"Esta sentencia no resolverá el problema de Cataluña"
El Tribunal Supremo es consciente del «desafío histórico» que representa el juicio del «procés», pero fuentes del Alto Tribunal precisan que «no se puede esperar que con esta sentencia se vaya a resolver al problema de Cataluña» porque, al fin y al cabo, recalcan, «no deja de ser un juicio donde lo que se va a dilucidar es la solidez o fragilidad de los elementos de prueba». Haciendo buena esa máxima jurídica que apunta que cuando la política entra en la sala el derecho sale por la ventana, esas mismas fuentes añaden que «si le damos una dimensión metajurídica (a este proceso) estamos perdidos. Para nosotros se trata solo de una controversia jurídica, por lo que las consecuencias que pueda tener en el orden político nos sobrepasan».
¿Podrá el tribunal aislarse del eco mediático y político? «Sin ninguna duda el tribunal se va a poder aislar de ese ruido político. Todos los casos que llegan al Tribunal Supremo tienen ruido político», de ahí que las fuentes consultadas descarten cualquier tipo de decisión «tacticista» por parte de la Sala.
En la cúspide del sistema judicial español están convencidos de que, tras dos siglos de historia, el prestigio del Supremo no depende de este juicio. «No podemos pensar que está en juego nuestro prestigio y credibilidad, porque eso te atenaza. Los que nos aplauden seguirán haciéndolo al terminar la vista, y los que nos critican, también». De ahí que, según las fuentes consultadas, el objetivo del tribunal sea «llevar a cabo su trabajo a la altura de su responsabilidad».
No en balde, tras meses de contumaz inobservancia de las resoluciones judiciales que culminaron con el referéndum ilegal del 1-O de 2017 y con la posterior proclamación de independencia, el epílogo del desafío soberanista en Cataluña se escribirá a partir del próximo martes ante la cúspide del sistema judicial español.
Tres meses de duración
Pese a la sonada ausencia de Carles Puigdemont, doce impulsores de ese pulso al Estado se sentarán en el banquillo del Tribunal Supremo, en el que es sin duda el juicio más importante en sus más de doscientos años de existencia, y afrontarán acusaciones de rebelión, sedición, organización criminal, malversación y desobediencia en un proceso con indudables resonancias políticas en el que se enfrentan a unas peticiones de condena de la Fiscalía de entre siete y 25 años de prisión.
El tribunal, como no puede ser de otra forma, desarrollará su labor ajeno a esos vaivenes políticos, aunque lo cierto es que el calendario electoral puede condicionar el desarrollo de la vista oral, como ya reconoció hace unos días el propio presidente del Supremo, Carlos Lesmes, en un encuentro con periodistas en la sede del Alto Tribunal. Si el 10 de mayo, cuando comienza la campaña de las elecciones municipales, autonómicas y europeas del 26-M, el juicio no ha concluido (la previsión es que dure tres meses, lo que situaría el visto para sentencia a mediados de mayo) podría incluso suspenderse para no interferir en los comicios. Y un hipotético adelanto electoral (cada vez más improbable) también podría alterar el calendario previsto. Y es que, aunque como se encargó de recordar Lesmes, no hay ninguna norma que obligue a la Sala a adoptar la medida, en supuestos similares los tribunales españoles siempre «han actuado con prudencia procurando no interferir en procesos electorales».
Y aunque el presidente del tribunal, Manuel Marchena, ya anticipó la intención de la Sala de no ser estricta con las defensas en la administración de los tiempos de intervención, en lo que sí se ha mostrado inflexible el tribunal (como antes el juez instructor y la Sala Penal del Supremo) ha sido en el unánime rechazo a la puesta en libertad de los nueve independentistas en prisión provisional, con el ex vicepresidente Oriol Junqueras a la cabeza. La última vez, hace solo unos días, cuando reiteró (ante la enésima solicitud de libertad) que los motivos que llevaron a acordar su prisión «siguen intactos». Eso sí, Lesmes garantizó que se les trasladará «con la máxima dignidad» y se evitará su «exposición pública para no generarles la más mínima incomodidad».