“Con este poema no tomarás el poder” dice / “con estos versos no harás la Revolución” dice / “ni con miles de versos harás la Revolución” dice / se sienta a la mesa y escribe “Confianzas”, de Juan Gelman El escándalo de Fernando Niembro destapa la olla de corrupción PRO, que no sólo revela el caso particular de un candidato a diputado –aunque los medios afines pretenden que el caso se limite a su persona– sino que muestra la cuestionable forma de financiamiento de la política en el PRO, partido que lidera Mauricio Macri, el único candidato a presidente procesado. El caso del periodista deportivo de ideología neoliberal quien ocupa el primer lugar entre los candidatos a diputado nacional del PRO por la provincia de Buenos Aires en la alianza Cambiemos salió a la luz gracias a una investigación del diario Tiempo Argentino. El informe daba cuenta de que la empresa La Usina Producciones SRL fue fundada por Niembro y su socio Atilio Meza (y candidato número 13 de diputados en la misma lista que impulsa a María Eugenia Vidal como gobernadora) en mayo de 2012 y, aunque no tenía antecedentes ni empleados, lograba a los pocos días una serie de contratos que en tres años llegarían a más de 170 contrataciones con los que levantaron más de $ 23 millones. Al revisar esas operaciones se fue descubriendo además: que sólo tenía como clientes al gobierno de la Ciudad y al Banco de la Ciudad (ambos manejados por el PRO), que también la escuela de periodismo de la que es dueño recibía dinero de la Policía Metropolitana; que el hijo de Niembro había recibido 800 mil pesos y que hasta su mujer, Mirta Brizuela, recibió del gobierno macrista más de 2,5 millones para su Fundación “para el Bienestar Social de la Gente”. Niembro intentó desligarse hablando de “compulsa de precios” porque “la licitación lleva más tiempo”, cuando la terminología “compulsa de precios” no aparece en las normativas de la Ciudad, que sólo contemplan como posibles procedimientos para la selección de proveedores la “licitación o concurso”, la “contratación directa” y el “remate o subasta pública”. La empresa está inscripta en Afip en la categoría “servicios personales” que no se corresponde con la totalidad de las contrataciones que recibió como, entre otras, por publicidad, por una auditoría sobre Ambiente y Espacio Público, “servicio de encuesta”, “contratos de la Basura” y “servicios de instalación y puesta en funcionamiento de planta para tratamiento de efluentes” y se hicieron por “contratación directa” o por decretos 556/10 firmados por Mauricio Macri, que permite gastos caratulados de “imperiosa necesidad”. La Procelac acusó esta semana a Niembro, a Meza y al jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, como “responsables de incumplimiento de los deberes de funcionario público”. En una nota reciente de la Agencia Paco Urondo, el diputado porteño kirchnerista José Campagnoli reveló que Atilio Meza, además de socio y candidato a diputados del PRO en la lista de Niembro, estuvo vinculado a sectores de la ex SIDE. Todos a los botes El caso Niembro se presenta, entonces, como la punta visible de un problema del tamaño de un iceberg contra el que choca toda la embarcación del PRO y que incluye: el espionaje a familiares de Macri, en disputa por la herencia familiar, y las escuchas a familiares de las víctimas de la explosión a la AMIA (allí, la Sala I de la Cámara Federal llegó a responsabilizar a Macri en una de sus resoluciones del “armado” de una “estructura de inteligencia subterránea”; el montaje de la UCEP con un equipo de patoteros que atacó o amenazó sistemáticamente a indigentes en la calle para que dejen de estar a la vista, por los cuales al menos seis de sus integrantes están procesados sin prisión preventiva por los presuntos delitos de “lesiones leves” y “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público” donde algunos tienen embargos por $100.000; derrumbes donde los funcionarios responsables de evitarlos estaban arreglando contratos millonarios de fútbol como el caso del gimnasio de Villa Urquiza o por el derrumbe del boliche Beara por los que recientemente procesaron y embargaron a cuatro ex funcionarios porteños; la pérdida millonaria del erario público de $120 millones en la emisión de “bonos dólar link clase 6” emitido según la cotización del dólar días antes de la devaluación de 2014 y cambiada luego por una cotización más alta correspondiente a los días posteriores, lo que implica el delito de “administración fraudulenta”; el negocio entregado a amigos del poder (ver Caputo en nota aparte), la entrega de un negocio de $39 millones al Grupo Roggio a través de la empresa Sehos S.A. por el mantenimiento de centros de salud que incluyen dos (uno en Viamonte 1746 y otro en Chile 1634) que todavía no se construyeron y por los que ya habrían cobrado $2,6 millones. También se incluyen allí contratos similares por otros $84,3 millones y uno más por $10 millones adicionales. Se suman al bloque las denuncias penales contra Macri: el caso de la represión en el neuropsiquiátrico Borda acusado de “lesiones y tentativa de lesiones, instigación de daño, incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y abandono de persona”, junto a tres de sus ministros (Guillermo Montenegro, de seguridad; Daniel Chaín, de Desarrollo Urbano, y Graciela Reybaud, de Salud) y los dos jefes de mayor rango de la Policía Metropolitana (Horacio Giménez y Enrique Pedace, quien ya había sido desplazado de la Policía Federal por su responsabilidad en el operativo del Parque Indoamericano) donde tiraron abajo un taller para pacientes y donde pretendían generar un nuevo negocio inmobiliario construyendo los