Un año de la "Ley Bolaños": entre el caos y la adaptación

Este 3 de abril se cumple el primer aniversario desde la entrada en vigor de la «Ley Bolaños» –llamada, formalmente, de medidas en materia de eficiencia del servicio público de Justicia– que transformó los antiguos juzgados unipersonales de instrucción en tribunales de instancia colegiados.

A su vez, introdujo la celebración de intentos de mediación, conciliación o negociación –denominados medios adecuados de solución de controversias (Masc)– como requisito previo y obligatorio en las jurisdicciones de civil y mercantil.

Tras un año, la mayoría de los actores judiciales consultados por LA RAZÓN aseguran que la reforma ha traído «caos» por la insuficiente dotación presupuestaria y de recursos humanos en su puesta en marcha.

Mientras que desde el Ministerio de Justicia reivindican puntos positivos y apelan a la necesidad de que, como toda modificación de calado que se ejecuta, precisa de tiempo para que la sociedad se encuentre con un sistema más ágil y efectivo.

Desde la principal asociación de jueces de nuestro país advierten a este diario de que ha traído una «desconexión» entre los magistrados y los funcionarios de la nuevas oficinas judiciales que «no es beneficiosa» para el usuario.

«Hay una sensación de que el ciudadano, ahora, no puede llegar al juez», explica Alejandro González, que es presidente del tribunal de instancia de Palma de Mallorca (Islas Baleares).

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) tiene claro que «la configuración de esta ley se ha hecho más para abaratar costes que para atender mejor a la ciudadanía». Según la agrupación mayoritaria de la Carrera judicial, sí que ha permitido que los procesos sean «más baratos» y se automatice más el trabajo.

Si bien, advierte, ha sido «a costa de los derechos de los ciudadanos». La APM asegura también que se está viendo que va a causar una mayor dilación en la tramitación de los procedimientos y lamenta que lo que no se va a volver a los tiempos que, antes de la «Ley Bolaños», necesitaba la Justicia para sacar adelante los asuntos.

La segunda asociación de la judicatura, la Francisco de Vitoria (AJFV), pone el foco en que se ha registrado un aumento de los «problemas informáticos» y que está siendo complicada la adaptación de aquellos funcionarios a los que se les «han cambiado de funciones».

En nombre de los «vitorinos», Francisco Cano, titular de un juzgado de Murcia, advierte que se está produciendo una implantación «distinta» en cada territorio y, como panorama general, no aprecian avances hacia una mejor Administración de Justicia.

La única agrupación de jueces considerada «progresista», Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), lamenta que desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no se hayan reformado los reglamentos para adaptarlos a un nuevo modelo que juzga, en líneas generales, de positivo.

Estos reglamentos son los que fijan cómo debe funcionar el sistema de guardias, la manera en que se deben conocer escritos y hasta las medidas cautelares. «No se han acomodado a la nueva regulación, pese a que han tenido un año de margen», critica su portavoz, Edmundo Rodríguez.

Por su parte, Foro Judicial Independiente (FJI), la cuarta de la Carrera, califica de «negativa» la forma en que se ha impuesto esta «Ley Bolaños». En lo que respecta a los jueces, cunde la sensación –declara FJI– de que ya «no tienen el control de los asuntos» y de que se vive un notable «descontrol» en el funcionamiento de las nuevas oficinas judiciales porque hasta a ellos «les cuesta saber con qué funcionario deben relacionarse» para abordar una determinada cuestión.

Como no hay «un diseño claro de organización», están observando que en cada instancia aplican «sus propias reglas». Además, Foro alerta de que en la práctica puede deteriorarse la independencia judicial porque ahora se ven sometidos a que el presidente del tribunal de instancia pueda quitarle un caso a un compañero para dárselo a otro, quedando diluido el principio de ordinalidad que determina la ley.

Fuentes del ministerio del socialista Félix Bolaños consultadas por LA RAZÓN sacan pecho de que la Ley de Eficiencia «ha demostrado su efectividad» y ha sido capaz de «reducir el número de asuntos que cada año llegan» a las sedes judiciales.

