El Constitucional prevé zanjar los últimos recursos contra la amnistía antes del verano
El Tribunal Constitucional se pronunciará antes del verano sobre los dos últimos recursos presentados contra la ley de amnistía, los interpuestos por los gobiernos autonómicos de Castilla-La Mancha y Extremadura, con lo que podría quedar definitivamente avalada la constitucionalidad de la norma.
Fuentes jurídicas, consultadas por Servimedia, apuntan a que ninguno de estos recursos prosperará, lo que consolidaría el respaldo del alto tribunal a una ley que ha sido la más recurrida en la historia democrática, con un total de 16 recursos de inconstitucionalidad y cuatro cuestiones adicionales.
La deliberación de estos recursos tendrá lugar en uno de los próximos plenos previstos antes del parón estival. El tribunal comenzó a resolver los recursos en junio de 2025, cuando abordó el presentado por el PP. Desde entonces, el debate sobre la ley ha evidenciado una división interna en el tribunal, con votaciones en bloques de seis magistrados progresistas frente a cuatro conservadores.
La primera sentencia estableció que la norma responde a un fin legítimo, explícito y razonable, descartando además que se trate de una autoamnistía. Este criterio ha servido de base para los fallos posteriores del TC.
En el caso del recurso del Gobierno de Aragón, el tribunal sí analizó la cuestión de la malversación, avalando su encaje constitucional, aunque sin anticipar el criterio que aplicará en los recursos de amparo.
Estos recursos, presentados por condenados y procesados en rebeldía —entre ellos el expresidente catalán Carles Puigdemont—, no serán abordados hasta que se resuelvan todos los recursos de inconstitucionalidad. Los recurrentes alegan vulneración de derechos fundamentales por la no aplicación de la amnistía al delito de malversación.
El Constitucional tampoco se pronunciará sobre este aspecto hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dicte sentencia sobre la norma.
En noviembre, el abogado general del TJUE, Dean Spielmann, ya avaló en sus conclusiones preliminares la legalidad de la ley, al considerar que no afecta a los intereses financieros de la Unión Europea ni constituye una autoamnistía, lo que podría anticipar un fallo favorable.