El 83,8% ve excesivo que haya tantos aforados
En nuestro país, más de 250.000 personas gozan del estatus de aforado. No son solo políticos, también hay magistrados, policías y otros representantes de instituciones del Estado y de las comunidades autónomas cuyo enjuiciamiento solo podrá corresponder al Tribunal Supremo o al Tribunal Superior de Justicia que corresponda. Es un número desorbitado que no tiene parangón en ningún lugar del mundo, una realidad íntimamente relacionada con nuestro Estado de las Autonomías que los últimos Gobiernos se han conjurado cambiar pero que, a fin de cuentas, ninguno ha tocado. Ahora es el PSOE el que asegura estar determinado a reducir de manera drástica la nómina de aforados, tal y como ha anunciado el propio presidente, Pedro Sánchez. Pero, ¿es realmente un privilegio que hay que erradicar? En la encuesta realizada por NC Report para LA RAZÓN, el 87,7 por ciento cree que, efectivamente, esta figura de nuestro ordenamiento jurídico supone una prerrogativa para el que la disfruta. En este sentido, el 83,8% considera que el número de aforados es desproporcionado –sobre todo los mayores de 55 años–, que apoyan dicha afirmación en un 87,1%.
Hay que tener en cuenta que la creencia extendida de que el aforamiento confiere inmunidad al funcionario público en cuestión es totalmente errónea. El 39% de los sondeados equipara ambos conceptos y son los mayores de 55 años (44,7%) los que poseen mayor desconocimiento. En lo que hay más consenso (57,4%) es en que los políticos emplean este contencioso como un arma arrojadiza, con lo que la demagogia y el oportunismo están servidos.