La sentencia de Chaves y Griñán no estará lista «antes del verano de 2019»
Motores pos verano calientes, hoy volverán a hacerse carne y nervios afectados por la pieza política del denominado «caso ERE» en la que se encausó a ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Esta mañana se retomarán en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla las sesiones de la vista oral con nuevas declaraciones. Está previsto que hasta el martes desfilen por el tribunal que preside Juan Antonio Calle una docena de testigos, entre ellos y para arrancar: Victoria Pérez, el ex consejero de la Cámara de Cuentas autonómica Antonio Marmolejo, el ex director general de Formación para el Empleo Juan Manuel Fuentes, el ex director de Industria Jesús Nieto –ex investigado en la causa–; y el ex jefe de servicio de la Intervención General de la Junta Manuel Sivianes.
Para mañana, el tribunal ha citado a otra tanda de seis nombres en la que destacan, para las defensas, los de la ex directora general del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Soledad Córdova –quien ya declaró como investigada en la pieza separada del «macroproceso» centrada en la Faja Pirítica de Huelva– y la letrada jefe de la Cámara de Cuentas, Margarita Regli, cuyo testimonio fue pospuesto. Abogados de los encausados creen que ambas pueden ayudarles a lustrar su tesis de que el procedimiento específico que el Gobierno autonómico utilizó para repartir las subvenciones era legal y amparado en normativa estatal.
Las testificales se prolongarán hasta al menos el lunes y al día siguiente dará comienzo la práctica conjunta de la prueba pericial en la que intervendrán nueve de los diez peritos que iban a ser convocados de inicio, dado que al décimo se le ha eximido por motivos de salud. Esta fase podrá prolongarse alrededor de un mes, según apuntaron desde la Fiscalía y en ella las partes podrán hacer preguntas a los distintos peritos, además de replicarse entre sí.
El de los ERE es un «macroproceso» que ha levantado «expectación mediática», según reconocen fuentes del mismo, que señalan a LA RAZÓN que no creen que este primer juicio «acabe antes de noviembre». Luego habrá que esperar a que los magistrados de la Audiencia sevillana dicten sentencia, para lo que necesitarán, calculan, «un mínimo de ocho meses», dado que se trata de «un caso muy complejo» además de que los jueces trabajarán con la «presión en la nuca», con lo que el fallo no llegará «antes del verano de 2019, sobre julio», auguran a este diario.
Hasta desde el flanco de las defensas admiten que existe «una necesidad social de condena», por lo que quieren transmitir que «la gente no debe alarmarse» si el resultado de este juicio «no son muchas».
«Éste no es “el juicio de los ERE”», argumentan. Y suman: «Aquí se juzga una cuestión presupuestaria y muy técnica, pero hay otras más de 200 piezas, con lo que habrá más vistas ligadas a lo que ha sucedido con el dinero». Unos fondos que eran públicos.