El juicio a Ábalos por corrupción abre la «primavera negra» de Sánchez
La imagen de José Luis Ábalos en el banquillo del Tribunal Supremo (TS) en un juicio por corrupción mantendrá en vilo al Gobierno de Pedro Sánchez durante todo el mes de abril, inaugurando una «primavera negra» judicial para el jefe del Ejecutivo, que a finales de mayo verá también a su hermano David Sánchez ante un tribunal, mientras el juez Juan Carlos Peinado parece determinado a ultimar el cierre de la investigación a su esposa, Begoña Gómez, antes de su jubilación el próximo septiembre. Por si fuera poco, otro ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, continúa investigado en la Audiencia Nacional por el supuesto amaño de adjudicaciones a cambio de comisiones y las pesquisas, todavía secretas, por los pagos en metálico en Ferraz –con la sombra de una posible financiación ilegal– continúan adelante, como la investigación al expresidente de la SEPI Vicente Fernández, hombre de confianza de la ya exvicepresidenta María Jesús Montero, y a la «fontanera del PSOE» Leire Díez, también por supuestas adjudicaciones irregulares.
Ese «calvario judicial» al que alude machaconamente el PP para acorralar al líder del PSOE comienza ahora con el primer juicio del «caso Koldo», el que se centra en los contratos adjudicados a la empresa de la «trama», Soluciones de Gestión, para la compra de mascarillas en pandemia, según Anticorrupción por obra y gracia de Ábalos y su entonces asesor Koldo García.
Amaño de adjudicaciones
Ambos serán juzgados por cinco delitos junto al empresario Víctor de Aldama, que afronta una posible condena mucho más benévola –siete años de prisión frente a los 24 y 19 años y medio de cárcel, que la acusación popular eleva a 30, que la Fiscalía pide respectivamente para el exministro y su otrora mano derecha– porque la colaboración con la Justicia del comisionista permitió avanzar en la instrucción que terminó llevando a prisión provisional a Ábalos y Koldo García, como antes a Santos Cerdán, ahora en libertad e investigado junto a ambos en la Audiencia Nacional (tras perder el exministro su aforamiento).
El juicio permitirá, además, medir la lealtad de Ábalos al que fuera su partido ante una posible condena que prolongue su estancia en prisión, sobre todo tras escuchar de boca del hombre al que ayudó a retomar las riendas del PSOE en 2017 decir que para él era prácticamente un desconocido. Si tiene algún ventilador que accionar, será el momento de comprobarlo, abandonado como se siente por su antigua formación y sepultada ya su carrera política.
Una condena por corrupción del otrora «número tres» del PSOE por amañar adjudicaciones públicas supondría sin duda un duro revés para Ferraz y para el presidente del Gobierno, quien tuvo en Ábalos a una persona de su máxima confianza en el partido. Y supondría, además, munición electoral para el PP –al que también incomoda el juicio que ahora comienza a la excúpula de Interior, con el exministro Fernández Díaz en el banquillo, por el supuesto espionaje a Luis Bárcenas– en la (larga) recta final de la actual legislatura.
"Enchufe" de exparejas de Ábalos
El tribunal que preside Andrés Martínez Arrieta deberá dilucidar si hay indicios suficientes para condenar a los acusados por delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, malversación, tráfico de influencias y uso de información privilegiada. Y no solo por esas adjudicaciones bajo sospecha, sino también por el «enchufe» en empresas públicas –Ineco, Tragsatec y Logirail, todas ellas dependientes del ministerio de Transportes que dirigía Ábalos– de dos exparejas del entonces ministro, Jesica Rodríguez y la ex miss Asturias Claudia Montes.
Los siete magistrados tendrán que determinar en su sentencia si los acusados se repartieron comisiones por esas adjudicaciones que la Fiscalía Anticorrupción reputa irregulares y con las que la empresa de la presunta trama se embolsó 53 millones de euros (sin apenas trabajadores y ninguna experiencia en el sector sanitario). Y, también, si a cambio de dirigir esos contratos por parte de Transportes –Puertos del Estado y Adif–, Interior y los gobiernos socialistas de Baleares y Canarias, Ábalos fue recompensado con el disfrute de un chalet en La Línea de la Concepción (Cádiz) y de un alquiler también con derecho a compra (que sin embargo no llegó a ejecutar) de un lujoso piso en el madrileño Paseo de la Castellana por un precio muy inferior al de mercado. Como también si Aldama costeó de su bolsillo, a través de uno de sus socios, el alquiler del ático en la Plaza de España de la capital de España donde estuvo viviendo Jesica Rodríguez.
Asimismo, forman parte de los hechos objeto de acusación las gestiones de Aldama para decantar el rescate de Air Europa y las que llevó a cabo en los ministerios de Industria de Reyes Maroto –para la obtención de una licencia de hidrocarburos para la empresa Villafuel–. Como también las efectuadas con Carlos Moreno, el entonces jefe de gabinete de María Jesús Montero en el Ministerio de Economía, para frenar una reclamación tributaria.
Entregas de dinero en Dominicana
También están bajo la lupa judicial los certificados de movilidad en pandemia avalados por el Ministerio de Transportes de Ábalos en favor de determinadas personas (algunas de nacionalidad venezolana) por las que intercedió Koldo siguiendo órdenes de Aldama, y las entregas de dinero de Joseba García, hermano de Koldo, a un socio del comisionista en República Dominicana.
Aunque lo han intentado hasta el final, Ábalos y Koldo tendrán que acudir diariamente al juicio –que se prolongará previsiblemente hasta el próximo día 30– desde la prisión de Soto del Real (Madrid), dado que el tribunal rechazó dejarlos en libertad ante sus quejas por las secuelas físicas de los traslados en furgón y las trabas para preparar su defensa desde la cárcel.
A quienes no se verá por el Tribunal Supremo, pese a que estaban citados a declarar presencialmente como testigos, es al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, en la fecha de los hechos investigados al frente de los gobiernos autonómicos de Canarias y Baleares. Aunque las acusaciones han agitado durante la instrucción del «caso Koldo» en la Audiencia Nacional el espantajo de una posible imputación de ambos, Torres y Armengol salieron indemnes procesalmente de la investigación, y finalmente fueron citados como testigos.
Torres y Armengol, por escrito
Pero por razón de su cargo, los dos testificarán por escrito, con la venia del tribunal, sobre la posible influencia de Ábalos y Koldo en esas adjudicaciones. No lo podrán hacer, por contra, otros testigos que pretendían rehuir su presencia en el juicio escudándose en sus cargos, como el director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, o la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano.
El tribunal escuchará asimismo los testimonios de la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y el exdirector de Carreteras Javier Herrero –imputados ambos en la rama del «caso Koldo» que investiga el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno–, del ex CEO de Globalia Javier Hidalgo y del exgerente del PSOE Mariano Moreno Pavón.
Los tres acusados no declararán hasta el final de la vista, el 28 de abril. El primero, Aldama, a quien tanto Ábalos como Koldo ven más como otra acusación que como un compañero de banquillo. El exministro será el último en dar su versión, porque Koldo intento dar la batalla para declarar en último lugar pero terminó claudicando ante su antiguo jefe y la determinación del tribunal.