España, Alemania, Italia, Portugal y Austria piden a la UE un impuesto a los beneficios extraordinarios de las energéticas
La guerra de Irán, como ya ocurrió con la de Ucrania, va a provocar una reacción fiscalizadora en España, aunque en este caso se han unido otros países. Así, los gobiernos de España, Alemania, Italia, Austria y Portugal han solicitado a la Comisión Europea la creación de un nuevo impuesto especial coordinado sobre los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas.
Según han explicado en una carta dirigida al comisario de Clima, Cero Emisiones Netas y Crecimiento Limpio, Wopke Hoekstra, el objetivo de esta tasa es reducir el impacto que está causando la subida el petróleo como consecuencia de la guerra de Irán. Firmada por el vicepresidente y ministro español de Economía, Carlos Cuerpo, y sus homólogos de Alemania, Italia, Austria y Portugal, justifican este gravamen como "una solución europea de este tipo actuaría como una señal para los ciudadanos de nuestros Estados miembros y para la economía en general, demostrando que estamos unidos y somos capaces de tomar medidas. También enviaría el mensaje claro de que quienes se benefician de las consecuencias de la guerra deben poner de su parte para aliviar la carga sobre el público general".
Los cinco países han tomado como precedente de la propuesta el acuerdo que adoptó la UE en 2022 para una aportación solidaria temporal de los Estados miembros por la inflación derivada de la invasión rusa de Ucrania. Ahora, proponen analizar un gravamen por los beneficios obtenidos en el extranjero por las multinacionales petroleras, aunque no ofrecen detalles sobre la cuantía ni el porcentaje que pretenden aplicar sobre estos beneficios extraordinarios ni sobre qué empresas recaería dicho impuesto.
Los precios del petróleo y el gas se han disparado desde el inicio del conflicto en Oriente Medio como consecuencia del cierre del Estrecho de Ormuz, por dónde pasa el 20% de tráfico de petróleo y gas mundial, lo que ha provocado un despegue en el precio de la energía como ya ocurrió en los primeros compases de la guerra en Ucrania. Hoekstra admitió esta semana que la Comisión Europea ya estaba considerando reactivar las medidas de crisis energética utilizadas en 2022, incluidas propuestas para limitar las tarifas de la red y los impuestos sobre la electricidad.
Otro países, como Bélgica, están tomando otras medidas fiscalizadoras extraordinarias. El Parlamento belga ha aprobado un impuesto sobre ganancias de capital -los beneficios obtenidos por la venta de acciones o bonos-. En concreto, el impuesto gravará los beneficios obtenidos por la compraventa de productos financieros a partir del 1 de enero con una tasa general del 10 %, aunque quedarán exonerados los primeros 10.000 euros, cifra que puede subir a los 15.000 euros si no se ha realizado otra venta en los últimos cinco años.
Más allá de este tipo general, el gravamen prevé una imposición progresiva para aquellos contribuyentes que tengan una participación "sustancial" en una sociedad (más de un 20 % de sus acciones). Para ellos, quedarán exentas las ganancias de hasta un millón de euros en un periodo de cinco años y el tipo de gravamen aumentará gradualmente desde el 1,25 % a partir de esa cifra y hasta el 10 % para beneficios superiores a los 10 millones. En cuanto a los instrumentos financieros afectados, el impuesto no sólo gravará las ganancias de capital derivadas de la compraventa de acciones, bonos o derivados, sino también de criptoactivos u oro.