir un trabajo o una vivienda al estar en situación de irregularidad.
Monasterio sostuvo además que hay asistentes sociales que trabajan en estos centros que han sido agredidos por los jóvenes a su cargo. Con todo, la presidenta de Vox en Madrid negó que su acto contribuyera a generar odio y reivindicó que desde su partido se defiende al español de a pie que «tiene derecho a caminar por su barrio sin temor a ser atracado o asaltado por una manada de MENA». Según mantuvo, el objetivo de Vox es garantizar la seguridad de los barrios de todo el país y puntualizar que su formación aboga por una inmigración legal y controlada.
El acto del partido de Santiago Abascal provocó numerosas reacciones. Del lado del Gobierno andaluz, la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, aseveró que los niños del centro de menores extranjeros de Sevilla junto al que Vox convocó están «perfectamente integrados» en el barrio, donde no hay «ningún problema de convivencia», como, de hecho, confirmaron los vecinos a los medios de comunicación. Por su parte, la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, calificó como una «provocación de alguien que concibe la política desde el rencor y el odio», lo que había hecho Monasterio. Y Unidas Podemos denunció ante la Junta Electoral de Zona (JEZ) el acto de Vox, al entender que incitaba al odio y era contrario al derecho a la libre formación de la personalidad de los menores que consagra la Constitución española. Cree que la exposición pública del lugar en el que se alojan los menores supone «un perjuicio grave a su tratamiento social». Después anunció una querell