El juez pide al Supremo que impute a Barberá por blanqueo de capitales
El juez encargado de investigar el caso Taula, seguramente el mayor asunto de corrupción que afecta al PP en la Comunidad Valenciana, ha pedido al Tribunal Supremo que investigue a la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, por un supuesto delito de blanqueo, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
El magistrado, que ya ha imputado a medio centenar de concejales, asesores y trabajadores del PP en Valencia, cree que hay indicios de la participación de Barberá en la trama. El partido habría ideado un sistema para blanquear dinero procedente de mordidas en adjudicaciones públicas que habría servido para financiar ilegalmente al partido.
El Tribunal Supremo es él único que puede investigar a Barberá, aforada por su condición de senadora. La exalcaldesa, que ha negado las acusaciones en varias comparecencias públicas, envío un escrito al magistrado negando su implicación en los hechos. Éste le había pedido su comparecencia voluntaria al apreciar que “existen indicios suficientes de su participación” en el asunto.
Las explicaciones de la política no han convencido al juez. Por ello, ya ha enviado su escrito al Supremo -la exposición razonada, en jerga judicial- para que este tribunal asuma la investigación contra Barberá previa autorización -vía suplicatorio- del senado. El PP ha blindado como aforada a la senadora en caso de haya nuevas elecciones generales.
El magistrado cree que sería "incoherente" no investigar a Barberá de la misma manera que a los otros 47 imputados por el caso. Aunque el instructor reconoce que ninguno de los declarantes -singularmente, los dos asesores imputados que reconocieron el blanqueo y cuatro testigos que se negaron a hacerlo- ha vinculado a la exalcaldesa con el supuesto delito, señala los indicios que vinculan a la senadora con el caso.
El principal, su relación con Carmen García-Fuster, una de las imputadas. La exsecretaria del grupo popular en el ayuntamiento se ha negado a desvelar la procedencia de más de 200.000 euros que ingresó entre 2003 y 2011. Su dependencia jerárquica de Barberá, y la estrecha relación de amistad entre las dos, levanta la sospechas del juez. Éste considera "significativo" el silencio de García-Fuster sobre el origen de ese dinero.
El escrito del magistrado también hace alusión a las conversaciones grabadas por la policía a otra imputada en el asunto, la exconcejal María José Alcón. Ésta hizo alusión, en un diálogo con su hijo, a la "corrupción total del PP". "En dicha conversación la investigada cita a Rita Barberá, la aforada, y por entonces alcaldesa de Valencia, si bien sin hacer una imputación precisa de hechos concretos en esa operativa", dice el juez.
Blanqueo de capitales, financiación ilegal, delito electoral
El juez, la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) creen que el PP de Valencia -el partido, como tal, está imputado por el asunto- ha podido cometer un delito de blanqueo de capitales relacionado con su financiación ilegal, que habría sido utilizada para costear sus campañas, lo que, supuestamente, sería un delito electoral.
En el transcurso de la investigación del caso Taula, los investigadores detectaron un rudimentario sistema de blanqueo de dinero procedente, supuestamente, de comisiones ilegales Concejales, asesores y personal administrativo del grupo popular en el ayuntamiento transferían 1.000 euros por vía bancaria que luego recuperaban en dinero negro. Algún asesor reconoció la práctica en el juzgado. La mayoría de los implicados lo negó: Todos ellos -Barberá incluida- reconocieron el donativo pero no que el dinero les fuera devuelto.
Nueve de los 10 concejales del PP de Valencia están imputados por el asunto, lo que ha forzado al PP a nombrar una gestora para dirigir el partido en la ciudad. Aunque la dirección regional quiere que los ediles dimitan para sustituirlos por otros, éstos se niegan.