Hacienda mantiene el «impuestazo» al diésel a 140.000 transportistas
Si hay un colectivo especialmente sensible al precio de los carburantes es el del transporte. En España, cerca del 90% de las mercancías se mueven por carretera. Por eso, la equiparación de la fiscalidad del diésel a la de la gasolina es materia delicada para el sector. Cuando el Gobierno anunció la medida a mediados del año pasado, aclaró que la subida no afectaría a los profesionales acogidos al gasóleo profesional, es decir, a los camiones de más de 7,5 toneladas, a los autobuses y a los taxis con taxímetro. De este grupo, que se beneficia de una devolución parcial del impuesto, queda sin embargo excluido un amplio colectivo de profesionales que abarca la flota de 130.000 vehículos de transporte de menos de 7,5 toneladas y los casi 7.000 taxistas que trabajan en pequeños núcleos de población y que no utilizan taxímetro.
Sin opción
Estos casi 140.000 profesionales, tal y como está ahora mismo la legislación, no podrían beneficiarse de la bonificación y tendrían que asumir la subida de 4,6 céntimos por litro –IVA incluido– que ha planteado el Ministerio de Hacienda en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019. Por eso, la patronal del transporte, Fenadismer, ha urgido al departamento que dirige María Jesús Montero a modificar la figura del gasóleo profesional para incluir como beneficiarios a los vehículos ligeros.
Su reivindicación, de momento, ha caído en saco roto. Fuentes de Fenadismer han confirmado a LA RAZÓN que el pasado viernes se produjo una reunión entre la directora general de Transporte, Mercedes Gómez, y la de Tributos, María José Garde, a cuyo término se comunicó a los transportistas que no es posible que los vehículos de menos de 7,5 toneladas, que representan un tercio del sector, se beneficien de las exensiones del gasóleo profesional. El Ministerio de Hacienda entiende que la directiva europea que regula la cuestión no permite aplicar este beneficio a los vehículos de transporte ligeros.
Taxi
Como en el caso de los transportistas, fuentes de Fedetaxi, la asociación mayoritaria del sector, aseguran que la respuesta que han recibido del Gobierno cuando han tratado la cuestión de los taxis de las zonas rurales ha sido la misma. «La cuestión se planteó en el Comité Nacional del Transporte por Carretera, que envió sendas cartas a los ministerios de Hacienda y a Fomento. La respuesta que recibimos es que la directiva europea estipula que sólo los taxistas con taxímetro se pueden beneficiar del gasóleo profesional y que no se iba a tocar a pesar de que el Gobierno tiene capacidad para hacerlo», explican.
A pesar de la negativa expresada por el Ministerio de Hacienda en la reunión del pasado viernes, sólo tres días después, la máxima responsable del departamento, María Jesús Montero, en su comparecencia para explicar los Presupuestos, dejó una puerta abierta a una posible modificación de la directiva, si bien midió en extremo sus palabras al asegurar que la Agencia Tributaria está estudiando «si hay fórmulas» para monitorizar cuándo se usa uno de estos vehículos con fines profesionales y cuándo para fines personales a fin de evitar fraudes en la posible aplicación de la exención al carburante. «Es difícil controlar cuándo usan estas personas su vehículo para su vida cotidiana y cuándo para su trabajo», admitió la responsable de Hacienda.
Las palabras de Montero han causado cierta sorpresa en el sector de los transportistas por la aparente contradicción que suponen respecto a la postura expresada por Hacienda en la reunión del viernes. No obstante, y antes de plantearse posibles movilizaciones, el colectivo prefiere esperar a ver cómo se desarrollan las negociaciones sobre las mejoras del transporte de mercancías en las que se engloba la cuestión de la fiscalidad.
Para Fenadismer, el incremento de la fiscalidad supondría un duro golpe para los pequeños transportistas, la mayoría de ellos autónomos, porque supondría una segunda subida a sumar a la que ya soportan desde comienzos de año. El 1 de enero entró en vigor otro incremento que, según el colectivo, implica un incremento de hasta el 100% del impuesto autonómico sobre los carburantes en algunas regiones. En concreto, en Castilla-León, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Navarra, Madrid, Aragón y Extremadura han visto incrementada la fiscalidad casi cinco céntimos por litro, según los cálculos de la patronal. Fenadismer ya ha advertido de que el incremento de la fiscalidad repercutiría muy negativamente en las exportaciones españolas, «teniendo en cuenta que el destino principal de las mercancías españolas son los países de la Unión Europea (66’3% del total), las cuales son transportadas principalmente por carretera».