La jueza envía a prisión a dos responsables de Magrudis por tres homicidios imprudentes y lesiones
La jueza que investiga a los responsables de la empresa Magrudis, cuya carne mechada causó el brote de listeria que suma 216 afectados, ha enviado a prisión al gerente de la misma, José Antonio Marín, y a su hijo mayor Sandro, que consta como administrador único, a los que atribuye un presunto delito contra la salud pública, tres homicidios por imprudencia por las tres víctimas mortales del brote, lesiones por imprudencia grave por los afectados y dos delitos de lesiones al feto con resultado de aborto (aunque al menos hay confirmados siete). Considera que «con conocimiento, al menos desde febrero de 2019, de la presencia de la bacteria en las instalaciones de la empresa, continuaron fabricando y comercializando productos» provocando una «crisis sanitaria» que ha generado 800.000 euros en gastos a la sanidad pública sólo en los hospitales sevillanos Virgen del Rocío y Macarena. El hijo menor del gerente, Mario Marín -que consta como administrador de otra empresa, Elaborados Cárnicos Marín- quedó libre con obligación de acudir a los juzgados cada 15 días.
Los tres fueron detenidos el pasado martes durante una operación ordenada por la jueza en la que fueron registradas la nave de la empresa y las viviendas de José Antonio Marín y de su cuñada, también detenida junto a otra persona vinculada a Magrudis a los que los agentes dejaron en libertad a la espera de ser citados por la jueza. José Antonio Marín y sus dos hijos, que ante la Guardia Civil rechazaron declarar, pasaron ayer a disposición del Juzgado de Instrucción 10 de Sevilla, encargado del caso, al que también ayer los investigadores llevaron un amplio atestado. El mismo incluye escuchas telefónicas realizadas a los tres desde principios de septiembre una de las cuales, entre José Antonio y su cuñado, resulta «significativa» para la jueza, según el auto de prisión, ya que en la misma reconoce «que es cierto que en febrero había habido una alerta y se la habían comunicado, que retiró el producto y ya está porque eran pocos kilos y los tiró». Cuando se decretó la alerta sanitaria el pasado 15 de agosto, el gerente ocultó esa información y de hecho fue el laboratorio que hizo los análisis a dos muestras, una de las cuales dio positivo, quien envió un informe al juzgado el 9 de septiembre al abrirse la causa y después de que el empresario les pidiera que le enviaran sólo el resultado negativo. En su declaración ayer, ambos reconocieron que encargaron esos análisis «a raíz de que ya al parecer se habían intoxicado algunas personas en la provincia de Huelva» por comer sus productos.
Padre e hijos respondieron sólo a las preguntas de la jueza y de su defensa mientras que rehusaron contestar a la fiscal y al abogado de Facua, personado como acusación particular (ambos pidieron prisión para José Antonio y Sandro Marín).
Según fuentes del caso, durante el interrogatorio, fueron preguntados por su actuación tras conocer el análisis en febrero y respondieron que creen que tiraron la carne de la fábrica y limpiaron «mucho» con «lejía y otros productos», pero no pudieron precisar si avisaron a sus clientes para que también la retiraran de la venta y no lo comunicaron a las autoridades sanitarias porque «no sabían» que debían hacerlo. En su auto la jueza señala que tampoco consta que se lo dijeran a los trabajadores ni adoptaran medidas.
José Antonio Marín explicó a la jueza que tradicionalmente se había dedicado a comercializar productos cárnicos pero al saber «cocinar», decidió en 2013 iniciar la elaboración de productos. Magrudis estuvo funcionando tres años sin licencia y desde noviembre de 2017 no pasaba controles sanitarios, competencia del Ayuntamiento de Sevilla, al implantar ese año un sistema de autocontrol. Además, comunicó en julio de este año a la Junta «la ampliación de las instalaciones» mediante la «anexión de la nave contigua» garantizando el cumplimiento en ella del mismo sistema de autocontrol, pese a que para fabricar allí hubiera requerido el pertinente permiso. Esa nave, también registrada el martes, consta como sede de la Elaborados Cárnicos Mario, a nombre del hijo menor, de 21 años.
Por todo ello, el abogado defensor de los empresarios, Hilario Aranda, desvió responsabilidades a las administraciones públicas por una «vigilancia deficitaria». Señaló que el sistema de autocontrol «carece de garantías» y vaticinó que «esto volverá a repetirse si el sistema no cambia». Aranda, que recurrirá la prisión, lamentó que la jueza «ha obviado» pruebas de que la empresa contaba con licencia de actividad y que pasó controles sin incidentes. Negó que la cepa de listeria detectada en febrero pueda ser la causante del brote por el tiempo transcurrido.