Pedro Sánchez frena las protestas internas contra la supresión de las diputaciones
Según fuentes de Ferraz, el candidato a la presidencia del Gobierno ha sosegado los ánimos convenciendo a los barones contrarios a la propuesta de que no es el momento de discutir el tema a fondo porque la medida va para largo, ya que sólo puede plantearse tras un cambio constitucional -ahora inalcanzable por la posición contraria del PP-, y que en todo caso se hará por consenso de partidos e instituciones.
Un argumento no explícito ha ayudado, además, a frenar el impulso inicial de cuestionar el pacto entre PSOE y Ciudadanos por culpa de la supresión de las diputaciones. Según fuentes parlamentarias vinculadas a Andalucía, Aragón y Valencia -las federaciones que mantienen las tres posiciones diferenciadas sobre la materia-, existe el convencimiento general de que este no es el momento oportuno de mostrar ningún tipo de división interna teniendo en cuenta que es muy posible que el 26 de junio se repitan las elecciones generales.
Los valencianos de Ximo Puig y los aragoneses de Javier Lambán, que coinciden abiertamente con Sánchez en su posición actual de suprimir las diputaciones a cambio de que la atención a los ayuntamientos pequeños las hagan otras entidades como las mancomunidades o los propios municipios -para lo que consideran que su modernización hay que acordarla con la FEMP-, dicen tener claro el apoyo aunque insistan en la necesidad de consensuar las competencias de los nuevos Consejos Provinciales de Alcaldes de ayuntamientos con menos de 20.000 habitantes que se creen. Por su lado, los andaluces no han sido tan claros pero ya hablan de “racionalizar” las competencias que desempañan las distintas administraciones para evitar duplicidades. De hecho, incluso el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, se ha mostrado partidario de esa racionalización y allegados a Susana Díaz han señalado a este diario que el asunto no será motivo de rechazo del pacto ni de imposición de que se modifique ese punto.
La razón es que los presidentes socialistas de diputaciones provinciales que se han mostrado contrarios porque podían ver amenazado directamente su cargo se han tranquilizado al saber que va para largo y que antes de ponerlo en marca se discutirán a fondo con ellos las posibles modificaciones. Una tranquilidad que les ha fundamentado la Ejecutiva Federal con sus argumentos sobre el tiempo en que el acuerdo podrá ponerse en marcha.
El Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Antonio Hernando, lo dio a entender claramente en RNE. Tras defender la “importante labor de las diputaciones” en la prestación de servicios esenciales para los municipios más pequeños y explicar que “hay que modernizarlas mucho”, entró al trapo destacando que ese proceso modernizador “lo tenderemos que iniciar una vez que nos enfrentemos a la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local como consecuencia de la reforma constitucional” que propone el acuerdo.
También reseñó que antes de aprobar nada hay que conseguir el consenso de todos. “Lo vamos a hacer con todos los presidentes de las diputaciones, todas las administraciones, todos los ayuntamientos y todos los partidos políticos y es muy importante que lo saquemos en consenso porque estamos hablando de unas estructuras fundamentales para todos los ciudadanos”.
Para largo
O sea, dijeron a este diario las mismas fuentes, que hay que esperar a que se haga la reforma constitucional, luego la Ley de Bases y, por último, tras alcanzar un consenso que debe incluir al PP. “Es una medida que no debe intranquilizar a nadie porque no es de hoy para mañana”, sentenció un destacado diputado socialista.
Por si acaso, Sánchez y su fiel escudero César Luena aceleran a toda máquina la participación de los militantes en la consulta que mañana debe sancionar el pacto. Quieren que el apoyo no sólo sea mayoritario, como dan por seguro, sino también significativo. Entre otras cosas porque la ratificación masiva del acuerdo ayudará al candidato socialista a contener a sus más desavenidos adversarios dentro del partido.
Es decir, señalan en Ferraz, algunos barones que reciben las presiones de los presidentes de diputación que temen perder su cargo y que, en algunos casos, quieren aprovechar la coyuntura para desgastar nuevamente la figura de Sánchez aunque, eso sí, teniendo cuidado de no dañar al partido por su propio bien. En esta ocasión, aseguran, no es el caso de la andaluza Susana Díaz, quien ya había sido consultada por Sánchez sobre el acuerdo antes de firmarlo.
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