OVP cumplió 17 años en defensa de los DDHH de los presos en Venezuela
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Este martes 24 de septiembre, día de Nuestra Señora de las Mercedes, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) arriba a su 17° aniversario en defensa de los más vulnerables: los privados de libertad en Venezuela.
En 17 años de gestión, esta organización no gubernamental ha publicado al menos 14 informes y libros de valor incalculable para la Defensa de los Derechos Humanos en Venezuela, tales como “Las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos (Reglas Mandela), “El retardo procesal le roba la vida al ser humano”, “Portafolio de propuestas penitenciarias”, “A la sombra de la sociedad”, “Diplomado en capacitación integral para el oficial de asistencia a las personas privadas de libertad”, “Manual de descentralización de los centros penitenciarios”, “Compendio de normas y estándares nacionales e internacionales sobre personas privadas de libertad”, “Los DDHH y el debido proceso de las personas privadas de libertad”, “Informe sobre la situación de salud de las personas privadas de libertad”, “Situación procesal de las personas privadas de libertad en Venezuela”, “Cuadro metodológico de la situación de los derechos humanos y procesales de las personas privadas de libertad en Venezuela” y “Quemados detrás de las rejas”.
En su misión de promover y vigilar que los Derechos Humanos de las personas privadas de su libertad sean garantizados por el Estado, el OVP vela por el cumplimiento de las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de seis centros penitenciarios: el Internado Judicial de Monagas “La Pica”; los centros penitenciarios Yare I y Yare II; el Centro Penitenciario de la Región Centro-Occidental “Uribana” y los internados judiciales Rodeo I y Rodeo II, con fechas del 30 de marzo de 2006 y el 30 de noviembre de 2007.
En ese sentido, el OVP denuncia constantemente el incumplimiento de estas medidas que son ejemplarizantes para el resto del mundo. Vale destacar que solo tres países tienen medidas provisionales en sus cárceles: Venezuela, que es el que más medidas tiene; Brasil, con dos medidas, y Argentina con una.
También es importante resaltar que la labor del OVP tuvo una destacada mención en el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUD), Michelle Bachelet, durante su reciente visita a Venezuela, donde señalaron al Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), a la Dirección General de Contrainteligencia (Dgcim) y a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) por cometer delitos de violencia sexual contra mujeres y niñas durante su detención.
En tanto, el equipo del Observatorio se mantiene atento ante las constantes vejaciones a los presos y sus familiares, quienes son acompañados y asesorados en todo momento, tomando en cuenta que la población penitenciaria es una de las más afectadas por la escasez de productos alimenticios, medicamentos, agua, electricidad, entre otros servicios al que deben tener acceso como garantía de sus Derechos Humanos.
OVP logró que CIDH presente caso del INAM de San Félix ante la Corte IDH
El viernes 5 de abril la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso de los cinco reclusos fallecidos durante un incendio en el Centro de Tratamiento y Diagnóstico “Monseñor Juan José Bernal” en San Félix, estado Bolívar, el 30 de junio de 2005.
Las cinco víctimas de esta tragedia fueron identificadas como José Gregorio Mota Abarullo, Gabriel de Jesús Yáñez Sánchez, Rafael Antonio Parra Herrera, Cristián Arnaldo Molina Córdova y Johan José Correa.
Con respecto a este caso, la Comisión determinó que “el Estado violó los derechos a la vida e integridad personal de las víctimas, en relación con las obligaciones en materia de niñez, en vista de su incumplimiento del deber de prevención y del sufrimiento causado por la muerte a causa de asfixia, sofocación y quemaduras”.
Asimismo, identificaron una serie de elementos que evidenciaron la falta de una política penitenciaria de prevención de situaciones críticas, lo cual se vio reflejado en las condiciones de vida del Centro de Responsabilidad Penal del Adolescente en San Félix, lo que según el director del OVP se repite en el resto de los recintos penitenciarios en el territorio nacional.
De igual manera, considera que se configuró una clara violación al plazo razonable, dado que han pasado casi 14 años desde la muerte de las víctimas y 12 años desde la imputación de los presuntos responsables en 2006 y los hechos permanecen en total impunidad.
Caso Francisco Guerrero Lárez
Francisco Guerrero Lárez desapareció el 7 de septiembre de 2009, y presuntamente fue descuartizado y enterrado dentro de las instalaciones de la Penitenciaría General de Venezuela (PGV), donde cumplía pena de 13 años de prisión acusado de robo agravado en grado de autoría.
Desde entonces, sus familiares fueron acompañados por el equipo del OVP, quienes realizaron las diligencias legales sin lograr respuestas. Ante la mirada inerte del Estado venezolano, se acudió ante el Comité contra la Tortura [CAT] de las Naciones Unidas el 6 de septiembre de 2010, donde nuevamente el Estado no cooperó ni tramitó observaciones sobre el hecho.
Cuatro años y ocho meses después de la queja ante el CAT, esta instancia internacional reconoció la responsabilidad del Estado venezolano en el caso Guerrero y fue señalado por la violación de los artículos 1, 2, 11, 12 y 14 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o penas Crueles Inhumanos y Degradantes.
Contra viento y marea
Cuando el Ministerio de Servicios Penitenciarios guardó silencio tras una reyerta ocurrida el 6 de abril de 2016, donde murieron 8 reclusos calcinados y otros 24 resultaron heridos, el director de la ONG Humberto Prado y su equipo alzaron su voz y finalmente lograron, por primera vez en Venezuela, que la CIDH solicitara la adopción de medidas cautelares a favor de la vida e integridad de todas las personas que se encontraban privadas de libertad en el Centro de Coordinación Policial General José Francisco Bermúdez.
En ese entonces, la CIDH emitió una medida provisional a favor de Humberto Prado, requiriendo al Estado venezolano protección para los reclusos y el defensor, cuya lucha le ha traído múltiples amenazas contra su vida e integridad física a lo largo de estos 17 años.
Diversas organizaciones internacionales se han pronunciado para que el Estado venezolano tome acciones de protección y garantía a favor de este defensor de derechos humanos. La Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), a través de su Observatorio, condenó la acumulación de actos de hostigamiento y la campaña de desprestigio que se ha llevado a cabo en contra de Prado; mientras que FrontLineDefenders declaró su preocupación por el hackeo de la cuenta en Facebook, la violación de las comunicaciones privadas y la difamación continua en su contra.
Igualmente, la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas (ACNUDH) en América del Sur rechazó las descalificaciones, al igual que la organización Amnistía Internacional.
Nota de prensa
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