Protegiendo empresas y gobiernos de terroristas mexicanos
No fue el primer email que recibieron empresarios de la oficina de “Dirección Legal & Compliance” de la Cadena Comercial OXXO. El mensaje estaba dirigido a proveedores y socios comercio de esta cadena de tiendas de conveniencia. En el mensaje, OXXO advierte que con la designación de 6 organizaciones criminales que operan en México como “Organizaciones Terroristas Extranjeras” (FTO, por sus siglas en inglés) “OXXO mantendrá una política tolerancia cero frente a cualquier vínculo o apoyo directo o indirecto a dichas organizaciones”.
Estos mensajes son las primeras señales de cómo empresas mexicanas corren enormes riesgos financieros, jurídicos y reputacionales si no toman pasos extraordinarios para protegerse de las sanciones que pudieran surgir si socios, colaboradores, ejecutivos o empleados “realizan pagos, favores, colaboración o acuerdos que puedan beneficiar a grupos criminales”.
Como lo mencioné con anterioridad en este espacio, la estrategia de FTO no solo se traduce en perseguir y sancionar a los lideres de las organizaciones criminales y sus familiares, operadores, las personas y empresas que se benefician financieramente de las actividades delictivas. Pero esta nueva estrategia de Donald Trump facilita la vinculación con estas organizaciones terroristas con posibilidades de sanciones, a funcionarios, políticos, partidos, empresas y personas (incluyendo grupos musicales), aunque no haya un claro beneficio económico. Esta declaratoria no solo persigue a los que se benefician, pero también a los “simpatizantes” o los que no tomaron los pasos necesarios para asegurar algún beneficio-por indirecto que sea-que favorezca a los “terroristas” mexicanos y sus organizaciones criminales.
Con más de 21 mil tiendas OXXO en el país, el reto es extraordinario: ¿Cómo prevenir arrendar de algún familiar o persona vinculada a CJNG? ¿Cómo vetar todos los proveedores? ¿Cómo asegurar que un porcentaje importante de las transferencias bancarias del OXXO de la esquina están vinculados a la estructura de extorsiones o secuestros perpetuados por los Chapitos? ¿Quiénes compran las tarjetas SIMS y los celulares de los OXXOs en estados controlados por estas organizaciones criminales? Si se comprueba que un porcentaje de los OXXO en el país se ven obligados a pagar “cobro de piso”, a cambio de asegurar que no quemen la tienda ¿Podría FEMSA-conglomerado, con presencia en Estados Unidos, enfrentar sanciones en otros países donde Estados Unidos declaró una organización como terrorista y se han traducido en juicios penales con multas para las empresas?
Por eso, en el memorándum que envía OXXO a sus proveedores y socios comerciales subraya-hasta con negrillas-que “ante cualquier vínculo directo o indirecto con FTOs, OXXO se reserva su derecho de terminar inmediatamente la relación comercial”, recordándoles que pueden consultar el “Principio Guía para Proveedores”, que incluye un link para el documento. Pero OXXO va más allá de exigir evitar contacto con estas organizaciones criminales: les solicita que “cualquier actividad inusual o posible irregularidades sean reportadas de forma inmediata en el área de Compliance, a través de los canales confidenciales que tienen disponibles”.
Anteriormente estas empresas tenían que preocuparse exclusivamente de la seguridad de sus empleados, productos y edificios, en un entorno creciente de control territorial del crimen organizado. Pero ante las amenazas de la agresiva estrategia de FTO de la Casa Banca, la pregunta que empieza a plantearse es la viabilidad legal de los negocios en un contorno donde estos “terroristas” literalmente controlan la economía local definiendo dónde compran, qué pueden comprar y quién puede vender.
Pero este mismo dilema lo tienen los gobiernos locales y estatales. Y al igual que las empresas nacionales deberían de haber tomado pasos contundentes para asegurar que las alcaldías y funcionarios pueden demostrar que han tomado pasos para deslindarse de los vínculos económicos y financieros de las organizaciones criminales. ¿En algún estado o municipio han publicado un manual o un memorándum de “mejores prácticas” que aseguren distancia con las organizaciones criminales? ¿Al igual que OXXO, tienen las alcaldías una forma de reportar actividades sospechosas?
Obviamente, la respuesta es no. El problema fundamental es que un porcentaje está controlado por organizaciones criminales que cogobiernan, extorsionan o simplemente amenazan y matan a funcionarios que no se alinean con los intereses económicos de estos terroristas. Pero al igual que FEMSA, que es operadora y propietaria de OXXO, el Gobierno de México y los partidos también tienen responsabilidades con lo que sucede en los gobiernos locales. No se pueden desvincular de sus alcaldes y gobernadores en relación con los vínculos criminales o de sometimiento que resultan en sanciones descritas en la ley FTO.
Está por verse si los extraordinarios pasos que ha tomado OXXO serán suficiente para satisfacer las autoridades estadounidenses.
Pero en el caso del gobierno de México ni siquiera se está discutiendo una estrategia. Ignorancia o negligencia no es suficiente para eximir responsabilidades.