Editorial: Sin integridad no hay desarrollo: la advertencia ignorada en Costa Rica
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la que nuestro país es miembro desde 2021, acaba de recordarlo con claridad: “La integridad es un activo estratégico para los gobiernos y las empresas”. Además de ser componente esencial de las democracias, las protege “frente a la corrupción, el fraude y el mal uso de los recursos públicos”. De este modo, “favorece el crecimiento y la competencia justa, y mejora la confianza y la participación en las instituciones públicas”.
En síntesis, la integridad no solo es en extremo importante como valor, sino también como instrumento; no solo tiene dimensiones éticas, sino también utilitarias. La OCDE destaca que mejorar las normas para impulsarla y los mecanismos para implementarla permitirá “reforzar la protección de la toma de decisiones públicas y de los recursos frente a la corrupción” y, en particular, “frente a los riesgos vinculados al fraude, la contratación pública y el crimen organizado”.
Estos mensajes forman parte del informe Perspectivas de anticorrupción e integridad 2026, dado a conocer hace pocos días por la entidad. El detallado documento analiza tanto las regulaciones para impulsarla como su aplicación en los 37 países miembros y 25 asociados de la organización. Para ello, se centra en ocho categorías.
Costa Rica, al igual que el resto, ha avanzado más en el diseño normativo que en su cumplimiento. Nuestra mejora ha sido particularmente importante en dos parámetros: la prevención y manejo de los conflictos de interés en el sector público y el financiamiento político, donde superamos por mucho los promedios de los países miembros. En otros cuatro también mostramos un desempeño similar o superior: el marco estratégico general, la integridad judicial, la integridad de la fiscalía y el sistema disciplinario para los funcionarios públicos.
Sin embargo, tenemos muy preocupantes rezagos en la regulación del cabildeo o lobby, y en garantizar el acceso a la información pública. En la primera de estas categorías, apenas logramos un 20% de cumplimiento en regulación y cero en implementación, a enorme distancia del promedio OCDE, ya de por sí bajo, que es de 43% y 38%, respectivamente.
Podríamos estar mucho mejor si se hubiera aprobado un proyecto de ley para regular esa actividad, presentado por la fracción del Frente Amplio. Sin embargo, fue abortado en comisión en agosto pasado, luego de que la votación quedara empatada. Es inevitable, entonces, que exista vía libre en la materia, lo cual resta calidad e integridad al desarrollo de políticas públicas y a la lucha contra la corrupción.
Sobre acceso a la información, la situación es ligeramente mejor, pero aún mala. En 2024 se produjo un importante avance, cuando la Asamblea aprobó una Ley Marco de Acceso a la Información Pública, iniciativa del diputado socialcristiano Alejandro Pacheco, vigente desde el mes siguiente. En esencia, su articulado incorpora y sistematiza los criterios de la jurisprudencia garantista desarrollada por la Sala Constitucional a lo largo de varios años.
Gracias a ella, logramos alcanzar un 56% de los criterios normativos, pero aun así, estamos muy por debajo del promedio de los países de la OCDE (72%). En su implementación, bajamos a 46%, frente al 62% del resto. Una de las razones de estas diferencias es que aún el Poder Ejecutivo no ha reglamentado la ley, pese a que se le otorgó un plazo de seis meses para hacerlo. Este incumplimiento es inaceptable. Además, su articulado no contempla una agencia estatal independiente para velar por el cumplimiento de las disposiciones.
Los grandes e injustificados rezagos en la regulación del cabildeo y en la garantía eficaz de acceso a la información, debilitan gravemente el cumplimiento de un factor esencial para impulsar la probidad: la transparencia alrededor de los asuntos públicos. El índice de percepción de la corrupción 2025, dado a conocer por Transparencia Internacional en febrero pasado, nos trajo malas noticias al respecto.
La respetada organización no gubernamental analiza el desempeño de 182 países y los califica en una escala de 0 a 100. A mayor nota, mejor la situación nacional. En nuestro caso, apenas obtuvimos 56 puntos, dos menos que en la anterior medición, y descendimos al lugar 46 del ranking. En cambio, Uruguay, el país mejor posicionado de América Latina, llegó a 73 puntos y a la posición 17, por encima de Japón, el Reino Unido y Austria.
La tarea que tenemos por delante resulta evidente. Está demostrado de sobra, y la OCDE lo recuerda, que la probidad es factor de desarrollo. Para impulsarla, se necesitan adecuadas regulaciones y transparencia. Estas, a su vez, dependen, en su elaboración y aplicación, de un entorno democrático sólido, con instituciones que también lo sean. Conclusión evidente: la defensa y el mejoramiento de la democracia, además de importantes para la protección de derechos ciudadanos, son determinantes para impulsar progreso y bienestar.