Regular para avanzar. La arquitectura institucional de la transición energética
La transición energética es, ante todo, un proceso de construcción institucional. No se trata únicamente de instalar más capacidad renovable o de incorporar nuevas tecnologías, sino de diseñar las reglas del juego que permitan que ese cambio ocurra de manera ordenada, justa y sostenida en el tiempo.
Un marco regulatorio claro, amplio y alcanzable es uno de los pilares fundamentales para lograrlo. Claro, porque debe eliminar ambigüedades y reducir la discrecionalidad; amplio, porque debe considerar la diversidad de tecnologías, modelos de negocio y escalas de participación; y alcanzable, porque debe ser realista, coherente con las capacidades técnicas, económicas y operativas del sistema energético.
Cuando la regulación es confusa, cambiante o excesivamente restrictiva, el resultado suele ser el mismo: se frena la inversión, se encarece el financiamiento y se ralentiza la incorporación de soluciones limpias. En cambio, cuando las reglas son estables y predecibles, los proyectos fluyen, la innovación se acelera y los beneficios, ambientales, económicos y sociales, comienzan a materializarse.
Las entidades del sector público y las instituciones normativas no pueden limitarse a un papel reactivo. Su función va mucho más allá de autorizar, supervisar o sancionar. Son responsables de crear las condiciones para garantizar la suficiencia energética del país, asegurando que el suministro sea seguro, confiable y resiliente frente a eventos climáticos extremos, fallas técnicas o cambios abruptos en la demanda.
Esto implica entender que la regulación debe evolucionar al ritmo de la transición. Tecnologías como la generación distribuida, el almacenamiento, la digitalización de redes o los esquemas de flexibilidad requieren marcos normativos modernos, que reconozcan su valor sistémico y permitan su integración sin fricciones innecesarias.
Por supuesto, la regulación es indispensable. Debe haber reglas y controles que garanticen el cumplimiento de las obligaciones, la estabilidad del sistema eléctrico y la protección de los usuarios. Pero regular también implica proteger derechos, entre ellos el derecho a un acceso equitativo a la energía, a participar en el mercado bajo condiciones justas y a beneficiarse de los avances tecnológicos. Regular con visión de futuro significa anticipar escenarios, no reaccionar cuando los problemas ya son evidentes.
Una regulación bien diseñada no castiga la innovación ni penaliza a quien invierte; por el contrario, establece incentivos correctos, corrige fallas de mercado y promueve una competencia sana. Además, contribuye a generar confianza social, un elemento clave para que la transición energética sea aceptada y respaldada por la ciudadanía.
En este contexto, el diálogo permanente entre autoridades, reguladores, empresas, academia y sociedad civil es esencial. La construcción de un marco regulatorio eficaz no puede ser unilateral ni estática; debe nutrirse de evidencia técnica, experiencia operativa y una comprensión clara de los objetivos climáticos y de desarrollo del país.
Construir el futuro energético requiere algo más que voluntad política o avances tecnológicos aislados. Requiere instituciones sólidas, reguladores técnicos e independientes, y una visión compartida de largo plazo. Regular para avanzar significa entender que el marco normativo no es un fin en sí mismo, sino una herramienta estratégica para acelerar la transición hacia un sistema energético limpio, seguro y confiable.