Quién es quién detrás de la Digital Services Act: las autoridades de cada país a cargo de reportar a la UE

Los países se preparan para dar el próximo paso en la implementación de la Digital Services Act (DSA), que fija nuevas reglas para las grandes plataformas y motores de búsqueda con el fin de asegurar un mayor control y transparencia sobre la desinformación que circula en sus redes.

Ahora, los Estados miembros tienen hasta el 17 de febrero para nombrar a los coordinadores de servicios o Digital Services Coordinator (DSC), la autoridad competente para vigilar el cumplimiento de la norma a nivel nacional. Sin embargo, no existe una directriz clara sobre qué tipo de organismo es el más adecuado, y los países están buscando distintas soluciones. 

En España todavía no se conoce qué institución será la encargada, aunque fuentes del Gobierno apuntan a que esta tarea recaerá sobre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Mientras, algunos países europeos ya han designado a la autoridad competente, como Francia, Hungría o Irlanda.

Desde una nueva comisión en Irlanda a la autoridad reguladora en Francia: las autoridades competentes en Europa 

Por ahora, solo algunos Estados miembros han designado a sus CSD, pero el panorama es disperso entre los que parecen optar por los reguladores de medios, el defensor del consumidor o el regulador de las telecomunicaciones, como apuntan desde el think tank Future of Privacy Forum. 

En España todo apunta a que podría ser la CNMC, aunque desde el propio organismo indican que aún no cuentan con una respuesta oficial sobre su designación. En caso de que se confirme, el país se desmarcaría de los demás al nombrar a un órgano de competencia en lugar de otros relacionados con los medios. Aun así, la CNMC ya representa a España en el Grupo de Reguladores Europeos de los Servicios de Medios Audiovisuales (ERGA, por sus siglas en inglés), que asesora a la Comisión Europea sobre regulación de medios. 

En cambio Francia ya ha anunciado que la Autoridad de Regulación de la Comunicación Audiovisual y Digital (Arcom) será la responsable de trasladar las obligaciones de la DSA en el país. 

Creada en 2022, Arcom aúna al regulador francés de la radiodifusión (CSA) y a la autoridad responsable de la protección de los derechos de propiedad en línea (Hadopi). La agencia también es la responsable de regular a las plataformas en línea, “incluida la supervisión de los medios que utilizan para luchar contra la manipulación de la información y los contenidos odiosos, infractores y nocivos”. La agencia también forma parte del ERGA.

Irlanda, en cambio, ha optado por otra vía, y la Coimisiún na Méan será la encargada. El organismo, también creado en 2022, está a cargo de regular la radiodifusión, los servicios audiovisuales y la seguridad en línea. De hecho, en junio ya había comenzado la búsqueda para contratar a un comisionado de servicios digitales, como anunció en su web. 

Esta misma figura, el regulador de medios, será también la autoridad designada en Hungría, que ha nombrado como responsable a la Autoridad Nacional de Medios y Comunicaciones (NMHH). Por su parte, en Países Bajos, se ha encargado la tarea a la Autoridad de Consumidores y Mercados (ACM).

Gabriela Zanfir-Fortuna, consultora de Future of Privacy Forum, señala pros y contras en la selección de un organismo u otro como coordinador de la DSA. “Cada tipo de autoridad delegada tiene su propia experiencia y conocimientos en la tramitación de casos, y aporta su propio enfoque”. 

“Por ejemplo, una autoridad de medios de comunicación estudiará los casos de la DSA desde el punto de vista de la protección de las personas contra la incitación al odio y la protección de la libertad de expresión, o un regulador de las telecomunicaciones estudiará el mismo caso desde el punto de vista de la regulación de la prestación de servicios de comunicaciones, mientras que una autoridad de protección de datos se centrará en las normas relativas al tratamiento de datos personales”, añade la consultora.

Cuál es el papel del coordinador de servicios digitales de la DSA

Bajo la DSA, cualquier ciudadano puede presentar una reclamación ante un posible incumplimiento por parte de las plataformas (art. 53). Los CSD serán los responsables de tramitar esas quejas y deberá informar a la Comisión de los problemas que surjan en su territorio, entre otras funciones. También podrán iniciar procedimientos contra las plataformas (art. 58 y 60) y recomendar actuaciones en situaciones de crisis (art. 36). 

La norma deja una gran flexibilidad a la hora de crear un nuevo organismo, emplear uno ya existente o repartir la carga entre varios siempre que pueda mantener su independencia. Sin embargo, el mayor cuestionamiento es la capacidad con la que contarán estos organismos para llevar a cabo la tarea de supervisión.

Como fija la ley, “es esencial que el coordinador de servicios digitales y las autoridades competentes cuenten con el volumen necesario de personal y expertos con competencias especializadas y medios técnicos avanzados y que gestionen de forma autónoma los recursos financieros para desempeñar sus tareas”. Estos organismos trabajarán también de forma conjunta a través del Digital Services Committee o Comité de Servicios Digitales, un órgano consultivo.

En el caso de infracciones cometidas por plataformas en línea muy grandes, la Comisión podrá garantizar la supervisión y sanción directas, explica el organismo.