Las claves del "caso Koldo" en el Supremo: amaño de contratos, "enchufes" en empresas públicas y una larga trama de "favores"

Arranca el juicio por el "caso Koldo" en el Tribunal Supremo (TS) y con ello el calvario judicial para el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). El exministro, José Luis Ábalos, su exasesor, Koldo García, y el empresario, Víctor de Aldama, serán juzgados en este juicio que se alargará a lo largo del mes de abril con más de una decena de sesiones.

El calendario de declaraciones arranca este martes 7 de abril con una primera tanda en la que comparecerán el hijo del ex titular de Transportes, Víctor Ábalos, el hermano de Koldo, Joseba García, la que fuera novia de Ábalos, Jesica Rodríguez, y por la tarde está prevista la comparecencia del testaferro de Aldama, Alberto Escolano, -quien abonó el alquiler del piso en Plaza España en el que residía Jesica- y el chófer de la empresaria que, presuntamente, llevó fajos de billetes a Ferraz, Carmen Pano, entre otras tantas declaraciones. Pero, ¿Cuáles son las claves de este juicio?

Delitos y amaño de contratos

Los magistrados de la Sala de lo Penal escucharán a más de 80 testigos, peritos y los argumentos de las defensas de los imputados para determinar, si como asegura la Fiscalía Anticorrupción, hubo delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, pertenencia a organización criminal y uso de información privilegiada, en los contratos adjudicados a la empresa de la «trama», Soluciones de Gestión, para la compra de mascarillas en pandemia, que es precisamente la causa que se instruye en el Supremo, al margen de las otras ramificaciones del caso que se siguen en la Audiencia Nacional.

El tribunal que preside Andrés Martínez Arrieta deberá dilucidar si hay indicios suficientes para condenar a los acusados por el negocio "ilícito" de los contratos adjudicados en marzo de 2020 a Soluciones de Gestión, una de las empresas gestionadas por Aldama, procedentes de los entes Adif y Puertos del Estado, ambos dependientes del ministerio que dirigía el ahora "desconocido" para Pedro Sánchez, José Luis Ábalos. Según la Fiscalía, los tres imputados vieron la "oportunidad de obtener un común beneficio económico" en esta contratación, valiéndose Aldama de la posición de Ábalos en el Ministerio de Transportes. En total, las compras bajo sospecha ascienden a más de 53 millones de euros a esta empresa sin apenas trabajadores y ninguna experiencia en el sector sanitario.

"Enchufe" en empresas públicas

El "enchufe" en empresas públicas, todas ellas dependientes de Transportes, de personas vinculadas a los acusados también forma parte de la instrucción y de las supuestas contraprestaciones que los miembros de la presunta organización criminal ejecutaban por determinados "favores" con instituciones del Gobierno. Así, Jesica Rodríguez, en ese momento novia del exministro Ábalos, y el hermano de Koldo García, Joseba, tendrán que explicar ante el Tribunal Supremo por qué estuvieron contratados en Ineco y, en el caso de Rodríguez, rendir cuentas de por qué no acudía a trabajar, también en Tragsatec.

Hubo, no obstante, otras parejas del exdiputado socialista que también trabajaron en Logirail como la exmiss Asturias, Claudia Montes, aunque la contratación de Jesica cobra mayor relevancia por la intermediación de la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, que supuso de hecho su imputación en el caso.

La trama de "favores" y pagos de inmuebles

Tras las investigaciones llevadas a cabo por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tanto el Ministerio Público como el magistrado sostienen que el comisionista desempeñó el papel de "conseguidor" de la trama. Entre otras cosas, Aldama intermedió e hizo uso de sus contactos con Koldo y Ábalos para conseguir a otros de sus socios una licencia para operar en el sector de los hidrocarburos con la empresa Villafuel y poner en marcha un presunto fraude de más de 182 millones de euros a la Hacienda Pública.

