Trump expulsará a 250.000 salvadoreños en su cruzada anti latina
Más de 250.000 personas provenientes de El Salvador, que viven y trabajan en Estados Unidos desde 2001 gracias al programa de acogida activado tras los terremotos de ese año, serán devueltos a su antiguo país no más tarde del otoño de 2019. Antes que ellos fueron conminados a irse los haitianos, más de 59.000 refugiados del terremoto de 2010. Y antes, los nicaragüenses, a los que el pasado otoño les fue cancelado el llamado Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés), el programa de acogida para las 2.500 personas que llegaron desde Nicaragua en 1998.
Habían aterrizado en EE UU gracias al mismo programa que sirvió para recoger a casi 50.000 hondureños. La razón de los visados fue el huracán Mitch, que devastó la región. Lo más probable es que, finalmente, los hondureños, a punto de cumplir dos décadas en Estados Unidos, sigan los pasos de los salvadoreños, los haitianos y etc. El TPS fue instituido en 1990 por el presidente George Bush y a lo largo de los años tanto George W. Bush como Barack Obama renovaron el estatus de refugiado a los ciudadanos de los países mencionados. El encargado de expedirlo es el fiscal general, y los beneficiarios son las personas de países afectados por un «conflicto armado, un desastre medioambiental u otro fenómeno extraordinario» y que ya estuvieran en Estados Unidos. Es decir, que fueran incapaces de regresar a sus países de origen, sin importar si habían llegado de forma legal o ilegal, mientras no mejoraran las circunstancias que aconsejaban su acogida. Tal y como explica Miriam Jordan en «The New York Times», «entre los que han obtenido el permiso temporal y luego lo han perdido están [los ciudadanos] de Bosnia-Herzegovina Guinea, Sierra Leona y Liberia».
El Gobierno justifica la decisión en que «ya no existen las condiciones originales causadas» por los sismos, la razón por la que se otorgó esta protección a 263.282 salvadoreños hasta finales de 2016, según datos oficiales facilitados a Efe. «La incapacidad temporal de El Salvador para la vuelta adecuada de sus nacionales tras el terremoto ha sido abordada», sentenció el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado.
Un alto funcionario dijo ayer que el periodo de 18 meses permitirá a los afectados «preparar su partida» a su país de origen o buscar otra manera de quedarse en Estados Unidos de manera legal. «Sólo el Congreso puede legislar una solución permanente a la falta de un estatus migratorio legal duradero para los que están actualmente protegidos por el TPS que han vivido y trabajado en Estados Unidos durante muchos años», indicó el Departamento de Seguridad Nacional en su nota.
Otros países que gozaron del trado de protección fueron Angola, Ruanda, Burundi, Líbano y Kuwait, y entre los países que han solicitado el TPS para proteger a sus refugiados figuran Filipinas, Paquistán y Guatemala.
La revocación del TPS para los salvadoreños ha desatado la enésima tormenta en Washington, pero la Administración Trump, ducha en capear polémicas, no parece que vaya a ceder. Ni siquiera ante los contundentes argumentos esgrimidos por los defensores de los derechos de los inmigrantes. Entre otros, los datos que esgrime el Center for American Progress (CAP, por sus siglas en inglés), a saber, que los refugiados de El Salvador, Nicaragua, Haití y Honduras «han vivido en Estados Unidos durante un promedio de 19 años», que «sus tasas de empleo oscilan entre 69,2 y el 83,5%», que «las contribuciones hechas por los titulares de TPS [consumo, impuestos locales y federales, hipotecas, etc.] continuarán creciendo en el futuro», y que «las familias [de los refugiados] incluyen a casi 275.000 niños nacidos en Estados Unidos».
Una vez revocado el permiso de residencia –abunda el muy citado informe del CAP– tendrán que elegir. O «regresan a países que enfrentan muchas de las mismas condiciones extraordinarias que condujeron a la concesión inicial de TPS o permanecen en Estados Unidos sin un estatus legal de inmigración. Quienes regresen a sus países de origen pondrán en peligro sus vidas y las de sus familiares. Pero permanecer en Estados Unidos sin el TPS significaría no poder trabajar legalmente y vivir bajo la constante amenaza de deportación y separación familiar».
La decisión es directamente trágica en el caso de familias con menores, muchos de ellos nacidos en EE UU y, por tanto, ciudadanos estadounidenses, y otros muchos llegados al país a tan tierna edad que se trata de su país de facto. El único que han conocido. Hablamos de unos chicos que, en numerosas ocasiones, ni siquiera dominan el idioma español.
Claro que la medida del Gobierno Trump está lejos de sorprender a nadie. Basta con recordar su anunciada decisión de liquidar la protección para los «dreamers» (adultos que llegaron en el pasado a EE UU siendo niños de la mano de sus padres, inmigrantes ilegales) si antes el Congreso no les otorga la protección que el propio Gobierno está derogando. La pasada semana, la Casa Blanca entregó un borrador al Congreso con una serie de condiciones, entre otras la autorización de fondos por valor de 18.000 millones de dólares para la construcción de una parte del muro en la frontera con México, a cambio de negociar con la minoría demócrata la expulsión de los «dreamers». También solicita fondos adicionales para contratar a miles de nuevos agentes de inmigración e incluso establece la posibilidad de cortar los fondos de las llamadas ciudades santuario de la inmigración. Esto es, aquellas, como Chicago, Nueva York o Los Ángeles, que se niegan a seguir sus directrices en materia de asilo, conformando auténticos santuarios para los inmigrantes indocumentados.
La guerra está servida, por cuanto esos mismos inmigrantes son parte decisiva de la economía de esas ciudades, y cuyo sector servicios quedaría automáticamente paralizado si se llevara a cabo la expulsión masiva de estas personas. Diversos estudios, y entre ellos uno del CAP, estiman que la pérdida económica de la fuerza productiva de los salvadoreños, hondureños y haitianos acogidos por el TPS supondrá recortar hasta «164.000 millones de dólares de PIB durante la próxima década». Eso por no hablar de una «reducción de casi 7.000 millones de dólares en contribuciones a la Seguridad Social y el Medicare durante el mismo periodo».