No debiera serle demasiado difícil al promotor de la acción disciplinaria del CGPJ contra la juez Núñez Bolaños encontrar pruebas de lo que han venido denunciando los seis fiscales Anticorrupción (todos) de la Audiencia Provincial de Sevilla, queja tan bien argumentada que el propio fiscal jefe la trasladó al órgano de gobierno de los jueces para que dirima si se trata de una falta grave o muy grave. Ahora, un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil les sirve esas pruebas en bandeja al confirmar, casi punto por punto, las dilaciones y trompicado proceder de la magistrada en las macrocausas que instruye: solicita informes y los frena poco después, no aporta a los investigadores la documentación del sumario y por contra requiere dos veces informes que ya se han aportado a la causa. El oficio de la UCO fue dirigido al juez que sustituye temporalmente a Núñez Bolaños (ella sigue de baja) y este ha dado traslado a las partes informándoles que se va a remitir a la Benemérita la documentación que los agentes de la UCO echan en falta.
Lo cierto es que la actitud de la juez que relevó en el juzgado de la Audiencia sevillana a Mercedes Alaya es de una negligencia difícil de parangonar, como ya en su día expusieron los fiscales en su escrito de queja contra la magistrada. No es extraño que las piezas separadas del escándalo de los ERE vayan prescribiendo ante tanta dilación, y que las que sobreviven a semejante marasmo procesal sean archivadas, como la de los Cursos de Formación -cuyo montante presuntamente defraudado supera con creces al desfalco de los ERC- que ahora la Audiencia le ha ordenado reabrir.