Esto, sin embargo, se está siguiendo en el Juzgado de Instrucción Número 5, cuyo titular es el juez Santiago Pedraz. Según los investigadores, Ábalos intermedió en la obtención de dicha licencia y a cambio disfrutó de un chalet en La Alcaidesa, cuyas arras fueron abonadas a través de empresas tituladas por socios y testaferros de Víctor de Aldama.

Los agentes sostienen además que Aldama habría abonado a Koldo 10.000 euros mensuales en efectivo durante años y que estas cantidades se repartían con el exministro Ábalos. Respecto a los pagos, hay que recordar que el asesor del exdiputado socialista era el "hombre para todo", pues se hacía cargo también de abonar las pensiones alimenticias del entorno de Ábalos.

Asimismo, otra de las cuestiones a analizar es si, a cambio de dirigir los contratos de mascarillas por parte de Transportes –Puertos del Estado y Adif–, Interior y los gobiernos socialistas de Baleares y Canarias, Ábalos fue recompensado también con un alquiler con derecho a compra (que sin embargo no llegó a ejecutar) de un lujoso piso en el madrileño Paseo de la Castellana por un precio muy inferior al de mercado.

Como también si Aldama costeó de su bolsillo, a través de uno de sus socios, Alberto Escolano, el alquiler del ático en la Plaza de España donde estuvo viviendo Jesica Rodríguez, o las gestiones del comisionista para decantar el rescate de Air Europa por las que Ábalos disfrutó de un chalet vacacional en Marbella durante el verano de 2020 y costeado por la compañía; además de las efectuadas con Carlos Moreno, el entonces jefe de gabinete de María Jesús Montero en el Ministerio de Economía, para aplazar una deuda que su empresa Pilot Real Estate tenía también con la Agencia Tributaria.

Calendario de testigos

La Sala tomará declaración también de testigos, incluyendo a altos cargos y antiguos responsables de organismos públicos que participaron en la adjudicación de los contratos. Al margen de las ya nombradas para este martes, al día siguiente será el turno de representantes de compañías aéreas y ferroviarias, además de Claudia Montes y otros cargos relacionados con el entorno de Ábalos.

En los días posteriores —9, 13, 14, 15, 21, 22 y 23 de abril— comparecerán ante el Supremo la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, el expresidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo, el exdirector de Carreteras Javier Herrero –imputados ambos en la rama del «caso Koldo» que investiga el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno–, el ex CEO de Globalia Javier Hidalgo y del exgerente del PSOE Mariano Moreno Pavón. Los acusados no declararán hasta el final de la vista, el 28 de abril.

Por otro lado, el Tribunal Supremo ha aceptado que el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, declaren como testigos, aunque lo harán por escrito. Ambos estaban al frente de los gobiernos de Canarias y Baleares durante la pandemia, comunidades que también adquirieron mascarillas a la empresa relacionada con la trama. Sin embargo, dichos contratos no forman parte del objeto del juicio en el Supremo.

No lo podrán hacer, por contra, otros testigos que pretendían rehuir su presencia en el juicio escudándose en sus cargos, como el director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, o la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano.

Defensas y Fiscalía

La Fiscalía solicita para el extitular de Transportes una pena de 24 años de prisión y para Koldo García de 19 años y medio. Para Aldama pide, no obstante, una pena de 7 años de cárcel tras habérsele aplicado una atenuante simple de confesión.

El PP lidera la dirección letrada de las acusaciones populares después de que el magistrado de la causa, Leopoldo Puente, acordara su unificación. Pero también están Hazte Oír, la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) e Iustitia Europa.

Las defensas de Ábalos y Koldo defienden, en cambio, la inocencia de sus clientes y plantean la absolución, cuestionando además la credibilidad de Aldama. De hecho, la defensa de Koldo presentó la pasada semana un recurso para llevar el caso al Tribunal Constitucional. A su juicio, los contratos en la pandemia se rigieron por "criterios de estricta necesidad" y vincula el dinero en efectivo que manejó con gastos corrientes del PSOE.