Erice (CGPJ) alerta de que la Ley contra la Violencia de Género aún no está aplicada en todos los extremos tras más de 20 años de su aprobación

La vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Esther Erice, ha advertido de que la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004 "todavía no está implementada totalmente en todos los extremos", más de dos décadas después de su aprobación.

En una entrevista a Europa Press, Erice ha subrayado que esta falta de desarrollo limita la eficacia de la respuesta frente a la violencia machista y ha reclamado que la norma se aplique "en su totalidad".

En este sentido, ha insistido en que la lucha contra la violencia de género no puede centrarse únicamente en el ámbito judicial o policial, ya que la ley contempla una intervención integral que implica también a servicios sanitarios, sociales y otros ámbitos clave.

Según ha explicado, estos sectores pueden detectar situaciones de riesgo antes de que lleguen a los tribunales y aportar información relevante para los procesos judiciales.

En esta línea, ha insistido en la importancia de registrar indicios de violencia en historias clínicas o sociales, ya que esos datos pueden convertirse posteriormente en pruebas judiciales. También ha planteado la necesidad de clarificar los límites entre la confidencialidad profesional y la obligación legal de comunicar situaciones de riesgo.

Seguimiento de reincidentes

Por otro lado, Erice, que también forma parte del Observatorio contra la violencia doméstica y de género de la misma institución, ha señalado que "no es posible" establecer un seguimiento específico de maltratadores reincidentes una vez han cumplido su condena, al no existir base jurídica para ello en el ordenamiento actual.

"Una vez que la persona ha cumplido su pena, no es posible (el seguimiento particular), porque nuestro ordenamiento jurídico y el de los países de nuestro entorno lo que sanciona son hechos y valora la peligrosidad, pero la peligrosidad no es determinante de que esta persona una vez cumplida su pena tenga ninguna otra medida de carácter jurisdiccional, salvo en el caso de prisión permanente revisable", ha asegurado.

No obstante, ha matizado que durante el proceso judicial y el cumplimiento de la pena sí existen mecanismos de control y actuación.

Estas declaraciones contrastan con la propuesta de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que abogó por reforzar el seguimiento de agresores reincidentes tras su puesta en libertad.

En este sentido, la vocal del CGPJ ha asegurado que mientras dura el procedimiento y el cumplimiento de la condena, "hay un margen de actuación". Si bien, ha destacado que, una vez que la persona ha cumplido su pena, "no es posible" hacerle un seguimiento.

Erice ha calificado de "muy duro" el inicio de 2026, con 14 mujeres y tres menores asesinados, aunque ha señalado que es pronto para extraer conclusiones sobre una tendencia anual.

Ha explicado que el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género está analizando los casos "uno a uno" para detectar fallos y posibles mejoras en el sistema.

Órdenes de alejamiento y medidas

Sobre la propuesta de Igualdad de fijar una distancia mínima en las órdenes de alejamiento, ha indicado que no existe una solución única válida para todos los casos, ya que depende del nivel de riesgo y de factores como la cobertura tecnológica de los dispositivos de control.

En esta línea, el CGPJ trabaja en un mapa de zonas con baja cobertura para mejorar la eficacia de estas medidas.

Finalmente, ha defendido reforzar el apoyo a los hijos de víctimas mortales de violencia de género hasta que alcancen independencia personal y profesional, y ha advertido de las dificultades que afrontan muchas mujeres para denunciar, especialmente cuando dependen económicamente de su agresor.

A su juicio, exigir una denuncia en determinadas circunstancias puede suponer "una heroicidad", lo que evidencia la necesidad de mejorar la cobertura social y económica.

Pese a ello, ha apuntado que existen indicadores "esperanzadores", como el descenso progresivo de víctimas mortales desde 2015, aunque ha insistido en que cada asesinato machista sigue siendo "un fracaso social".