En el Gobierno se muestra en privado satisfacción con el contenido de la sentencia y se pretende aprovechar su posición institucional para marcar el camino al resto de formaciones sin perder de vista la cita electoral del 10-N.
El presidente en funciones compareció pasado el mediodía. En primer término manifestó el «acatamiento» de la sentencia, algo que vinculó inmediatamente con un rechazo a abrir un debate sobre los indultos: «El acatamiento significa su cumplimiento. Reitero, significa su íntegro cumplimiento». Sánchez destacó que el juicio se ha desarrollado «con plenas garantías y absoluta transparencia», llegando a definirlo como «un proceso judicial ejemplar».
El Gobierno espera contar «con la cooperación leal de todas las fuerzas políticas comprometidas con la Constitución, para actuar con una sola voz». Por la tarde Sánchez contactó por teléfono con Pablo Casado, Albert Rivera y Pablo Iglesias. A los dos primeros transmitió «que si fueran necesarias medidas excepcionales, éstas serían compartidas», y encontró «un clima positivo de lealtad institucional, apoyo y unidad». En el caso de Pablo Iglesias el Gobierno dijo encontrar el mismo tono y también le animó a sumarse a eventuales medidas. Podemos no comparte medidas excepcionales, pero desde la formación evitaron hacer valoraciones. El contacto con los tres se mantendrá en los próximos días.
En el Ejecutivo la sensación es que los altercados no serán graves y que las autoridades de la Generalitat evitarán proceder de un modo que pueda conllevar responsabilidades penales. Aunque en cualquier caso se comprometió a aplicar la legalidad «sin excluir» ningún instrumento: «En los próximos días, el Gobierno de España, que cuenta con todas las atribuciones que la legalidad le corresponde, se mantendrá atento, y garantizará la convivencia, la seguridad y el respeto a la legalidad democrática».
Pablo Casado optó por comparecer en el Congreso de los Diputados, y no en la sede del PP, para leer su declaración. El presidente del PP subrayó que «no se han juzgado ideas políticas sino graves violaciones de la Ley y el orden público y constitucional». Casado instó al Gobierno a responder con «contundencia» cualquier llamamiento a la insurrección o desobediencia, y defendió la aplicación inmediata de la ley de Seguridad Nacional, la ley de estabilidad presupuestaria para controlar el gasto de la Generalitat y la ley de Acción Exterior, para cerrar Diplocat. Entre otras medidas, propuso reincorporar el delito de rebelión impropia al Código Penal y recuperar la competencia en materia penitenciaria.
En Ciudadanos admiten en privado que esperaban una sentencia por rebelión, pero alaban el «impecable» trabajo de los magistrados del Supremo. Su líder, Albert Rivera, reclamó desde el Congreso una reunión a tres con Sánchez y Casado —encuentro que descartó «por el momento» el líder socialista— y avisó a Torra: si retoman la senda de sus antecesores, «van a terminar en la cárcel». También dio las gracias, en catalán, a los «héroes» del «procés»: jueces, fiscales, Policía y Guardia Civil.
Por su parte, el líder de Podemos, valoró que si Sánchez rechaza el indulto, es porque quiere pactar con el PP después del 10-N. «En España se indultó a los terroristas Barrionuevo y Vera, al jefe del golpe de Estado del 23-F Armada y el Supremo llegó a pedir el indulto a Tejero», rememoró, cada vez más lejos del PSOE. A pesar de «discrepar» con los independentistas y de «respetar» la sentencia, Iglesias considera que es un error «judicializar» lo que aborda como un «conflicto político» y apeló al «diálogo».
Desde Vox, su presidente, Santiago Abascal, anunció ayer frente al Tribunal Supremo que esta formación política recurrirá la sentencia y advirtió de que «hay un golpe de Estado vivo en Cataluña. Un Gobierno regional en plena rebeldía que ha apostado con claridad por la vía violenta eslovena. Un Ejecutivo que se ha atrevido a apoyar a unos terroristas».