edificios del nuevo distrito gubernamental. La denuncia de 2012, por los sobreprecios que revelaban un negociado con un puente y carriles en el Metrobus de la 9 de Julio, cuando se otorgó la colocación de un bono a quien había presupuestado la obra por $166 millones cuando había sido cotizado por menos de $ 40 millones y habiendo mejores oferentes que el elegido. El metrobús en sí demostró sobreprecios por $ 200 millones. Macri, su ministro de Hacienda Néstor Grindetti y su subsecretario de Tránsito y Transporte de la Ciudad, Guillermo Dietrich, fueron denunciados entonces por “presunta asociación ilícita”, “incumplimiento de deberes de funcionario público” y “fraude” con las licitaciones relacionadas con el metrobus y las ciclovías. Y se suman denuncias por subejecución de obra pública; de la responsabilidad en el incendio intencional de Iron Mountain donde, además de la asociación ilícita para cometer un delito, murieron ocho bomberos y dos miembros de Defensa Civil; las denuncias por los gastos sobrepasados del presupuesto en publicidad y por los recortes presupuestarios en educación donde hay colegios destruidos, por las aulas containers y por la persecución a los alumnos que los tomaron en reclamo por las condiciones en las que están los edificios públicos; por el incremento de la deuda de la Ciudad; por el pago de un 85% adicional a las empresas contratistas Techint y Dycasa, por el retraso en las obras en tres estaciones de la línea H de subte, que deberían haber sido inauguradas en abril de 2015 y todavía no fueron terminadas; por la protección otorgada a dueños de talleres clandestinos tema por el que está acusada su esposa y su familia política; por el niño muerto en Soldati al caer de un monoblock donde tenía la responsabilidad de haber dado un mantenimioento que no se hizo; por la entrega al grupo Roggio del mantenimiento de dos centros de salud que ni están construidos, y hasta existe una denuncia contra Macri por haber dado difusión de un aborto no punible facilitando que grupos fundamentalistas antiaborto evitaran el cumplimiento de la ley. ¿Dónde hay un mango? Una nota de Tiempo Argentino del 24 de julio de 2011 revelaba los manejos turbios de fondos públicos, privilegios a empresas privadas cautivas, espionaje y persecución que desde el principio el PRO en el gobierno instaló en torno a las contrataciones de publicidad. Allí se hablaba sobre la muerte de Gregorio Centurión cuando era investigado y a quien Macri conocía desde sus épocas de estudiante en el Cardenal Newman y porque luego manejó la publicidad del Correo Argentino y Sevel, por Decreto 2074 lo convirtió en funcionario público al frente de la Secretaría de Comunicación Social. También Mauricio Macri está procesado (junto a María Eugenia Vidal) en la investigación que terminó en la clausura del club 17 de Agosto por el desvío de fondos públicos. En este caso, Vidal estaba a cargo del Ministerio de Desarrollo Social cuando se desviaron cerca de medio millón de pesos al club cuyo director era Sergio Costantino, un funcionario macrista que dependía directamente de ella. Merecerá un apartado especial la facilitación de negociados, incluido el “polo audiovisual” presentado como un territorio porteño donde potenciar la instalación de empresas vinculadas al área audiovisual. Pero lejos de buscar desarrollar un territorio despoblado o con poca actividad económica se centró donde ya estaban instaladas las productoras más grandes; algo que no genera dinero adicional por impulsar el desarrollo de un área, sino que sólo da beneficios económicos a las más poderosas que ya estaban ahí. Así también merece ser revisada la millonaria contratación que hace a Clarín para plotear trenes del Subte, o la compra (también a Clarín) de netbooks para los alumnos de CABA al triple de su valor real, con un sobreprecio estimado en us$ 177 millones de dólares. Como también lo merecen la compra de material rodante usado para el subte que terminó costando más caro que nuevo, asesorías millonarias y descuido del patrimonio histórico de los coches retirados de la línea A o de los azulejos centenarios pintados. Incluso en temas como el que al PRO le gusta mostrar como joyas de su gestión revelan denuncias por corrupción. Así ocurrió en 2011, cuando Macri fue denunciado penalmente por Milcíades Peña y Facundo Di Filippo, por presuntas coimas y asociación ilícita en las obras del canal aliviador del arroyo Maldonado, realizadas por la constructora italiana asociada con Ángelo Calcaterra, primo hermano de Macri. Y no por viejas hay que dejar de lado las ya históricas denuncias que involucraban a Macri con el “contrabando agravado” responsabilizándolo, junto a su padre, de cobrar reintegros por exportar al Uruguay autopartes para importarlas como autos armados. Se trata de movimientos de 1993 cuando eran dueños de la automotriz Sevel, ex fabricantes de Fiat y Peugeot. O las denuncias por sobreprecios en cámaras de seguridad para La Bombonera cuando era presidente de Boca. O incluso anteriores, como cuando en 1988 se colocó la cucarda de la madre de todas las estafas con el Plan Cloacal Rousselot-Macri. Néstor Kirchner decía a poco de asumir que “donde se aprieta con el dedo, sale pus”, en referencia a la incontable estafa al Estado (que es todo el pueblo) que se generó en la década del ’90. Lo mismo ocurre con la gestión PRO, luego de 8 años de gobierno. “Con estos versos no harás la Revolución”, escribía Juan Gelman en su poesía “Confianzas”. La información de esta nota no proviene de archivos secretos sino públicos, ya fue ampliada y detallada en otras notas de este y otros medios y, a pesar de todo, Macri es “presidenciable”.
