Después de analizar con detalles los exámenes periciales elaborados a raíz del derrumbe del muelle de As Avenidas en agosto 2018, durante un concierto del festival O Marisquiño, el juzgado de Instrucción Número 3 de Vigo ha movido ficha señalando como investigados a dos técnicos del ayuntamiento y a los responsables de control del Puerto. La decisión del tribunal se basa en una evidente falta de «inspecciones y mantenimiento» de la estructura que se vino abajo dejando un reguero de 400 personas heridas, la mayoría jóvenes e incluso menores que asistían a la actuación. «A día de hoy no consta que ni el Puerto, como titular de dicho paseo sobre el mar, ni el Ayuntamiento, como firmante del acta de entrega de las obras y del convenio en el que se hace cargo del mantenimiento, hayan realizado ninguna actuación ni inspección para el mantenimiento y conservación de dichas obras ni se hayan requerido uno al otro para ello, a pesar de los muchos años transcurridos desde su construcción inicial y su remodelación con el proyecto Abrir Vigo al Mar».
La decisión de la juez incide en la gravedad de que la estructura se construyó hace más de 30 años y, desde entonces, según todas diligencias practicadas, «no se ha llevado a cabo por ninguna de las entidades titulares, cesionarias o usuarias de dicha construcción sobre el borde marítimo actividad alguna de conservación o mantenimiento, a pesar de que los paneles prefabricados se encontraban a poca altura sobre el nivel del mar y en la zona de salpicaduras, que es donde el ambiente marítimo ha causado mayores daños sobre los paneles de hormigón y acero» subrayan desde el juzgado acerca de las circunstancias que envolvieron el suceso. A propósito de las causas de la caída del muelle, el auto apunta a un colapso consecuencia «del avanzado estado de corrosión del armazón de acero de los paneles prefabricados que la sostenían durante la celebración del evento».
A pesar de la falta de mantenimiento, los dos entes responsables concedieron autorizaciones para el evento. Una actuación por la que la jueza «deduce indiciariamente» la posible comisión de un delito de lesiones por imprudencia. De manera directa, el auto cita como investigados a dos técnicos del Ayuntamiento olívico, el ingeniero jefe de Vías y Obras, J.C.C., y el jefe de Urbanización e Infraestructuras, J.A.G.. Además, insta al Puerto a que identifique al técnico o técnicos encargados del control y supervisión del estado de infraestructuras portuarias, a los que también se tomará declaración como investigados.
467 heridos
En la misma línea de argumentación que basa su decisión, el auto emplaza a la Autoridad Portuaria como responsable civil, «dada la cesión de uso sobre el terreno de su titularidad realizada sin tener constancia de la existencia de revisiones o inspecciones llevadas a cabo por cualquier cesionario desde que se construyó la estructura colapsada» y cita a la directora del Puerto, B.C.F., en calidad de responsable civil para que aclare las circunstancias de la firma del contrato de cesión de uso de dicho terreno a la empresa que celebraba O Marisquiño. La mayoría de los heridos, 467 personas, sufrieron traumatismos de distinto calado por los que aún no han recibido compensación.
