Qué implica que el Parlamento Europeo solicite un dictamen jurídico al TJUE sobre el acuerdo con Mercosur
El Parlamento Europeo aprobó este miércoles una resolución para solicitar un dictamen jurídico al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el que evalúe si el acuerdo entre la UE y los Estados del Mercado Común del Sur (Mercosur) es compatible con los tratados comunitarios.
- Esta medida supone la paralización del avance del pacto hasta que el TJUE emita su dictamen, lo que, según los expertos, puede tardar entre 12 y 24 meses.
- La Eurocámara adoptó esta resolución con una estrecha mayoría de 10 eurodiputados: la iniciativa obtuvo 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones.
El acuerdo. El convenio entre el bloque europeo y Mercosur comenzó a negociarse en 1999, y en 2019 los dos organismos alcanzaron un principio de acuerdo.
- El convenio se divide en dos partes paralelas. Por un lado, un pacto conocido como Acuerdo Comercial Provisional (ACP) y otro de asociación más amplia, ligada a la inversión y a la cooperación política, llamado Acuerdo de Asociación UE-Mercosur (AAEM). Ambas tienen procesos distintos.
La parte comercial del acuerdo recibió luz verde por parte de los Estados miembros en el Consejo el pasado 9 de enero. Tras este paso, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, viajó a Paraguay este sábado para firmar el texto del pacto con Mercosur.
- Sin embargo, el acuerdo debe ser ratificado por el Parlamento Europeo antes de entrar en vigor.
- La Eurocámara ha optado finalmente por activar la vía judicial preventiva con el TJUE antes de avanzar hacia la votación de ratificación.
La iniciativa del Parlamento. La resolución del Parlamento Europeo solicita al TJUE que evalúe y emita un dictamen sobre si el acuerdo UE-Mercosur en su conjunto es conforme con la legislación europea. Este paso viene regulado en el artículo 218.11 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE).
Julio Guinea, profesor de Derecho de la Unión Europea en la Universidad Europea, explica a Newtral.es que esta petición no es solo un informe más, sino que “es un mecanismo que congela” la decisión del Parlamento Europeo sobre el acuerdo hasta que el TJUE se pronuncie al respecto.
El experto considera que la Eurocámara cumple varias funciones. En primer lugar, el Parlamento se estaría “blindando institucionalmente” para que, en caso de que el texto del acuerdo sea finalmente “jurídicamente atacable”, esto no afecte a la reputación de la Cámara.
- Además, según el experto, este movimiento puede ser una forma de “desplazar el foco” del acuerdo al TJUE temporalmente ante las críticas que ha recibido de sectores movilizados como el campo o la opinión pública urbana.
- Por último, el Parlamento podría estar dando un toque de atención a la Comisión y al Consejo de que “no acepta una ratificación a ciegas” en caso de haber controversia sobre su diseño jurídico.
Qué analizará el TJUE. Guinea señala que el tribunal “no va a entrar a valorar si el acuerdo conviene o no a los agricultores” ni temas de aranceles “como si fuera un regulador económico”. “Lo que hace el TJUE es un control de compatibilidad con el derecho primario y la arquitectura institucional de la UE”, explica.
El tribunal se encargará de revisar si se ha escogido el fundamento jurídico correcto en el acuerdo UE-Mercosur y si la vía diseñada respeta los equilibrios que los tratados europeos imponen, con el fin de evitar que el bloque comunitario “se ate a un texto internacional que choque” con su propia legislación.
- También analizará si la rama comercial del acuerdo puede considerarse competencia exclusiva de la UE o si, por el contrario, el texto “invade ámbitos donde la competencia es compartida o requiere de participación estatal”.
Próximos pasos. La base jurídica del acuerdo UE-Mercosur será ahora evaluada por la Corte. Al mismo tiempo, el Parlamento Europeo continuará examinando los textos, a la espera del dictamen del Tribunal para decidir si finalmente aprueba el convenio o no.
Según Guinea, una vez revisado el texto, el TJUE emitirá un dictamen en el que resolverá si el acuerdo UE-Mercosur es compatible de forma total o con condiciones (salvaguardias, ajustes jurídicos…) a los tratados europeos o si, por el contrario, es “completamente incompatible”.
- Aunque los dictámenes del TJUE, constituyen un “pronunciamiento preventivo”, el mencionado artículo del TFUE indica que en caso de resolución negativa, “el acuerdo previsto no podrá entrar en vigor, salvo modificación de éste o revisión de los Tratados”.
En cuanto al rango temporal de respuesta del TJUE con el dictamen sobre el acuerdo UE-Mercosur, “podemos estar hablando de 12 a 24 meses”, indica el experto.
¿Podría aplicarse de forma provisional? El artículo 218.5 del TFUE permite al Consejo adoptar, a propuesta del negociador, “una decisión por la que se autorice la firma del acuerdo y, en su caso, su aplicación provisional antes de la entrada en vigor”.
Es la Comisión quien puede impulsar y ejecutar este supuesto, aunque la decisión final la tiene el Consejo. Según el experto, “es una práctica conocida en acuerdos complejos para que ciertas partes se vayan aplicando mientras se completan las ratificaciones”.
No obstante, en el caso de que se invocase es provisional, por lo que “no sustituye el consentimiento del Parlamento” cuando este es requerido para la conclusión del acuerdo, eñala el experto.
- Según Euractiv, desde la Comisión aseguran que se está tratando de crear un consenso entre los órganos legisladores, pero descartan “por completo” la aplicación provisional del acuerdo.
- Julio Guinea, profesor de Derecho de la Unión Europea en la Universidad Europea
- Web del Parlamento Europeo
- Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE)
- Euractiv