¿Es legal el uso que se hace de Teams o Google Classroom en los colegios?
¿A quién no le suena el famoso Google Classroom o bien el Teams de Microsoft? Según los últimos datos, más del 80% de los centros no universitarios en España cuenta con entornos virtuales de aprendizaje.
Ante la digitalización masiva de la educación, ¿han sido los centros educativos lo suficientemente cuidadosos con el derecho a la protección de datos de los alumnos? Esto mismo se preguntó una madre del colegio privado Holy Mary de Madrid, y formuló una reclamación a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). En el colegio de sus hijos, la plataforma «Google Workspace for Education» que usaban los alumnos de Primaria se había convertido en el puente hacia un uso recreativo, dando acceso a contenidos no educativos.
La AEPD, tras analizar los contratos suscritos con Google por el colegio, impuso al Holy Mary una sanción de 20.000 euros por la comisión de tres infracciones: los datos que se trataban no eran solo los identificativos del alumno, sino también los datos de uso asociados a su cuenta; y los datos eran objeto de transferencia internacional hacia los centros de uso que Google tiene por todo el mundo. Ninguno de estos dos aspectos se incluyó en la información facilitada a los padres de los alumnos.
La última infracción se impuso porque el colegio no pudo justificar que el uso de la plataforma fuera necesario para el correcto funcionamiento de las actividades educativas, así como tampoco pudo probar que no existía otra alternativa menos invasiva para la protección de datos de los alumnos. Aquí es importante tener en cuenta que los propios términos de uso de Google señalaban que se procesan los datos de uso para la mejora de la plataforma y para publicidad. Nada que ver con la actividad educativa.
En realidad, el negocio de Google y Microsoft nunca ha consistido en entregar contenidos educativos, sino en recopilar información sobre nuestros alumnos para luego venderla a los que patrocinan esos contenidos.
A efectos prácticos, ¿cuál es el impacto concreto de esa resolución para los miles de padres que están desencantados con el uso de las tecnologías en el colegio de sus hijos?
Se podrían poner miles de denuncias (anónimas o no) ante la AEPD. Habrá que ver cómo esa entidad gestionará tal volumen de reclamaciones. Los colegios que usan entornos virtuales difícilmente podrán justificar que necesitan acudir a ellos para cumplir con su actividad educativa y que el uso que se hace de los datos es proporcional a los fines educativos. Más aún, esa justificación es prácticamente imposible, considerando que las empresas recogen nuestros datos para fines comerciales y para mejorar sus plataformas.
Ahora bien, ¿pueden los colegios incluir el tratamiento efectivo de los datos en el consentimiento informado que firman los padres y, así, «cumplir con el expediente»? No parece que sea tan fácil. Primero, los padres podrían acogerse al derecho de oposición y negarse a firmar el consentimiento. En segundo lugar, los colegios nunca podrán justificar que el tratamiento de estos datos de uso y la transferencia internacional de datos son necesarios para cumplir con la finalidad educativa del colegio. Tampoco podrán probar que no existen otros medios no invasivos para comunicarse con los alumnos, pues desde la Academia de Platón hasta hace poco, la educación siempre ha sido analógica. ¿Entonces qué pasa si el colegio no renuncia al entorno virtual?
Se les podría denunciar de nuevo y habría una agravante en la sanción por reincidencia. En última instancia, la ley permite a la AEPD ordenar la suspensión de los flujos de datos. Eso significa el fin de las actividades del entorno virtual. Ahora bien, los contratos con Google son contratos de adhesión y es probable que tengan cláusulas de permanencia. En definitiva, habrá que reconocer que los colegios se han metido en un buen laberinto jurídico. La cordura acabó imponiéndose, ¿pero a qué precio? ¿Quién pagará por las consecuencias de tanta irresponsabilidad?
En una nota más optimista, esa resolución puede ser una oportunidad para una salida pacífica, tanto para las familias como para los centros educativos. Los colegios con más estrategia podrían decidir dar una alternativa analógica a las familias para cubrirse las espaldas, pues es prácticamente imposible que un padre que tiene alternativa analógica reclame una y otra vez ante la AEPD. Sin embargo, habrá que ver si esa alternativa es efectiva. Nos consta que se ha ofrecido en algunos colegios, pero a la hora de la verdad, el alumno que estudia en modo analógico sale perjudicado.
En definitiva, como los contratos con las tecnológicas suelen ser estándares y de adhesión, es muy probable que la gran mayoría de los colegios estén actualmente incumpliendo la ley, tal y como ocurre en el colegio Holy Mary. Por los motivos expuestos anteriormente, es imposible que la cumplan, así como es poco probable que renuncien al entorno virtual por el acuerdo que han firmado con Google o Microsoft. Esto supone que se verán en la obligación de dar opción analógica. En caso contrario, la multa podría escalar hasta llevar al colegio a la ruina y la AEPD podría acabar cerrando, uno a uno, todos los entornos virtuales de los colegios españoles.
La buena noticia es que los padres estamos a tiempo de volver a tomar las riendas. Manos a la obra, sin miedo y sin complejos. Hemos perdido muchas batallas, pero ganaremos la guerra.
Patricia García-Gallardo Frings es jurista y abogada del Estado. Catherine L’Ecuyer, es autora de «Educar en la realidad»