La educación ya no es noticia
En México, la educación ha dejado de ser noticia. Durante el 2025, el Estado mexicano falló en su obligación más básica: garantizar el derecho a aprender. No fue por falta de recursos, sino por falta de decisiones. Mientras se celebró la asistencia, el aprendizaje quedó relegado. Mientras se eliminó la evaluación, se pidió confianza. Y mientras miles de escuelas cerraban, la educación desapareció de la agenda pública.
Y eso debería alarmarnos. Porque cuando millones de niñas, niños y jóvenes dejan de aprender, el silencio no es neutral: es cómplice. El saldo educativo de este año es preocupante. Este año, miles de escuelas cerraron parcial o totalmente por violencia, desastres naturales, vandalismo e infraestructura deficiente. Prácticamente ningún estado puede garantizar que, a la mitad del ciclo escolar, las escuelas cumplan con los días obligatorios de asistencia. Cada cierre implicó días —a veces semanas— sin clases y sin alternativas.
De acuerdo con el Observatorio de Medios de Mexicanos Primero, en 2025 se registraron cierres escolares vinculados a la violencia en al menos nueve entidades, entre ellas Chiapas, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas. A ello se sumaron cierres por inundaciones y fenómenos naturales en Veracruz, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí, así como afectaciones por robos y actos vandálicos en escuelas de más de una decena de estados.
Pero la crisis va más allá de las puertas cerradas. México enfrenta una caída sostenida en la matrícula y un deterioro profundo en los aprendizajes. La cobertura neta en educación básica para el ciclo 2024–2025 es de 89%. Dicho de otro modo: 11 de cada 100 niñas y niños en edad de cursar la educación básica no están en la escuela. En educación media superior, el panorama es aún más grave: 4 de cada 10 jóvenes de entre 25 y 34 años no han concluido este nivel educativo. México sigue siendo el país de la OCDE con mayor rezago en la conclusión de la educación media superior. Esto limita las oportunidades laborales de millones de jóvenes y perpetúa desigualdades que el sistema educativo debería corregir, no reproducir.
El Índice de Progreso Social de México, elaborado por México, ¿Cómo vamos?, confirma esta tendencia: en 2025, la educación básica alcanzó su peor nivel en una década. El acceso a conocimientos básicos se encuentra en su punto más bajo desde 2015 y la matrícula en preescolar y primaria continúa en descenso. Son datos duros, persistentes y difíciles de ignorar.
A esta realidad se suma una decisión estructural con efectos de largo plazo: la desaparición de Mejoredu y de los órganos constitucionales autónomos en materia educativa. Con ello, el país perdió más de dos décadas de información, evaluación y análisis independiente. Hasta hoy, la Secretaría de Educación Pública no ha garantizado el acceso público a los archivos del INEE y de Mejoredu, dejando al sistema educativo sin una evaluación integral y sin evidencia imparcial para mejorar políticas, programas y aprendizajes. Sin diagnóstico no hay mejora posible. Sin evaluación, la educación se reduce a un acto de fe.
El presupuesto educativo aprobado para 2026 refleja estas prioridades desbalanceadas. Aunque el gasto total aumentó, la mayor parte se concentra en nómina, becas e infraestructura. La inversión en formación docente es mínima: apenas 14.5 millones de pesos adicionales para más de un millón de maestras y maestros que requieren formación y actualización para implementar la Nueva Escuela Mexicana.
México, además, se mantiene entre los países de la OCDE que menos invierten por estudiante, solo por encima de Perú, mientras que las familias mexicanas cubren casi el doble del gasto educativo que el promedio del organismo. El derecho a aprender sigue dependiendo, en buena medida, del ingreso de los hogares. La infraestructura escolar tampoco acompaña el discurso: 4 de cada 10 escuelas no cuentan con servicios básicos completos y 7 de cada 10 no tienen acceso a internet. Aprender en esas condiciones no solo es difícil: es profundamente injusto.
En el ámbito estatal, la falta de planeación y continuidad agrava el panorama. Tlaxcala sigue sin publicar su Programa Sectorial de Educación; Oaxaca y Michoacán lo hicieron hasta 2025, con retrasos significativos. Durante el año, seis entidades cambiaron de titular en sus secretarías de educación. Hoy, la permanencia promedio en el cargo es de apenas dos años, insuficiente para construir políticas sostenidas y evaluables.
El recuento de 2025 no es alentador. Pero no es inevitable. Desde Mexicanos Primero insistimos: es urgente reconstruir las bases del sistema educativo, recuperar la evaluación, fortalecer a las y los docentes, asegurar condiciones dignas en las escuelas y poner el aprendizaje en el centro de la política pública.
La educación dejó de ser noticia, pero sus consecuencias no dejarán de cobrarse. Cada generación que aprende menos vive peor. Recuperar el aprendizaje no es una opción ideológica: es una obligación del Estado. Y el tiempo para asumirla se está agotando.