Sánchez pone a «su» abogada del Estado en el «caso Kitchen» para darle «empaque»
El inicio del caso de la «operación Kitchen», la supuesta operación parapolicial organizada desde la anterior cúpula del Ministerio del Interior para espiar y robar documentos al extesorero del PP, Luis Bárcenas, ha dejado en su primera semana una imagen «llamativa» para algunos de los acusados, según ha podido saber LA RAZÓN. En el lado de las acusaciones, una mujer joven y de pelo oscuro se enfundó la toga de la Abogacía del Estado para defender los intereses públicos frente a las posibles consecuencias que pueda acarrear la sentencia. Según las fuentes consultadas, se trata de Zaida Fernández Toro, la jefa del área penal del organismo. Pero Zaida no es una funcionaria más.
En los últimos años, ha visto cómo su carrera se ha disparado de la mano del Gobierno de Pedro Sánchez. Tanto, que algunos la consideran la abogada del Estado de «cabecera» del presidente. Suya fue la mano que firmó la querella que, desde Moncloa, el líder del Ejecutivo interpuso contra el juez Juan Carlos Peinado, que investiga los trabajos privados y las relaciones comerciales de su mujer, Begoña Gómez, en un juzgado de Madrid por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. A finales de julio de 2024, el instructor se desplazó hasta el Palacio de la Moncloa para tomar declaración a Sánchez en calidad de testigo en un acto sin precedentes. Tras acogerse a su derecho a no declarar, el presidente dio órdenes a la Abogacía de presentar la querella. Y la responsable de su redacción fue Fernández Toro, que esta semana ha estado presente en las cuestiones previas del juicio contra los antiguos miembros del PP.
El juicio de «Kitchen», aunque todavía no ha entrado en su fase de alto voltaje, ha pasado desapercibido esta semana. La apertura del juicio oral contra el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, su mano derecha, Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama ha copado los principales titulares. Algo lógico teniendo en cuenta que las actividades que se investigan en el Tribunal Supremo están relacionadas con la actividad del actual Ejecutivo, mientras que las del PP ocurrieron hace 13 años. El Gobierno y el PSOE han querido enfrentar ambos procesos como reflejo de que la corrupción no sólo está viva en Ferraz, sino que los «populares» también tienen que convivir con su pasado. Por eso distintas fuentes jurídicas creen que la presencia de Fernández Toro, la jefa del departamento de Penal en la Abogacía del Estado, responde a un interés por dar más «empaque» al caso.
En la primera semana, Fernández Toro se ha centrado en pedir al tribunal que retire al Estado la condición de responsabilidad civil en el «caso Kitchen» por no haber constado como tal en el auto de apertura de juicio oral, lo que le ha impedido presentar un escrito de defensa invocando las correspondientes alegaciones al respecto, mientras que la Fiscalía Anticorrupción dirige su acusación contra la Administración en concepto de responsable civil subsidiario.
Desde que ingresase en la Administración pública en 2016, su perfil ha sido discreto. No existe una gran cantidad de fotografías suyas en internet, ni hay una extensa información sobre su formación académica. Lo único que se puede sacar en claro es que su ascenso ha ido de la mano del actual Gobierno y de su papel en algunas de las causas con carácter político más sensibles para los intereses del mismo. Su última aportación es ahora en el «caso Kitchen», pero antes fue, por ejemplo, la funcionaria que firmó el escrito de su departamento en el que pidió que se suspendiese la orden de detención del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, al aprobarse en el Congreso de los Diputados la Ley de Amnistía. Y más allá de eso, cuando la Sala Segunda del Tribunal Supremo –la que juzgó a los líderes independentistas en 2017 por el procès– presentó la cuestión de inconstitucionalidad, la Abogacía del Estado –con Fernández Toro como jefa– acusó al Alto Tribunal de usar argumentos de «carácter político» que «exceden sobradamente el carácter jurídico constitucional propio» de la legislación que el Ejecutivo logró aprobar con los votos de sus socios parlamentarios.
La presencia de Zaida Fernández Toro en causas sensibles para los intereses del Gobierno es cada vez más habitual en los últimos años. Después de su intervención en la Ley de Amnistía y en la querella de Sánchez contra Peinado, la responsable de Penal de la Abogacía tuvo un papel relevante en el caso que juzgó al ex fiscal general, Álvaro García Ortiz, y en el que todavía tiene procesado a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, acusado de un presunto delito fiscal por contratos sanitarios. Dos causas relacionadas entre sí por lo ocurrido fuera de los tribunales.
En el caso de García Ortiz, Fernández defendió a la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez. Se trata de la representante del Ministerio Fiscal que habló de poner «un poquito de cianuro» en la nota de prensa difundida cuando se conoció el pacto con los representantes legales del novio de Isabel Díaz Ayuso. Durante el juicio, explicó que esa expresión era un «desahogo», al mismo tiempo que negó que filtrase información sobre la investigación económica de González Amador, a la cual habían tenido acceso «571 personas».
En la causa concreta del empresario y su supuesto fraude fiscal, el papel de Zaida Fernández es quizás más particular. El primer abogado del Estado que se encargó del procedimiento fue David Vilas. En un momento determinado, decidió apartarlo para colocarse ella misma al frente de la investigación para rechazar el acuerdo acordado entre las partes por el que la pareja de la líder regional del PP estaba dispuesto a pagar.