Tras un año en vigor, dicen que los litigios civiles y mercantiles han bajado alrededor de un 20 por ciento. Y, en las cuatro jurisdicciones (incluyéndose penal, social y contencioso-administrativo), el descenso ha sido en los últimos doce meses de alrededor de un 10 por ciento.

Respecto a la implantación del nuevo modelo de tribunales, las mencionadas fuentes del departamento ministerial niegan que se hayan producido «incidencias estructurales», tal y como –refieren– evidencian los informes que los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades trasladaron al CGPJ.

«No ha provocado demoras ni suspensiones», insisten, y aseveran que lo evidencia el hecho de que, desde el pasado enero, hayan crecido en más de un tres por ciento las vistas realizadas y, en un seis, las anotadas.

En lo que respecta a los fiscales, la Unión Progresista de Fiscales (UPF), avisa de que la experiencia en este último año demuestra que «las reformas organizativas por sí solas no generan eficiencia si no van acompañadas de medios personales y tecnológicos suficientes y reales».

Su portavoz, Félix Martín, también habla de escollos en la digitalización, tales como «problemas en la interoperabilidad de sistemas, escritorios virtuales con incidencias, expedientes que están parcialmente en papel o falta de homogeneización tecnológica entre territorios». Lo que deriva en una «mayor carga de trabajo» y no en un «ahorro real de tiempo».

En cuanto a los abogados, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) pone por delante que los Masc son para las causas de violencia y familia «un atajo» para el letrado que busque ralentizar su tramitación hasta en tres meses y, por tanto, «cronifica» situaciones tan delicadas como aquellas en las que hay una «violencia elevada» de por medio.

La vicedecana, Isabel Wilkens, denuncia a este periódico que lo mismo ocurre en los Masc con menores en los que, por ejemplo, si dos progenitores no quieren acordar su salida de un centro en que sufre bullying, la solución se queda en suspenso, y, mientras, hay sufrimiento. «En cuestiones tan sensibles de menores, que son de orden público, no puedes someterlas a un requisito de procedibilidad de manera previa».

El ICAM dice que ha supuesto «un roto» y puede ir contra nuestro marco constitucional. Señala, como prueba de ello, que el Tribunal Constitucional ya admitió a trámite, a finales de enero, una cuestión de inconstitucionalidad contra estos medios de solución de controversias en materia de familia que planteó la plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción de Valencia de Alcántara. En derecho internacional, apunta a serios problemas porque en ningún otro país existe la obligación de plantear un Masc.

Desde el Consejo General del Notariado celebran que la norma ha sido «muy positiva» porque «tiende a fomentar la cultura de la paz» a través de la resolución de los litigios con los Masc, «que se basan en el acuerdo de voluntades, en la solución propuesta por las partes».

En lo que les afecta, la presidenta, Concepción Pilar Barrio, reivindica que «reconoce y refuerza la labor de los notarios como mediadores» y ha servido para «ratificar el documento público notarial como elemento vertebrador de la ejecutividad de cualquier acuerdo alcanzado». «Como efecto secundario, descarga de trabajo a nuestros saturados tribunales».

"La ampliación de plazas solo la permite esta ley"

La fuentes del Ministerio de Justicia consultadas por LA RAZÓN sostienen que la Ley de Eficiencia «ha hecho posible la mayor ampliación de las Carreras judiciales y fiscal de nuestra historia».

Desde el entorno del equipo del ministro Félix Bolaños recuerdan que se han anunciado 500 nuevas plazas de jueces y otras 200 para la Fiscalía.

Con lo que, según estas fuentes, la actual plantilla judicial –que se sitúa en 5.876 plazas– crecerá. con ello, un 8,5 por ciento en un solo año y la de fiscales, por su parte, un 7,1 por ciento, pasando de 2.804 a 3.004 profesionales.

Defienden que esta «ampliación histórica» solo es posible con la nueva legislación, dado que permite crear una plaza de juez sin necesidad de instaurar un nuevo juzgado completo y con un coste de 100.000 euros.

Cuando con el anterior modelo, trasladan estas fuentes, suponía una inversión media de 500.000 euros. Se canalizará a través de una «macroconvocatoria» que incluirá 125 para el cuarto turno.