Tía María: Minem anula permiso de explotación y devuelve proyecto de cobre a evaluación
El Consejo de Minería del Ministerio de Energía y Minas (Minem) declaró la nulidad de la Resolución Directoral N.º 0692-2025-MINEM/DGM, publicada en octubre del 2025, que autorizaba el inicio de las actividades de explotación del proyecto de cobre Tía María. Al respecto, dispuso que el expediente sea evaluado nuevamente por la Dirección General de Minería (DGM).
La decisión del tribunal, que actúa como última instancia administrativa en asuntos mineros y ambientales, se produce luego de un recurso de revisión que presentó la Municipalidad Provincial de Islay (Arequipa) y apunta a que la autorización original no estuvo debidamente sustentada.
El Consejo concluyó que el acto administrativo no cumplía con los estándares de motivación exigidos por el marco normativo. La resolución no se ajustaba al numeral 102.1 del Reglamento de Procedimientos Mineros ni al Texto Único Ordenado de la Ley N.º 27444, que obliga a que toda decisión administrativa esté debidamente fundamentada.
Tía María: Gobierno ordena nueva revisión por vacíos
Según la resolución emitida en marzo último, el anterior análisis técnico no desarrolló de manera suficiente diversos aspectos del proyecto minero Tía María. Entre ellos, el diseño detallado de botaderos (los planos donde se especifica dónde se depositarán los residuos de la mina a fin de evitar riesgos ambientales), así como el cronograma de ejecución de actividades. Estos elementos son necesarios para autorizar la fase de explotación.
En ese sentido, el Consejo dispuso que la Dirección General de Minería evalúe nuevamente si la empresa Southern Perú “ha cumplido totalmente con absolver dichas observaciones.
La resolución también ordena retrotraer el procedimiento al estado previo a la emisión de la autorización, de modo que la autoridad sectorial revise integralmente el expediente y determine si se han cumplido las condiciones técnicas exigidas para el inicio de operaciones.
Por otro lado, el Consejo precisa que, al haberse declarado la nulidad de oficio de la resolución, carece de objeto emitir pronunciamiento sobre el recurso de revisión interpuesto.
En la evaluación previa, la DGM había concluido que la empresa cumplía con requisitos formales como la acreditación de propiedad de los terrenos superficiales, la titularidad de las concesiones mineras y la inexistencia de restos arqueológicos en el área del proyecto.
Sin embargo, el Consejo consideró que dichos aspectos no subsanaban las observaciones técnicas pendientes.
Como parte del análisis del expediente, la resolución menciona que el área de influencia del proyecto se superpone parcialmente con infraestructura y zonas relevantes, como la Red Vial Vecinal y Nacional, el área de Defensa Nacional La Joya B, ecosistemas frágiles como Loma Cachendo, zonas arqueológicas (Posco 1A, Posco 1B, Tambo 1A, entre otras) y áreas naturales como las lagunas de Mejía.
Con esta decisión, Southern no podrá iniciar la extracción de mineral hasta obtener una nueva autorización de explotación.
Cabe recordar que el 13 de octubre de 2025, tres días después de que Dina Boluarte sea vacada, el Minem había autorizado el inicio de la explotación del proyecto cuprífero mediante la Resolución Directoral N.º 0692-2025-MINEM/DGM, tras concluir que la empresa cumplía con los requisitos técnicos y legales.
Tras conocerse esa decisión, dirigentes del Valle de Tambo expresaron su rechazo y advirtieron posibles medidas de protesta. Miguel Meza, vocero de los agricultores de la zona, calificó la autorización como “ilegal” e “improcedente”, y cuestionó la disponibilidad de agua y la vigencia del estudio de impacto ambiental del proyecto.
Comunidades del valle de Tambo mantienen oposición al proyecto Tía María
El proyecto Tía María, orientado a la extracción de cobre, contempla una inversión aproximada de US$1.400 millones. Aunque fue anunciado en 2003, su desarrollo ha estado marcado por paralizaciones debido a conflictos sociales, especialmente tras las protestas registradas entre marzo y abril de 2011, que dejaron un saldo de tres fallecidos.
La principal oposición proviene de pobladores del valle de Tambo, quienes advierten que la minería a cielo abierto podría afectar la calidad del aire y contaminar las aguas del río Tambo, recurso clave para la actividad agrícola en distritos como Islay, Deán Valdivia y Cocachacra.
En 2009, la empresa presentó su Estudio de Impacto Ambiental (EIA); sin embargo, en 2011 la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) formuló 138 observaciones, principalmente relacionadas con el uso del agua y la emisión de polvo.
Posteriormente, en 2013, la compañía presentó una versión modificada del EIA en la que planteó el uso de agua de mar en lugar del recurso hídrico del río Tambo. Pese a ello, la oposición social persistió y en 2014 se registraron nuevas protestas que dejaron cuatro fallecidos, entre ellos tres civiles y un efectivo policial.
De acuerdo con la Red Muqui, desde 2024 diversas organizaciones del valle han continuado cuestionando la legalidad y legitimidad del EIA, señalando que el proyecto no cuenta con licencia de uso de agua ni con licencia social.
En esa línea, en marzo de 2025 la población presentó una demanda de amparo solicitando la caducidad de los efectos jurídicos de la resolución que aprobó el EIA, así como la nulidad de la autorización para la construcción de la planta de beneficio del proyecto.
El proyecto Tía María tiene como objetivo la extracción de cobre, con una inversión de alrededor de US$1.400 millones